Cuando, el 31 de julio de 2008, a las cinco de la madrugada, Alberto Donis dejó su hogar en Chiquimula, Guatemala, sabía que se disponía a iniciar uno de los viajes más peligrosos del mundo.
Al igual que cientos de miles de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que habían hecho ese mismo viaje, Alberto y tres de sus amigos metieron cuanto podían llevar en una pequeña mochila y emprendieron un largo viaje a través de México rumbo a Estados Unidos, donde confiaban en encontrar trabajo y ayudar a sus familias, allá en su país.
Lo que no sabían es que sus problemas empezarían tan pronto.
Esa misma noche, cuando cruzaban el estado de Chiapas, en el sur de México, un auto de la policía dio el alto al autobús en el que viajaban.
La anulación por parte del Tribunal Constitucional de Guatemala de la sentencia contra ex dictador José Efraín Ríos Montt es un golpe devastador para las víctimas.
“El fallo de este lunes es un golpe devastador para las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto”, ha declarado el investigador para Guatemala de Amnistía Internacional, Sebastián Elgueta.
No están claros los fundamentos jurídicos de esta decisión, ni se sabe con seguridad cómo el tribunal de primera instancia puede pulsar el botón de reiniciar para volver a un punto de mediados de abril. Lo que está claro es que la Corte de Constitucionalidad, con su sentencia, ha levantado unos obstáculos tremendos para poder hacer justicia y garantizar rendición de cuentas por un periodo desgarrador de la historia reciente de Guatemala.
Con la sentencia del 10 de mayo, el tribunal de primera instancia había transmitido el contundente mensaje de que no se tolerarían los crímenes cometidos contra miles de víctimas mayas. Ahora, la Corte de Constitucionalidad ha cuestionado ese mensaje y, con ello, ha puesto en peligro el derecho a obtener verdad, justicia y reparación en Guatemala.
En Jamaica, algunos hombres son tachados de delincuentes sólo por expresar su amor.
Los intentos de celebrar el Día del Orgullo en Kiev, la capital de Ucrania, se han topado una y otra vez con un muro debido a las amenazas, muy reales, de violencia y a que la fuerza policial no está dispuesta a proteger a los participantes.
Y en Sudáfrica, el odio homófobo desemboca con demasiada frecuencia en agresiones y homicidios que la policía no suele investigar.
El 17 de mayo, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo emprenderán acciones para poner de relieve la situación de los derechos humanos del colectivo LGBTI en estos tres países y mostrar su solidaridad.
Una joven de Eritrea describe cómo la alegría por la independencia de su país se vio ensombrecida por el control asfixiante del poder político, que sigue manteniendo a miles de personas encerradas.
“Regresamos a nuestro país, un lugar precioso, ya lo verás”, me dijeron mis padres. Fue en 1993, el año en que Eritrea, una pequeña nación del Cuerno de África, consiguió la independencia tras 30 años de lucha contra Etiopía.
Llegamos a la capital, Asmara, a principios de 1994. Fue un momento emocionante. Muchas familias que habían huido del conflicto y se habían establecido en el extranjero regresaban lentamente, en ocasiones tras 30 años de ausencia.
Detenido por solamente hablando en una protesta pacífica. Eso es lo que pasó al ex general venezolano, Antonio Rivero.
Fue detenido el 27 de abril tras ser convocado a una reunión con funcionarios del Ministerio del Interior en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Rivero lleva trece días –desde su detención el 27 de abril– en huelga de hambre para protestar contra su detención, que considera de motivación política.
Es un miembro del partido opositor venezolano Voluntad Popular, y fue un simpatizante del principal candidato de la oposición en las recientes elecciones presidenciales venezolanas. Leer el resto de esta entrada »
Una marcha para los derechos de las mujeres en Nicaragua. Photo por Grace Gonzalez for Amnesty International).
¿Qué harías si ella era tu madre, tu hermana o tu amiga? ¿Le dirías que ella debe hacer una acusación a la policía? O ¿le dirías que ella debe “resolver los problemas” con su marido para mantener la familia (los niños incluidos) unida?
En otras palabras, ¿querías que sea segura, o que permanezca en peligro de más abuso e incluso la muerte? Espero que le dirías que salga y llame a la policía.
Sin embargo, el derecho a presentar cargos en casos de violencia doméstica está en peligro. El año pasado, Nicaragua aprobó la Ley 779, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Una de las disposiciones claves de esta ley es que no permite que la mediación sustituye la sanción penal de los abusadores. Tracy Robinson, la Relator para los Derechos de la Mujer para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó la ley “un importante paso” adelante.
Ahora, Amnistía Internacional advierte que los opositores de la Ley 779 podrían anular esta disposición clave porque “rompe familias” — como si se crecen en un clima de violencia es bueno para los niños. Quieren permitir la mediación como una alternativa a la pena en casos de menos de cinco años de prisión. Hacerlo sólo contribuye a un clima de impunidad que dice a socios abusivos que su comportamiento es aceptable.
Si te importa el papel crucial de los defensores de los derechos humanos tanto como Amnistía Internacional, quieres saber la respuesta a esta pregunta. Longino Bacerra es el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión, C-Libre.
El 20 de abril, una llamada anónima le advirtió: “Tengo una campaña para matarte a vos, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a tus tíos, a tus amigos y a los amigos de tus amigos. Si están muertos los revivo y los vuelvo a matar, ¿oíste?”
La situación en Guantánamo ha llegado a un momento decisivo.
Desesperados después de una década de detención indefinida, al menos 100 detenidos están en huelga de hambre en protesta. Según los medios de comunicación, 21 de estos detenidos son alimentados a la fuerza a travéz de tubos nasales en contra de su voluntad.
“No quiero que estos individuos mueran…la prisión de Guantánamo no es necesario para proteger nuestro país. Es en contra de quienes somos…y tiene que terminar.” – el presidente Obama, el 30 de Abril de 2013
No es el momento para promesas. Es el momento para cumplirlas.
Las activistas de derechos de la mujer protestan en El Salvador para exigir el tratamiento médico que Beatriz necesita (crédito de foto: Amnistía Internacional)
El caso de Beatriz
Como ya has leido en este blog, Beatriz de El Salvador está embarazada de cuatro meses y medio y sufre de lupus y otras condiciones médicas que incluyen la enfermedad del riñon relacionada con el lupus. También sufrió complicaciones graves durante su embarazo previo que ponen en riesgo mayor su vida si el embarazo actual sigue adelante. Tres pruebas realizadas han confirmado que el feto es anencefálico (le falta gran parte del cerebro y el cráneo). Casi todos los bebés anencefálicos mueren antes del parto, o unas horas o días después de nacer.
Beatriz quiere vivir, y con el consejo de profesionales médicos, ha pedido un aborto terapéutico. Debido al hecho que el aborto en El Salvador está penalizado en todas las circunstancias, tuvo que pedir a la Corte Suprema la autorización legal para interrumpir el embarazo.
Presidente Obama y presidente Peña Nieto durante una reunion el 27 de noviembre de 2012. (JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)
El 2 de mayo de 2013 el Presidente Obama visitará México en su primera visita oficial con el Presidente Peña Nieto. Este es un buen momento para recordarles a ambos líderes sus promesas en materia de derechos humanos para que esta visita sea utilizada como una manera de mejorar el sistema entre ambos países.
El Presidente Peña Nieto prometió durante su campaña que de ser electo, terminaría con la violencia e impunidad. Esto, de una manera más efectiva que el Presidente Calderón. Sin embargo, irónicamente, durante la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México, en mayo de 2006 — más de 2,500 oficiales federales, la policía estatal y municipal, fueron desplegados en una operación para acabar con las protestas en Texcoco y San Salvador Atenco.
Amnistía Internacional es la organización de derechos humanos más grande del mundo y lucha por todos los derechos humanos incluyendo los derechos de la mujer, la abolición de la pena de muerte y los derechos del niño. Entérate más de nosotros en AmnestyUSA.org »