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Por Peter Drury, adjunto de investigación y campañas para Colombia, Amnistía Internacional,
 Miembros de la Comunidad de Paz durante la conmemoración de la matanza de febrero de 2005. (c) Amnistía Internacional Son las tres de la tarde en el centro de la localidad de San José de Apartadó; los golpes de las fichas de dominó resuenan sobre una mesa, los niños juegan al fútbol, dan vueltas a la plaza en bicicleta, juegan al parchís. Se oye un murmullo de voces, y el sonido de las ranas atraviesa esta noche tropical. Todo parece bastante tranquilo. Pero no es así.
Estamos en el año 1999 y estas personas permanecen levantadas toda la noche, sabiendo que en cualquier momento podrían sufrir un ataque de paramilitares que colaboran con las fuerzas armadas colombianas. Apenas unos meses antes, los paramilitares asaltaron la comunidad, mataron a al menos dos personas e hirieron a otros miembros de la comunidad. Tras este ataque, sus habitantes se turnan para hacer guardia durante la noche, listos para actuar si los paramilitares atacan de nuevo.
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Miles de activistas van a inundar de faxes al presidente de Colombia Juan Manuel Santos instándole a intensificar la protección de una comunidad que se encuentra al noroeste del país, cuando se cumplen siete años desde la masacre que se saldó con varios muertos, entre ellos cuatro menores de edad.
La “marea de faxes” organizada por Amnistía Internacional conmemora el aniversario del homicidio de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 2005 y pone de manifiesto las amenazas y ataques continuos que sufre la comunidad.
El 21 de febrero de 2005, los paramilitares, en una operación conjunta con las fuerzas armadas colombianas, asesinaron brutalmente al portavoz de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, y a otras siete personas, entre ellas cuatro menores de edad.
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La petición del Consejo de Seguridad de la ONU permite el acceso inmediato y sin restricciones de ayuda humanitaria a los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul.
El martes, el Consejo de Seguridad puso fin a meses de silencio sobre el conflicto con un comunicado de prensa dirigido al gobierno sudanés y al Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte (SPLM-N).
“Este llamamiento constituye un cambio alentador, necesario desde hace mucho, con respecto al silencio que se ha venido manteniendo sobre el bloqueo de Sudán a la ayuda humanitaria en Kordofán del Sur y Nilo Azul,” ha afirmado Renzo Pomi, representante de Amnistía Internacional ante la ONU.
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 En la ONU están teniendo lugar conversaciones previas a las negociaciones definitivas en torno a un Tratado global sobre el Comercio de Armas. © Dan Nguyen Las atrocidades que se están cometiendo en Siria vuelven, una vez más, a centrar la atención de la ONU, ya que hoy la alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay, informa a la Asamblea General sobre el empeoramiento de la situación actual en el país.
Sin embargo, en otro rincón del ingente complejo de la ONU en Nueva York el asunto que centra todas las miradas va más allá de la tragedia en Siria, pues forma parte de algo mucho más grande. El comercio global de armas, municiones y equipamiento relacionado avanza hacia una regulación apropiada: un Tratado sobre el Comercio de Armas.
En todo el mundo se han cometido graves abusos de derechos humanos mediante el uso de una gran variedad de armas. El saldo son cientos de miles de personas asesinadas, heridas, violadas y obligadas a abandonar sus hogares.
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 Las armas que se venden a Sudán son utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos en Darfur. © Private Las balas de fabricación china y los aviones comprados a Rusia son utilizados para seguir cometiendo violaciones graves de los derechos humanos en la región sudanesa de Darfur a pesar de un embargo de armas. Este comercio de armas destaca la necesidad urgente de fortalecer el embargo existente y de aprobar un tratado eficaz de comercio de armas.
El informe, Sudan: No end to violence in Darfur, documenta como China, Rusia y Bielorrusia siguen a suministrar armas a Sudán a pesar de pruebas persuasivas que las armas serán utilizadas contra civiles en Darfur. Los productos de exportación incluyen cantidades significantes de munición, helicópteros, aviones, misiles de tierra a aire y vehículos blindados.
Se estima que 70.000 personas fueron desplazadas del este de Darfur en 2011 durante una ráfaga de ataques motivados por la etnicidad contra la comunidad de Zaghawa y perpetrados por las fuerzas gubernamentales de Sudán y otras milicias.
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Las autoridades de migración de Cuba denegaron a la bloguera y activista Yoani Sánchez el permiso para salir del país. Ya son 19 las veces que las autoridades cubanas rechazan su petición para obtener la llamada “tarjeta blanca” y “violan” su derecho a entrar y salir del país.
Esta autora muy conocida de Generación Y fue invitada a dar un discurso el 10 de febrero en el estado de Bahía de Brasil durante el estreno de un documental sobre la libertad de expresión en Cuba y Honduras. Brasil ya había concedido el visado para entrar el país.
El presidente cubano Raúl Castro todavía no ha llevado a cabo los cambios de las políticas de migración prometidos como parte de una serie de reformas anunciadas en 2011.
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 Twitter sorprendió muchas personas la semana pasada cuando declaró su nueva política de quitar los tweets en ciertos países para acatar leyes nacionales.
Aunque un tweet puede ser visible en el resto del mundo , puede desaparecer en algunos países si los gobiernos de ellos lo piden.
Eso provocó una respuesta fuerte de la comunidad del internet. Muchos lo describieron como una forma de censura. El anuncio es muy preocupante:
Mientras seguimos a crecer internacionalmente, entraremos países que tienen ideas diferentes sobre los límites de la libertad de expresión… Hasta ahora la única manera por la cual podíamos tomar en cuenta los límites de estos países era quitar el contenido a través todo el mundo. Ahora, tenemos la habilidad de ocultar contenido a usuarios de un país específico y permitir que sea visto en otras partes del mundo.
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By Jeremy Bloom Campaigner, Central America Team,
 Norma Cruz Hace cinco días, lanzamos una acción nueva e emocionante – llamando a nuestros miembros e activistas en las redes sociales a enviar un fax a la Fiscal General de Guatemala de parte de la defensora de derechos humanos Norma Cruz.
Anoche, hablamos con Norma, dirigente de la organización de derechos de la mujer Fundación Sobrevivientes, quien ha recibido reiteradas amenazas de muerte por su labor de apoyo a las víctimas de la violencia contra la mujer y el enjuiciamiento de los responsables.
Y las noticias son buenas, parece que las autoridades realmente están prestando atención.
Norma nos dijo que el martes, recibió una llamada de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, para preguntar sobre su estado de seguridad actual. Dijeron que la habían llamado porque les había llegado información sobre la campaña de Amnistía Internacional – la campaña a la que todos ustedes han contribuido.
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Por Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar los resultados de un exhaustivo estudio sobre el aborto inducido.
Las conclusiones de dicho estudio confirman que miles de mujeres y niñas de todo el mundo mueren o sufren lesiones como consecuencia de que se les niegue el acceso a servicios de aborto legales y seguros.
El informe hace que me plantee la siguiente pregunta: ¿Cómo puede un Estado ignorar la desesperación de estas mujeres y niñas, así como la gravedad de las consecuencias que esto tiene en su salud y en sus vidas?
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Cuba | Publicado por Editores, January 23, 2012 a las 10:45 AM
 Otro preso de conciencia cubano, Orlando Zapata Tamayo, murió bajo custodia en febrero de 2010 por una huelga de hambre. © Getty Images La muerte bajo custodia de un preso de conciencia cubano tras una huelga de hambre es un trágico recordatorio de la intolerancia del gobierno de Raúl Castro con la disidencia.
Wilman Villar Mendoza, de 31 años, falleció esta mañana en el hospital Juan Bruno Zayas, de la ciudad de Santiago, al que había sido trasladado desde la cárcel el pasado 13 de enero por problemas de salud presuntamente ocasionados por la huelga de hambre que había iniciado para protestar por su juicio y encarcelamiento injustos.
Wilman estaba cumpliendo una condena de cuatro años de cárcel por cargos relacionados con su participación en una manifestación pública en contra del gobierno.
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