La asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, Donatella Rovera, ha regresado recientemente de la provincia siria de Idlib, donde habló con testigos de la represión brutal que se está ejerciendo en Siria.
“Los soldados se presentaron en nuestra casa y se llevaron a mi hijo. Luego, al asomarme a la ventana, ví que ponían a ocho jóvenes contra la pared, con las manos atadas a la espalda, y disparaban contra ellos. Después pusieron los cuerpos en una furgoneta y se marcharon.
No sé si estaban todos muertos o heridos. En ese momento no sabía que uno de ellos era mi hijo. Su cadáver apareció con varios más en una escuela situada no muy lejos de nuestra casa.”
Hace 26 años decidí estudiar periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Entré en el año de 1986 y me soñaba en los “grandes medios de comunicación” hablando con libertad, pero nunca me imaginé que hablar, escribir y contar la verdad de lo que pasa podría significar estar en la línea entre la vida y la muerte, si alguien que tiene poder en el país se siente afectado.
Las graves amenazas contra la libertad de expresión han venido en aumento en Honduras. Uno de los primeros asesinatos contra periodistas se produjo el 26 de noviembre de 2003, contra el periodista ambientalista German Rivas, del CMV Noticias, del canal 7, en el Occidente del país. Ocho meses antes había sido objeto de un atentado y la Fiscalía nunca investigó ni castigó a los responsables.
Si lees este blog con frecuencia, ya sabes la devastación causada por el vertido de petróleo en el delta del Níger y la resistencia de Shell Oil a tomar responsabilidad.
Nuevos datos obtenidos por Amnistía Internacional y el Centre for Environment, Human Rights and Development (CEHRD) arrojan luz sobre hechos interesantes. Shell subestimó dramáticamente los daños de un vertido en 2008 que resultó en la contaminación considerable de la tierra y el arroyo alrededor de Bodo, un pueblo de 69.000 personas en el delta del Níger.
Los vertidos, que derramaron petróleo por muchas semanas, han devastado la vida de miles de personas, han acabado con la habilidad de ganarse la vida, han limitado el acceso a la comida y el agua y han puesto en riesgo la salud.
Por Bridget Burrows, activista del Programa Regional sobre asentamientos precarios en África de Amnistía Internacional.
Desde Yamena hasta Harare, pasando por El Cairo, Accra, Port Harcourt y Nairobi, miles de habitantes de asentamientos precarios e informales y personas afectadas por desalojos forzosos se movilizaron entre el 17 y el 25 de marzo para pedir el fin de los desalojos forzosos en África, durante una semana de acción organizada por activistas defensores del derecho a la vivienda en colaboración con Amnistía Internacional y otras organizaciones locales asociadas.
Las activistas de las Jóvenes Afganas para un Cambio se manifestaron con pancartas que dijeron “¿Dónde está la justicia?” para denunciar la violencia contra mujeres en Kabul, Afganistán el 14 de abril de 2012.
A pesar de los pasos adelante para mejorar las circunstancias de las mujeres desde la caída del Talibán, exigimos más del gobierno afgano y la comunidad internacional.
Para colmo, las mujeres enfrentan la posibilidad de ser encarceladas por denunciar la violencia perpetrada contra ellas. El informe nuevo de Human Rights Watch dice que la detención de 400 mujeres y niñas en el país por “crímenes de moralidad”.
Me llamo Lhamo Tso y te escribo hoy para pedir que me ayudes a liberar a mi esposo, Dhondup Wangchen.
En 2008 Dhondup hizo una película que se llamaba “Dejar el miedo atrás” que documentaba las opiniones de los tibetanos la víspera de las Olimpiadas de Beijing. China fue galardonado las Olimpiadas prestigiosas con la esperanza de que la situación acerca de los derechos humanos mejoraría en Tibet y China.
Desafortunadamente, la represión en Tibet ha empeorado.
Los intentos de los tibetanos para reclamar sus derechos humanos son aplastados con frecuencia. Dhondup fue torturado y detenidosin acusación formal por casi un año y eventualmente fue condenado durante un juicio secreto a seis años en la cárcel por “fomentar el separatismo”.
El Senado federal de México debe aprobar rápidamente un proyecto de ley para proteger a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en un momento en que el grado de intimidación y el número de homicidios alcanzan unas terribles cotas.
En México, el panorama de agresiones, asesinatos y secuestros de periodistas por su trabajo es alarmante. Según los informes, en los últimos diez años al menos 60 periodistas fueron víctimas de homicidio, incluidos al menos nueve casos en 2011.
Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos también han sido agredidos, secuestrados, víctimas de homicidio y han sufrido continuas amenazas y actos de violencia.
Miles de manifestantes caminaron durante nueve días hasta la ciudad de Guatemala para exigir el fin de los desalojos forzosos para resolver los conflictos sobre tierras.
La marcha, de 215 kilómetros, se organizó para conmemorar el primer aniversario del desalojo forzoso de 12 comunidades indígenas en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz, en el norte del país. Comenzó en la ciudad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el 19 de marzo.
En la marcha participaron familias desalojadas, activistas campesinos y organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, y cada día se fueron sumando más personas en la caminata hacia el sur.
Las autoridades Mexicanas deben liberar de forma inmediata e incondicional a dos defensores indígenas de los derechos humanos que han estado injustamente detenidos desde hace dos años en Puebla y, por ello, son presos de conciencia.
José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.
Desde temprano hubo informes fidedignos en el sentido de que el auto nunca fue robado y en realidad había sido abandonado por el hijo del denunciante y resguardado en la comandancia policial en Pahuatlán antes de ser devuelto. Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público.
Las comunidades que viven a lo largo de la frontera EEUU-México, particularmente latinos, individuos percibidos como de origen latino y comunidades indígenas, están afectadas desproporcionadamente por un rango de medidas de control de inmigración, lo que resulta en un patrón de violaciones de los derechos humanos.
Entre los varios hallazgos, el informe ilustra que Estados Unidos está fracasando en sus obligaciones de respetar los derechos de los inmigrantes a la vida, asegurar el acceso a la justicia para los inmigrantes sobrevivientes de crímenes, particularmente mujeres y niños, y reconocer los derechos de cruzar la frontera de las comunidades indígenas.
Aminstía Internacional trabaja para proteger los derechos humanos por todo el mundo. Tenemos más de 2,2 millones de partidarios, activistas y voluntarios en más de 150 países y somos completamente independiente de los intereses gubernamentales, corporativos o nacionales. Entérate más de nosotros en AmnestyUSA.org »
Si lees este blog con frecuencia, ya sabes 
Las comunidades que viven a lo largo de la frontera EEUU-México, particularmente latinos, individuos percibidos como de origen latino y comunidades indígenas, están afectadas desproporcionadamente por un rango de medidas de control de inmigración, lo que resulta en un patrón de violaciones de los derechos humanos.
