El nexo entre las violaciones de derechos humanos y el secretismo del gobierno es muy conocido. El abuso de los seres humanos crece donde no hay supervisión ni rendición de cuentas. Y el uso desmesurado de palabras como “la seguridad nacional” o “el terrorismo” para justificar el secretismo es muy conocido también.

Así que no me sorprende que el estado de Georgia, al rechazar todo pedido para revelar incluso información bien conocida sobre sus procedimientos de inyección letal, haya declarado de una manera descabellada que tal revelación podría “comprometer la seguridad contra el sabotaje, los actos terroristas o criminales”. Hace unos meses se declaró algo semejantemente absurdo en Texas, pero afortunadamente, y en su favor, la fiscal general de Texas denegó estas tonterías. También se debe denegar la postura ridícula de Georgia.

Otros estados y países han tratado de ocultar la información de ejecución, pero para asegurar que una democracia funcione, los ciudadanos tienen que prestar atención a lo que el gobierno hace. Deberá ocurrir sin necesidad a decirlo que el asesinato de los prisioneros deberá ser sometido al escrutinio del público.

La ejecución de Emanuel Hammond será el 25 de enero, y desde noviembre sus abogados han tratado de conseguir información sobre las drogas que se usarán para matarlo. El rechazo del estado de cumplir con esta solicitud, y su razón ridícula para rechazarlo, es un insulto al derecho del público a saber lo que hace el gobierno en su nombre.

Etiquetas: death penalty, Texas, United States

Esta entrada se publicó el Friday, January 21st, 2011 a las 5:14 pm horas y está guardada bajo Estados Unidos, Pena de Muerte. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Puedes dejar un comentario, o enviar un trackback desde tu propio sitio.