Hace cuatro años desde que Amnistía Internacional publicó su primer informe sobre el caso de Troy Davis. En el curso de este tiempo, tres estados – Nueva Jersey, Nuevo México y Illinois – han abolido la pena de muerte y 17 hombres han sido exonerados de la pena de muerte.

Pero desafortunadamente, Troy Davis todavía permanece en riesgo de ejecución. No podía demostrar su inocencia con el estándar que la corte requería, pero el estado de Georgia todavía no puede despejar las dudas sobre su culpabilidad.

Es cierto que nuestro sistema de justicia criminal no es perfecto y no se pueden resolver todos los problemas. También es interesante que los tres gobernadores que han firmado leyes de abolición desde 2007 dijeron que esta imperfección fue la razón principal por eliminar la pena de muerte en su estado.

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Ayer la DEA se incautó del suministro en Georgia de tiopentato de sodio, el anestésico que la mayoría de los estados utilizan como la primera droga en un cóctel de tres drogas para ejecutar a los prisioneros, con la razón que tenía “preguntas sobre cómo se importó la droga a los Estados Unidos.”

Los estados han importado tiopentato de sodio porque el único fabricante aprobado por la FDA en los Estados Unidos, Hospira, ha dejado de producirlo por preocupaciones a respecto a su uso en ejecuciones. Georgia, Arizona, Arkansas, California y Tennessee han importado esta droga por fuentes sin aprobación del FDA en el Reino Unido, y Nebraska ha obtenido una cantidad grande  mediante una fuente sin aprobación en India.

Los abogados en Georgia se han quejado que esta droga viniera de un “suministrador que no es trigo limpio y opera desde el trasero de una autoescuela en Inglaterra”. Expresaron estas preocupaciones antes de la ejecución de Emmanuel Hammond en enero, y aunque las cortes las ignoraron, fueron escuchadas por la DEA.

Fuera de Estados Unidos, la empresa suiza responsable por la versión genérica de tiopentato de sodio recientemente anunció su intención de prevenir que se use su droga en ejecuciones. Y la empresa danesa Lundbeck, fabricante de pentobarbital, la droga alternativa actualmente en uso por Oklahoma y Ohio, también objetó al uso de su producto en la ejecución de prisioneros.

El problema fundamental es el siguiente: llevando a cabo ejecuciones con drogas originariamente fabricadas con la intención de curar es un abuso de la ética médica ni que hablar de los derechos humanos. Estados como Georgia que andan sigilosamente en las tinieblas para evitar las reglas a respecto a la importación de drogas sólo hacen la situación aún peor.

El gobernador de Illinois Pat Quinn (Foto por Scott Olson/Getty Images)

Hoy, con la firma del gobernador Pat Quinn, Illinois llegó a ser el decimosexto estado en abolir la pena de muerte, convirtiéndose en el tercer estado en cuatro años en hacerlo. El gobernador también conmutó la sentencia de 15 hombres que se encuentran actualmente en el pabellón de la muerte. Junto al gobernador Quinn, el senador estatal Kwame Raoul y  la representante estatal Karen Yarbrough desempeñaron un papel estratégico en hacer realidad la abolición de la pena de muerte en Illinois. Por favor dedica un momento para agradecerles por su liderazgo.

Ningún estado se ha esforzado tanto por “arreglar su fallido sistema de pena de muerte” como Illinois. En enero de 2000 Se estableció un  moratorio de 10 anos en las ejecuciones, y desde aquel momento varias comisiones han tratado de resolver el problema de imponer un castigo irreversible en un sistema propenso a cometer errores. Después de una década de intentos, los políticos de Illinois concluyeron en abolir esta medida – la pena de muerte en Illinois nunca podrá ser reparada. El sistema siempre será propenso a cometer errores y la pena de muerte siempre será irreversible.

Así que hicieron lo correcto y en verdad lo lógico. Abolieron la pena de muerte. Personas en otros estados donde las fallas de la pena de muerte son aún más claras deben seguir el ejemplo de Illinois. La realidad en Illinois es igualmente real en Connecticut, Maryland, Montana, o de hecho en cualquier estado que todavía emplee la pena de muerte. El peligro de ejecutar a los inocentes no será eliminado, siempre  habrá un desvío de recursos de las medidas de prevención del crimen y el sufrimiento de las familias de las víctimas en curso del proceso penoso siempre será severo e innecesario.

La experiencia de Illinois ha demostrado que la pena de muerte no funciona por razones prácticas y morales. Es un castigo irreversible en un mundo imperfecto, un castigo cruel y degradante en un mundo donde deberíamos esforzarnos por respetar y promover la dignidad humana. Al rechazar la pena de muerte Illinois se ha liberado de este experimento fallido y ha logrado una enorme victoria para los derechos humanos.

Por una margen de 26 a 24 el Senado de Montano votó por revocar la pena de muerte. Veintidós demócratas y cuatro republicanos votaron por la medida (SB 185) y ahora procede a la Cámara de Representantes. Ésta es la segunda sesión legislativa en que el Senado de Montana ha refrendado la revocación.

Este año ya se ha aprobado un proyecto de ley para la abolición en Illinois donde necesita más acción por parte del gobernador. Se han sido presentados otros proyectos de ley similares a través todo el país en Maryland, Connecticut, Kansas, y Washington.

La abolición ha llegado a ser más atractiva para los legisladores estatales en años recientes debido a la mayor conciencia del precio financiero exorbitante, el peligro de ejecutar a los inocentes y el costo penoso que el proceso de la pena de muerte tiene para las familias de las víctimas.

El nexo entre las violaciones de derechos humanos y el secretismo del gobierno es muy conocido. El abuso de los seres humanos crece donde no hay supervisión ni rendición de cuentas. Y el uso desmesurado de palabras como “la seguridad nacional” o “el terrorismo” para justificar el secretismo es muy conocido también.

Así que no me sorprende que el estado de Georgia, al rechazar todo pedido para revelar incluso información bien conocida sobre sus procedimientos de inyección letal, haya declarado de una manera descabellada que tal revelación podría “comprometer la seguridad contra el sabotaje, los actos terroristas o criminales”. Hace unos meses se declaró algo semejantemente absurdo en Texas, pero afortunadamente, y en su favor, la fiscal general de Texas denegó estas tonterías. También se debe denegar la postura ridícula de Georgia.

Otros estados y países han tratado de ocultar la información de ejecución, pero para asegurar que una democracia funcione, los ciudadanos tienen que prestar atención a lo que el gobierno hace. Deberá ocurrir sin necesidad a decirlo que el asesinato de los prisioneros deberá ser sometido al escrutinio del público.

La ejecución de Emanuel Hammond será el 25 de enero, y desde noviembre sus abogados han tratado de conseguir información sobre las drogas que se usarán para matarlo. El rechazo del estado de cumplir con esta solicitud, y su razón ridícula para rechazarlo, es un insulto al derecho del público a saber lo que hace el gobierno en su nombre.

En un desarrollo bastante dramático en Virginia, un proyecto de ley para ampliar la pena de muerte para los cómplices (los que en realidad no aprietan el gatillo) fue derrotado en un comité del Senado. Con un nuevo gobernador ansioso por firmar la ley, se esperaba que el proyecto se pasara, a pesar de que esa ampliación habría aumentado considerablemente el riesgo de condenas injustas y ejecuciones injustas.

El drama se produjo cuando el ex verdugo de Virginia, Jerry Givens, quien tomó parte en 62 ejecuciones, testifico en contra del proyecto de ley. Givens dijo a la comisión lo traumático que es el  proceso de ejecución para los alistados para participar. Después, le dijo al Washington Post: “La gente que pasa estas leyes, no tienen necesidad de hacerlo. La gente que hace las ejecuciones, ellos son los que sufren las consecuencias”.

Apoyo a la pena de muerte suele ser inversamente proporcional a las distancias de las realidades del proceso. Los que tienen experiencia ven de primera mano lo traumático y degradante que puede ser, mientras que las personas fuera del marco, aclaman más ejecuciones,  cómodos sabiendo que nunca tendrán que tratar directamente con las consecuencias desagradables.

La semana pasada, el sobrino de Troy Davis, Antone’ De’Juan Davis-Correia, apareció en un segmento en un par de estaciones locales de televisión Savannah (WJCL y Fox 28).

A los 15 años, ha estado viajando por todo el país, y de hecho en todo el mundo, hablando en nombre de su tío y en contra de la pena de muerte. A su corta edad, se ha convertido en una voz poderosa, tanto en apoyo de su familia y para la causa de los derechos humanos.

El Savannah Morning News presento un segmento sobre los últimos avances en los preparativos para la audiencia de pruebas Troy Davis la semana pasada. Según este informe, los abogados de Davis están buscando información de los archivos de la policía de Savannah, nunca antes publicados, a pesar de las solicitudes anteriores de Ley de Registros Abiertos, que sostienen respaldan sus alegaciones de inocencia. El estado tiene hasta el 12 de febrero para responder, momento en el cual el juez que supervisa la audiencia se decidirá si los archivos deben ser entregados.

No se ha fijado fecha para la audiencia real.

En un tono más sombrío, hay informes preocupantes que las autoridades del estado de Georgia con respecto a la pena de muerte, han establecido medidas inusualmente duras que afectan tanto a los reclusos, como a sus familias, visitantes y miembros del clero, a raíz de dos recientes muertes, no causadas por ejecuciones. Georgianos por Alternativas a la Pena de Muerte (GFADP) tiene más información, y una acción que puede tomar para abordar estas políticas equivocadas y contraproducentes.

El año pasado terminó con la noticia de un récord sorprendente del numero de condenas a muerte más bajo, y de acuerdo con el New York  Times, con la decisión adoptada por el Instituto de Derecho de América de renunciar a tratar de arreglar nuestro sistema roto la pena capital. El Instituto, una colección de miles de jueces, abogados y profesores de derecho, es muy influyente, ya que crea modelo de los códigos penales que a menudo sirven como base para las leyes de la vida real en que vivimos.

El Instituto creó el “moderno” sistema de pena de muerte que la Corte Suprema de EE.UU. aprobó en 1976. Sin embargo, un informe detallado de los factores con los cuales ya estamos demasiado familiarizados – el prejuicio racial persistente, la defensa inadecuada, condenas injustas, y un poder judicial politizado – causó a que el Instituto votara para abandonar la pena capital, alegando “… difíciles obstáculos institucionales y estructurales para garantizar un mínimo sistema adecuado de administración de la pena capital. ”

Esto no significa que la pena de muerte en los EE.UU. pronto dejará de existir; el análisis deliberado y reflexivo del Instituto de Derecho de América no tendrá un impacto inmediato en los estados donde matar prisioneros es la rutina, sin pensarlo dos veces.

Las ejecuciones continuaran. Tres, de hecho, se producirán el jueves. Aunque los sospechosos habituales, Texas y Ohio, planean ejecutar a Kenneth Mosley y a Vernon Smith (alias Abdullah Sharif Kaazim Mahdi), Louisiana también tiene una ejecución prevista para ese día – la primera en casi 8 años. Gerald Bordelon se ha “voluntariamente” elegido ser ejecutado. Al día siguiente, el 8 de enero, en Carolina del Sur se ejecutará a Quincy Allen. Él, también, es “voluntario”, y ha pedido ser condenado a muerte por electrocución. El Estado complacerá su petición.

Un día antes de que el presidente Obama piense anunciar los planes para la escalada de los despliegues de tropas en Afganistán, la Corte Suprema de EE.UU. emitió un fallo importante sobre los veteranos que regresan abrumados por el trauma de combate.

El Tribunal de Justicia el lunes envió el caso de pena de muerte de George Porter de nuevo al estado de la Florida para re-sentencia, sin preocuparse de celebrar una audiencia. El orden de 15 páginas ofreció un apasionado de normas (por la Corte Suprema) en honor de servicio de Porter en la Guerra de Corea y un reconocimiento compasivo de los efectos debilitantes de los traumas posteriores que sufrió. Los jueces dictaminaron que el abogado del portero estaba constitucionalmente deficiente por no proveer al jurado con información sobre el servicio militar de Porter y los graves consecuencias para la salud mental que siguieron. 

Un jurado razonable, el Tribunal llegó a la conclusión que es probable que recomendaría una sentencia de (more…)

Escrito por: Brian Evans, Amnistía Internacional EE.UU

Ayer 29 de junio, en el último día de trabajo antes de las vacaciones de verano, la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. aplazó la revisión del caso de Troy Anthony Davis hasta septiembre de este año. Como Amnistía Internacional ha señalado reiteradamente, Davis fue condenado a muerte por el asesinato de de un policía en Savannah en 1989, con ausencia de cualquier evidencia física en su contra, y una condena basada únicamente en el testimonio de 9 testigos. Desde el juicio, siete de los nueve testigos han retractado sus declaraciones o las han cambiado. Además, existen nueve declaraciones juradas que implican a uno de los otros dos testigos en el asesinato. Dudas sobre la imparcialidad de la sentencia han surgido incluso entre los miembros del jurado en el caso de Troy Davis, que dieciocho años atrás condenaron a muerte por unanimidad.

La decisión de la Corte (o la “no decisión”) viene en medio de una oleada de activismo local en Savannah, donde los ciudadanos están exigiendo que el nuevo Fiscal del Distrito Larry Chisolm, reabra el caso debido a las grandes dudas acerca de la responsabilidad de Troy Davis en el delito. La decisión de “no decidir” también es importante, ya que puede demostrar que al menos algunos magistrados del Tribunal Supremo están preocupados acerca de la posibilidad que los tribunales inferiores no están otorgando la revisión suficiente a reclamos y pruebas substanciales de inocencia. (more…)