Brad Will ©AI

Esta semana es el aniversario de la muerte de Brad Will, un vídeo periodista de EE.UU. que fue baleado y acecinado en México el 27 de octubre de 2006. Cuando fue asesinado, Bradley Roland Will estaba en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México. Estaba filmando un enfrentamiento entre miembros de un movimiento de protesta local (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APPO) y los partidarios y funcionarios del partido en el gobierno local. Tres años después, Amnistía Internacional cree que la verdad sobre la muerte de Brad Will aún no ha salido. Juan Manuel Martínez, un simpatizante de la APPO, ha sido detenido en prisión preventiva desde octubre de 2008 por el asesinato de Will. Sin embargo, los expertos de Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han concluido que Will no fue baleado a quemarropa, y se dice que Martínez estuvo de pie junto a él cuando se produjo el tiroteo. Amnistía Internacional cree que las pruebas contra Martínez son defectuosas y que lo están usando como excusa para tener a alguien a quien culpar. (more…)

Hoy Amnistía Internacional se enteró tristemente  de la muerte de Felipe Arreaga, activista medioambiental de  Petatlán, Guerrero, en México. Arreaga, fundador de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán (OCESP), murió el pasado miércoles por la mañana 16 de septiembre, después de ser golpeado por un mini bus mientras viajaba por la carretera nacional que conecta Acapulco y Zihuatanejo.

Felipe Arreaga in Guerrero. © Monica Campbell

En el 2004, Amnistía Internacional adoptó a Felipe Arreaga como preso de conciencia, misionando acciones urgentes y iniciando otros labores en su nombre. El 3 de noviembre de 2004, Felipe fue detenido y acusado injustamente de un asesinato cometido en 1998. Durante su detención (more…)

Jacinta Francisco Marcial, presa de conciencia y madre de seis hijos, fue acusada falsamente en 2006 del secuestro de seis agentes federales, ha sido puesta en libertad tras cumplir tres años de prisión en México. Amnistía Internacional presionó para su liberación después de concluir que no había pruebas en su contra y que había sido arrestada, juzgada y condenada porque era pobre y del patrimonio indígena.

Su liberación plantea serias dudas sobre la fiabilidad de los argumentos de la acusación completa y pone de relieve deficiencias claras en la investigación. Amnistía Internacional pide una revisión completa en su procesamiento carece de fundamento y por ella para recibir una indemnización completa por el encarcelamiento injusto e ilícito.

Usted puede leer el comunicado de prensa completo aquí. Vea más información sobre la historia de Jacinta en sus propias palabras en esta entrevista realizada el pasado 29 de junio:

Amnistía Internacional le instó al Congreso de los EE.UU. que honren el compromiso establecido de retener el 15% de la financiación de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El gobierno mexicano no ha podido progresar lo suficiente en la investigación y el enjuiciamiento de los abusos de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. Según el Washington Post, el senador Leahy, presidente del subcomité de Asignaciones del Senado de operaciones extranjeras, es muy consciente de la grave situación de los derechos humanos en México, y no tiene la intención de permitir el avance de la transferencia de los fondos si las cosas no mejoran.

La Iniciativa Mérida es un programa de seguridad, cooperación y asistencia a través del cual los EE.UU. le ofrecen a México y a Centroamérica el equipo, la capacitación y asistencia técnica, en función de apoyar las operaciones de aplicación de la ley. En junio de 2008, el Congreso de los EE.UU. estableció que el 15% de los fondos a ser prestados por los EE.UU. a México en el contexto de la Iniciativa Mérida deben estar sujetos a las condiciones fundamentales de derechos humanos, incluyendo:

• Violaciones a los derechos humanos perpetrados por personal militar y de la policía para ser investigados, procesados y juzgados por fiscales y jueces civiles;
• Las confesiones obtenidas bajo tortura o malos tratos no debe utilizarse en el sistema de justicia;
• La sociedad civil que se consulta periódicamente a hacer recomendaciones sobre el cumplimiento de la Iniciativa Mérida;
• Mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de la policía, y el establecimiento de un mecanismo independiente para denunciar los abusos.

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Ilham Tohti, editor del sitio web Uighur Online y profesor de Economía en la Universidad Central de las Nacionalidades de la capital china, Pekín, lleva detenido desde el 8 de julio en régimen de incomunicación,  por las autoridades Chinas. Fue interrogado después de poner artículos en el sitio de web en específico por un comentario personal sobre un conflicto entre los miembros del grupo étnico de la mayoridad Han y los Uighurs, un grupo de la minoridad, en la provincia de Guangdong el 26 de junio.

El caso de Ilham Tohti no es aislado. Aunque las autoridades en la Región Autónoma de Xingjiang Uighur (XUAR) en el norte oeste de China han creado un centro para medios de comunicación y por ende para los periodistas en Urumqi, todavía estos mismos periodistas fueron oprimidos- por la policía o por la gente en las calles- de reportar libremente en el XUAR.

 Un periodista del New York Times  describió como algunos guías turísticos en Kashgar le negaron ayuda para orientarse en la ciudad, y como algunos traductores se rehusaron a traducir ciertas conversaciones temiendo repercusiones. Esta claro que las autoridades Chinas tienen miedo de cualquier cosa que las personas en Kashgar le puedan decir a los periodistas, pero lo peor es que los residentes en el XUAR tienen miedo de expresar sus opiniones por las acciones opresivas de estas autoridades.

Todo este temor y la represión pueden impedir una investigación independiente e imparcial de los eventos del mes pasado en Xinjiang, e impide también los juicios abiertos y justos para los que fueron detenidos.

La presión internacional contra las autoridades del Perú ha traído algunos avances para la resolución del conflicto en que se encuentran los Pueblos Indígenas peruanos en la Amazonía. Una delegación de Amnistía Internacional visitará el país para evaluar la situación.

Dado a los incidentes violentos que ocurrieron en Bagua, en la Amazonía peruana entre el 5 y el 6 de junio, las autoridades han tomado algunas medidas para establecer un diálogo con los pueblos indígenas. Estas medidas también abren paso para investigaciones sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de al menos 14 policías oficiales y 10 manifestantes. Sin embargo, inquietud sobre las denuncias de uso excesivo de fuerza, tortura, los malos tratos de los detenidos, y la falta de asistencia jurídica, persiste.

Una delegación de Amnistía Internacional visitará el Perú entre el 12 y el 25 de julio con el fin de evaluar la situación actual y nuevos desarrollos. Nueva información y estrategias de acción se distribuirán después de la misión.

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