La situación en la ciudad de Juárez es únicamente horrible.  Artículos aparecen en varios periódicos, tanto en inglés como en español, junto con las Acciones Urgentes de Amnistía Internacional, revelando cada vez más detalles de la gravedad de la situación en Juárez, que comparte la frontera con El Paso, Texas.  La ciudad de Juárez es una de las más peligrosas en México, donde la violencia sigue tomando nuevas formas, matando y amenazando incontables mujeres inocentes.

Según Amnistía Internacional, más que 450 mujeres y niñas han sido asesinadas desde 1993. El número elevado de mujeres que sigue siendo secuestradas, asesinadas, violadas y desaparecidas, mientras que las madres no se vuelven a saber más de ellas, sigue empeorando sin justicia.  Es por eso que se formó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, constituida por familiares y amistades que luchan por la justicia.

Según Nuestras Hijas de Regreso a Casa, existe un debate acerca de la terminología correcta para referir a esta situación horroroso, algunos dicen femicidio y otros feminicidio (para leer más, puede visitar: Nuestras Hijas de Regreso a Casa).  En mi opinión, realmente es las dos cosas, sin embargo, lo que importa es que los crimines siguen impunes y tenemos que luchar para estas mujeres.

La respuesta del gobierno mexicano ha sido inadecuada ya hace más de quince años, y por fin, tres mujeres valientes, las madres de las mujeres víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez, fueron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Santiago de Chile.

Las voces de Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, las madres de las víctimas encontradas muertas en el Campo Algodonero en Ciudad Juárez el 6 y 7 de noviembre de 2001 junto con los cuerpos de cinco otras jóvenes mujeres, por fin fueron oídas, lo cual marcó la primera vez que se juzgó a México por feminicidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, “Los representantes de la Comisión solicitaron a los siete jueces de la Corte declarar al Estado de México responsable de violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana, en la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará,” y según The Santiago Times, la Corte examinará las declaraciones y documentos del gobierno de México entre el 1 de junio y noviembre de 2009, y hará su sentencia en noviembre.

El hecho de que los casos de las tres mujeres víctimas, Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, tres de muchas más, se hizo público ante el Corte Interamericana de Derecho Humanos es un paso en la dirección correcta.  Sin embargo la violencia extrema contra las mujeres sigue y la lucha continúa.  Mujeres sigue siendo asesinadas, violadas y desaparecidas, muchas veces por causa de tratar de hacer una diferencia.  La situación realmente es chocante y es imprescindible que cambie.

Cruz negra en Cd. Juárez, México, en memoria de las más de 400 mujeres asesinadas y desaparecidas en Cd. Juárez y Chihuahua, México. © AFP.

Es hora de la justicia en Guatemala y debemos tomar medidas ahora. El conflicto armado interno de Guatemala terminó hace más de una década con una cantidad enorme de personas desaparecidas, asesinadas, violadas y torturadas. A pesar de los esfuerzos continuos en muchos frentes, y las promesas por el gobierno, la justicia aún no se ha entregado y las promesas siguen sin cumplirse. El genocidio dejó cientos de miles de muertos, la mayoría siendo de poblaciones indígenas que ya eran víctimas de discriminación y vulnerabilidad extrema. Archivos militares de Guatemala, que contienen información crucial en relación con las atrocidades que tuvieron lugar entre 1960 y 1996, fueron descubiertas en 2005 por los miembros de la oficina de Derechos Humanos de la Nación y sólo recientemente han comenzado a ser puestos a disposición del público.

Según el diario The Washington Post, estos archivos se han escondido en un almacén por la policía nacional y sus protectores, y por casualidad se descubrió en 2005. La información amplia que puede ser revelado a partir del estimado 80 millones de documentos que han llenado éste depósito desde hace décadas, recogiendo polvo y moho, y que han dejado innumerables familias devastadas y sin ninguna pizca de cierre de la desaparición de los seres queridos, por fin puede salir a la luz … en teoría.

Haciéndose pública la información de estos archivos puede costar la vida de los defensores de los derechos humanos. El 24 de marzo de 2009, Sergio Morales, defensor de los derechos humanos de Guatemala, anunció que estos archivos se harán públicos y la mañana siguiente, según The Washington Post, su esposa, Gladys Monterroso, fue secuestrada, torturada, quemada, ahogada, y drogada. Si bien esa situación sería chocante para la mayoría, esto no es poco común en Guatemala. Defensores de los derechos humanos, literalmente, ponen en riesgo sus vidas por el trabajo que hacen, y sus vidas ahora están enfrentándose amenazas extremas.

El 6 de mayo de 2009, Amnistía Internacional (AI) lanzó una Acción Urgente detallando la gravedad de la situación que activistas trabajando para los derechos humanos en Guatemala se enfrentan. Según AI, varios miembros de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) y de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) siguen recibiendo amenazas de muerte a través de SMS (mensajes de texto) que hagan referencias al trabajo de justicia que ellos hacen. Estas amenazas advierten que pongan fin al trabajo que hacen, y dicen cosas como, por ejemplo, “Tienen 1 hora esta es la última advertencia. Déjense de meter con nosotros, archivos desclasificados del ejército. Le quebraremos el culo a sus hijos después será a usted,” o “Te estoy vigilando… Qué bien que no fuiste al trabajo, te tengo bien en la mira. Puta de mierda… Tenés miedo.”

Las vidas de numerosas personas que trabajan duro, a pesar de la intimidación y las amenazas de muerte, se encuentran en grave riesgo. El silencio permite la perpetuación de esta violencia. Es hora de actuar, ahora. Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma, al Presidente de la República, Lic. Álvaro Colom, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Lic. José Amílcar Velásquez Zárate o al Ministro de Gobernación, Sr. Salvador Gándara. Exprese su preocupación por la seguridad de los miembros que trabajan para los organizaciones de derechos humanos, SEDEM y UDEFEGUA, instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para garantizar dicha seguridad y a ordenar sin demora una investigación inmediata y imparcial. Para más información sobre como tomar acción, por favor visite:

 http://www.amnestyusa.org/document.phpid=ESLNAU2009050710559&lang=s  http://www.amnestyusa.org/actioncenter/actions/uaa12109.pdf

Es hora de actuar ahora, y expresar su preocupación y apoyo a quienes luchan por la justicia.

Noticias acerca de la deportación ilícita de seres humanos considerados “ilegales” parece surgir y desaparecer en olas. De vez en cuando un artículo impactante aparece en el New York Times, llamando atención a la situación apremiante de los inmigrantes retenidos en los centros de detención a través de los Estados Unidos, que sumaban 30.000 en 2008 y que probablemente desde entonces ha aumentado, según las conclusiones y recomendaciones clave de la campaña, A la cárcel sin justicia, de Amnistía Internacional. Sin embargo, este número no corresponde al gran número de personas afectadas por esta tragedia. Familias devastadas se desintegran mientras que se transfiere un miembro querido de la familia, la mayoría de las veces, a un centro de detención inapropiadamente lejos de casa, muchas veces a un estado distante, y comienza el período de espera. Según Amnistía Internacional, el individuo puede ser detenido durante meses o incluso años sin forma alguna de revisión individualizada de su caso para determinar si la detención es necesaria, y mientras tanto, mucha gente se olvida del artículo devastador que leyó con su café de la mañana.

El problema, en mi opinión, es que este “debate” parece demasiado remoto para mucha gente. La mayoría de las personas leen sobre un incidente aislado y no entienden el contexto mucho más amplio, o sea, la deshumanización del individuo que puede haber escapado a la tortura, la violencia extrema y las condiciones de indigencia para llegar a un lugar supuestamente seguro. Cuando se deporta a estas personas, llegan a un lugar bastante lejos de su familia, donde deben esperar un tiempo excesivo para que lo que puede o no puede ser un juicio imparcial. Del mismo modo, existen innumerables ejemplos de personas que han estado viviendo, trabajando y criando familias en los Estados Unidos para toda su vida, y debido a las medidas duras contra la inmigración, de repente los funcionarios de inmigración activamente buscan personas sin documentos, y las familias son inesperadamente, y muchas veces erróneamente, desintegradas.

La concienciación es precisamente lo que Elvira Arellano, 32, quería. Sin embargo, en agosto de 2007, la Sra. Arellano fue deportada. Según el artículo en el New York Times, “Illegal Immigrant Advocate for Families is Deported,” escrito por Randal C. Archibold, la Sra. Arellano fue detenida y arrestada a pocas cuadras de Our Lady Queen of Angels, una Iglesia Católica Romana en el centro de Los Ángeles, después de haber hablado sobre los derechos de los inmigrantes. Según Archibold, los que apoyaron la Sra. Arellano dijeron que ella se frustraba que el debate de inmigración había retrocedido de la atención pública en las últimas semanas. De hecho, estos son los flujos de información que deja la mayoría del público sin saber de la ilegalidad y la injusticia que ocurre alrededor, todos los días. A pesar de que según las conclusiones claves de Amnistía Internacional, el coste medio de detener a un inmigrante es de $95 por persona / por día, además de los costos materiales y emocionales implicados en la detención de personas en los centros de detención super-lejos de su casa, muchas personas continúan sin saber nada acerca de estas detalles importantes, y la retórica centrándose en la legalidad de los asuntos permanece en la vanguardia del “debate de la inmigración.” Sin embargo, los procesos implicados en la detención de los inmigrantes es todo lo contrario de legal. Innumerables personas permanecen injustamente en los centros de detención, sin revisión jurídica ni tratamiento médico. Aparentemente, “inocente hasta que se demuestre su culpabilidad” no se aplica a todos. Para obtener más información, y tomar medidas, por favor visite nuestra pagina.