Muchas personas recuerdan el verano pasado cuando una lista de más de 1300 inmigrantes supuestamente indocumentados fue entregado a direcciones a través Utah, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La lista no sólo incluía nombres sino también números de seguridad social, fechas de nacimiento, direcciones, fechas de parto y hasta 200 nombres de niños.

Casi todas las personas identificadas en la lista tenían apellidos hispánicos, y aunque las autores de la lista alegaron que todos los individuos mencionados eran indocumentados y debían ser deportados inmediatamente, posteriormente el gobernador de Utah Gary Herbert dijo que no era verdad.

La publicación de la lista sembró miedo entre los 385,000 latinos en Utah y los millones de inmigrantes y sus familias a través el país como aviso que la discriminación dirigida a los ciudadanos estadounidenses, residentes legales o personas indocumentadas todavía sigue adelante.

(more…)

Un centro de detención en Texas, ©Amnesty International

Tan pronto como el 3 de junio, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes someterá H.R. 1932 a votación para extender la detención indefinida de inmigrantes y quitarles el derecho al debido proceso.

Bajo el disfraz de proteger a los ciudadanos estadounidenses, la ley para “Asegurar la Seguridad de Nuestra Comunidad” es un intento por el representante Lamar Smith (R-Texas) de someter a una nueva población de inmigrantes – incluyendo los que solicitan asilo político y los residentes legales de toda la vida – la detención obligatoria durante los procedimientos de expulsión. También impone la detención punitiva e indefinida si la persona con la orden de expulsión no puede obtener un documento de viaje – a pesar del hecho que eso es un asunto político y diplomático fuera de su control.

El Congreso debe oir que respetas los derechos humanos, el debido proceso y la constitución, y que no quieres que se apruebe H.R. 1932. Llama a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para pedirles que voten en contra de H.R. 1932.

(more…)

El indocumentado, sin derecho a vivienda ni trabajo, por supuesto tenía que transgredir la ley. Era condenado a la cárcel sin cometer ningún crimen… era anomalía para la cual el derecho general no servía y por eso era mejor que llegara a ser anomalía para la cual el derecho podía servir, la de criminal. Hannah Arendt, 1951.

Un inmigrante está de pie en una cárcel en el complejo de detención para los inmigrantes ilegales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el 30 de julio de 2010 en Florence, Arizona. (Foto por John Moore/Getty Images)

Por casi dos décadas, legisladores y presidentes han hablado de la detención de inmigrantes como un tipo de “remedio mágico” que puede disuadir a los inmigrantes de atravesar la frontera estadounidense,  infundir miedo a las comunidades para que los inmigrantes se vayan por voluntad propia y criminalizar a individuos si decidan cuestionar  la deportación  porque son ciudadanos estadounidenses, refugiados, residentes legales permanentes o los que tienen vínculos de larga duración son su familia, comunidad y lugar de trabajo.

NPR informó que la ley draconiana contra los inmigrantes de Arizona, SB1070, fue escrito por  el liderazgo de prisiones con fines de lucro y sus cabilderos. La ley obliga que la policía pida los documentos que demuestran residencia legal si el agente de policía tiene “sospecha razonable” que la persona sea indocumentada. Si la persona no puede presentar sus documentos, será arrestada y detenida.  Inmediatamente muchas personas iniciaron demandas por la inconstitucionalidad de la ley porque sería imposible identificar a un indocumentado in recurrir a la identificación de sospechosos con base en su raza.

La criminalización de inmigrantes por la detención no es un remedio mágico para manejar las tendencias de migración, sino una gallina de los huevos de oro para los directores de las prisiones privadas. Según NPR, el presidente de Geo Group, Wayne Calabrese,  explicó a sus inversores que:

“Creo que las oportunidades al nivel federal van a seguir adelante  a ritmo acelerado como resultado de lo que está sucediendo. Las personas que vienen por la frontera y son capturadas tendrán que ser detenidas, y para mí, yo creo que habrá más oportunidades para lo que hacemos.”

La privación de la libertad de alguien por la detención es una medida muy coactiva que lleva estigma fuerte y impacta los derechos individuos. La criminalización de inmigrantes, no sólo por imponer penalidades severas por entrar o permanecer en los Estados Unidos sin permiso sino también por estigmatizar y criminalizar a los terceros que los cuidan, tal vez tenga el efecto de limitar o denegar protección y acceso a los derechos humanos fundamentales como la vivienda adecuada o la asistencia sanitaria.

A la vez, la documentación muestra que “las políticas inflexibles de exclusión que son impuestas por castigos severos penales y deportación para el incumplimiento, ayudan directamente a los traficantes,” quienes esclavizan miles de mujeres, hombres y niños cada año en los Estados Unidos, mientras el gobierno federal declara con firmeza su intención de proteger a las personas esclavizadas.

Por mucho tiempo, defensores han relacionado el crecimiento masivo en la detención de los inmigrantes con las ganancias exponenciales  de las prisiones privadas. El gobierno estadounidense paga la cuenta enorme por un sistema de prisión que se ve cruel, inepto y disfuncional. No es política buena de inmigración, pero es estrategia de negocio estupenda.

Ayer, Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, anunció que la administración  extenderá estatus de protección temporal (TPS) a los haitianos en los EE.UU.. Proporcionar una autorización de trabajo a través de una designación del TPS, le permite a los haitianos a compartir la responsabilidad para el alivio y la reconstrucción de su propio país, y permite a los EE.UU. a cumplir sus obligaciones de derechos humanos en el derecho internacional y las normas. AIUSA elogia a la administración por su respuesta humanitaria generosa y pronta a la catástrofe que se está desarrollando en Haití. De haitianos que huyen de la persecución u otras violaciones graves de los derechos violaciónes tienen derecho a buscar protección en los EE.UU.. En consecuencia, esperamos que en los próximos días la administración también se suspenderá la política de interdicción durante este tiempo de crisis.

Haití se encuentra devastado.

Según informes de prensa, el terremoto ha causado miles de muertes, lesiones más, y es probable que un sinnúmero de personas desaparecidas y desplazadas. Los investigadores de Amnistía Internacional están monitoreando la situación. El gobierno de EE.UU. reaccionó rápidamente el miércoles al prometer ayuda humanitaria, técnica y financiera para el pueblo de Haití, y esto es motivo de satisfacción. El Departamento de Seguridad Nacional declaró que una eventual suspensión de todas las deportaciones a Haití, que será un alivio para los haitianos ya están aquí, y de sus familiares y amigos de Haití que es probable que dependen de ellos para el apoyo financiero.

Al mismo tiempo, sin embargo, no ha habido ningún movimiento para proporcionar protección o el estado de seguridad a los haitianos en los EE.UU., o suspender las políticas de inmigración específicos que discriminan contra los nacionales haitianos. Haitianos que huyen de la persecución u otras violaciones graves de los derechos violaciónes tienen derecho a buscar protección en los EE.UU., pero en violación flagrante del derecho internacional, el gobierno de EE.UU. detiene en alta mar y los devuelve a Haití (tráfico).

El Presidente Obama debería extenderse Estatus de Protección Temporal a todos los haitianos en los Estados Unidos
Estatuto de protección temporal (TPS) es una forma de protección que ofrecen a los extranjeros cuyos países han sufrido desastres naturales o conflictos armados representan una seria amenaza para la seguridad personal de los extranjeros en caso de regresar. Por definición, es de naturaleza temporal y proporciona la protección y permiso de trabajo.

TPS también ofrece una línea de ayuda crítica a la familia y amigos de personas que permanecen en el país de origen debido a los beneficiarios del TPS pueden trabajar legalmente y proporcionar apoyo financiero en el extranjero. El gobierno de EE.UU. ha dejado muy claro que Haití está en necesidad crítica de apoyo financiero. Asegurar que los haitianos en los EE.UU. tienen la oportunidad de trabajar cumple con EE.UU. obligaciones de derechos humanos en el derecho internacional y las normas, y por lo que les permite mantener a sus familias en Haití, ayuda indirectamente a prestar asistencia financiera a ese país.

El Presidente Obama debería suspender la política de interdicción en el mar
El principio de no devolución, que es un principio de derecho internacional consuetudinario aplicable a todos los Estados con independencia de sus obligaciones en virtud de tratados específicos, es de suma importancia en el contexto de la interceptación marítima y búsqueda y rescate.

Esta obligación exige que los Estados o sus agentes, de no devolver a cualquier persona de cualquier manera a una situación donde él o ella está en riesgo de graves violaciónes de derechos humanos. Esta obligación se refleja en la Convención sobre Refugiados de 1951 (artículo 33) la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, inhumanos o degradantes (artículo 3) y, en instituciones regionales de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22 (8 )). (more…)

El jueves 30 de julio del 2009, Sarnata Reynolds, la directora de campaña y política para defender los derechos humanos de refugiados e inmigrantes, habló en una teleconferencia de prensa para examinar los proyectos de las dos nuevas leyes presentada por los senadores Gillibrand y Menéndez: “Proteger a los ciudadanos de la Ley de detención ilegal” y “Prevenir muertes y abusos para los detenidos.” Estas nuevas leyes pueden mejorar drásticamente la situación de los ciudadanos de EE.UU. e inmigrantes detenidos. Estas también exigen que las autoridades de inmigración se aseguren de que los ciudadanos de EE.UU. y otras poblaciones vulnerables como los niños estén informados de sus derechos al ser detenidos, que se consideren para puesta en libertad y que sean tratados humanamente durante su detención.

En los últimos doce meses me he reunido con decenas de personas detenidas en cárceles locales, centros privados, y varias instalaciones de ICE en los Estados Unidos. Su arbitraria, prolongada y en algunos casos, indefinida detención es vergonzosa. Hace apenas unas semanas conocí en Minnesota a dos inmigrantes que habían pasado un año entero sin poder salir. Doce meses. Las cárceles del condado en las que se encuentran no están diseñadas para detenciones de largo plazo, muchas sin acceso a aéreas al aire libre. Uno de los hombres dijo que “la deportación se supone que es un procedimiento civil, pero no hay nada al civil respecto.”

En junio fui a Texas y conocí a un hombre de Maryland a quien un juez de inmigración le había concedido un bono por $ 5000. Un abogado de el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), apeló la decisión e invocó lo que se denomina “suspensión automática” – un procedimiento que le da a ICE la autoridad para hacer caso omiso a una decisión de un juez de inmigración, mientras que trabajan en la apelación. Durante ocho meses, el hombre languidecido en la cárcel. Ocho meses más tarde, el hombre abatido y desalentado, finalmente fue liberado a principios de julio a base de la paga de un bono de $5,000. La decisión fue tomada después de que el organismo administrativo de apelación de acuerdo con el juez de inmigración, ordenó su puesta en libertad. Por consecuencia a su detención su familia quedo en la miseria y ahora no tienen los recursos financieros para pagar el bono de $5,000 para su liberación.

(more…)