El jueves 30 de julio del 2009, Sarnata Reynolds, la directora de campaña y política para defender los derechos humanos de refugiados e inmigrantes, habló en una teleconferencia de prensa para examinar los proyectos de las dos nuevas leyes presentada por los senadores Gillibrand y Menéndez: “Proteger a los ciudadanos de la Ley de detención ilegal” y “Prevenir muertes y abusos para los detenidos.” Estas nuevas leyes pueden mejorar drásticamente la situación de los ciudadanos de EE.UU. e inmigrantes detenidos. Estas también exigen que las autoridades de inmigración se aseguren de que los ciudadanos de EE.UU. y otras poblaciones vulnerables como los niños estén informados de sus derechos al ser detenidos, que se consideren para puesta en libertad y que sean tratados humanamente durante su detención.

En los últimos doce meses me he reunido con decenas de personas detenidas en cárceles locales, centros privados, y varias instalaciones de ICE en los Estados Unidos. Su arbitraria, prolongada y en algunos casos, indefinida detención es vergonzosa. Hace apenas unas semanas conocí en Minnesota a dos inmigrantes que habían pasado un año entero sin poder salir. Doce meses. Las cárceles del condado en las que se encuentran no están diseñadas para detenciones de largo plazo, muchas sin acceso a aéreas al aire libre. Uno de los hombres dijo que “la deportación se supone que es un procedimiento civil, pero no hay nada al civil respecto.”

En junio fui a Texas y conocí a un hombre de Maryland a quien un juez de inmigración le había concedido un bono por $ 5000. Un abogado de el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), apeló la decisión e invocó lo que se denomina “suspensión automática” – un procedimiento que le da a ICE la autoridad para hacer caso omiso a una decisión de un juez de inmigración, mientras que trabajan en la apelación. Durante ocho meses, el hombre languidecido en la cárcel. Ocho meses más tarde, el hombre abatido y desalentado, finalmente fue liberado a principios de julio a base de la paga de un bono de $5,000. La decisión fue tomada después de que el organismo administrativo de apelación de acuerdo con el juez de inmigración, ordenó su puesta en libertad. Por consecuencia a su detención su familia quedo en la miseria y ahora no tienen los recursos financieros para pagar el bono de $5,000 para su liberación.

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