Kasha Jacqueline Nabagesera defiende los derechos de las personas LGBT en un clima de temor. © Karen Veldkamp/Amnistía Internacional

Hoy se ha otorgado en Ginebra un prestigioso premio global de derechos humanos a una mujer ugandesa que ha defendido con arrojo los derechos del amenazado colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) de su país.

Kasha Jacqueline Nabagesera es la ganadora del Premio Martin Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos 2011, otorgado anualmente por 10 de las ONG de derechos humanos más destacadas del mundo, entre ellas Amnistía Internacional.

Es fundadora y directora ejecutiva de “Freedom and Roam Uganda”, organización de defensa de los derechos del colectivo LGBT.

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Un suceso histórico se llevó a cabo en el país más grande de América Latina, hace tan solo unos días.  Emitiendo una decisión en favor de la igualdad y civilitud, la Suprema Corte de Brasil (STF) reconoció por primera vez las uniones civiles entre homosexuales en la nación. 10 de los 11 jueces que integran la STF estuvieron presentes en la sentencia de los dos casos concernientes a los derechos civiles de la comunidad LGBT.  Mediante su veredicto unánime, la STF declaró que las uniones civiles entre homosexuales conllevaría exactamente los mismos derechos que los adquiridos por uniones civiles entre heterosexuales.

La Ministra Ellen Gracie senaló que “el reconocimiento que el tribunal hizo el día de hoy responde a los derechos de un grupo de personas que, por mucho tiempo, ha sido humillado, y para cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, cuya identidad ha sido negada, y cuya libertad ha sido  abrumada.”

La decisión tiene enormes implicaciones para las parejas de mismo sexo, ya que ahora tendrán acceso a los mismos derechos que las parejas heterosexuales han disfrutado durante siglos, incluyendo derechos de herencia, deducciones fiscales, adopciones e inmigración.

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El odio y la intolerancia han encontrado un nuevo forum: La Cámara de Diputados de Brasil. Mientras que el cuerpo legislativo fue creado para debatir y razonar temas de importancia nacional, uno de sus representantes electos ha denigrado al órgano federal promoviendo ideales racistas e intolerantes.

El Sr. Jair Bolsonaro, diputado de Río de Janeiro, ha estado aprovechando su posición pública para hacer comentarios racistas y denigrantes contra personas negras y grupos homosexuales. El diputado fue entrevistado en un programa de televisión humorístico nacional y se le preguntó cómo se sentiría si un día encontrara a su hijo saliendo con una mujer negra. Sin titubeo alguno, tomó la oportunidad para hacer una serie de comentarios racistas e indicó, por citar uno de sus comentarios, que “nunca permitiría este tipo de promiscuidad” (vídeo de YouTube en Portugués).

Mientras que esta entrevista tuvo amplia difusión y ha dado lugar a un gran debate sobre racismo en la sociedad brasileña, es francamente vergonzoso saber que un funcionario electo haga ese tipo de comentarios sobre cualquier grupo civil o minoritario.

Por si eso fuera poco y por irónico que parezca, el Sr. Bolsonaro también se ha dedicado a difundir ideales militaristas…  Es absurdo que un funcionario electo piense que el mecanismo democrático que lo llevo a su cargo político, podría o debería de ser mejorado por un sistema militarista. Una persona que cree que el régimen militar es mejor que la democracia y que cree que las minorías no son seres humanos con igualdad de derechos, no debería llamarse legislador. A pesar de ello, el Sr. Bolsonaro está en su sexto mandato consecutivo como Diputado Federal por el Estado de Río de Janeiro. Ya son 21 años desde que fue elegido por primera vez…

Lamentablemente el Sr. Bolsonaro no es el único representante que se ha dedicado a atacar a los negros y a los homosexuales. El Sr. Marco Feliciano, del Estado de Sao Paulo, recientemente escribió en su cuenta de Twitter que “la suciedad de los sentimientos ‘homoafectivos’ son conductos de odio, crimen y rechazo” y que “los africanos descienden de antepasados ​​maldecidos por Noé.”

El problema no es que una o dos personas ignorantes digan una cosa u otra.  El problema es que cuando un funcionario público hace comentarios como los citados en este artículo, ciertos grupos racistas y opresivos se sienten capaces y justificados en atacar a grupos minoritarios y/o vulnerables. Tan solo durante la semana pasada, la policía de Sao Paulo identificó a 200 miembros de pandillas de “skin heads” que con sus ideales de supremacía blanca atacaron y asesinaron a un gran numero de personas negras y de homosexuales en dicha ciudad. De acuerdo con un grupo de ciudadanos homosexuales brasileños, 260 personas LGBT fueron asesinados en Brasil en 2010. Dicha cifra representa un aumento de 31% con respecto al 2009 y un aumento del 113% desde el 2005.

Es preocupante saber que las personas a cargo de crear y aprobar las leyes que rigen a la sociedad, son las mismas personas responsables de propagar odio e intolerancia. Sólo se podrá reducir el número de crímenes de odio en Brasil cuando los ciudadanos del país demanden que los derechos de todos, incluyendo los de grupos minoritarios, sean respetados y protegidos. Es imperativo que el sistema legislativo se centre en la creación de leyes destinadas a combatir los delitos en contra del racismo y del odio, no a promoverlos. Los Brasileños merecen de algo mejor.

Escrito por Brian Evans, defensor de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU

A veces la mejor defensa es ninguna defensa. Eso es la moraleja de la historia comprensiva por Dan Barry (inglés), y el artículo publicado por La Estrella (español), sobre James Fisher, quien aceptó un acuerdo sobre declaración de culpabilidad que lo puso en libertad después de casi tres décadas entre rejas a condición de que se fuera de Oklahoma y nunca regresara.

Eso no significa que fuera culpable del crimen por el cual lo condenó a la muerte; después de dos juicios descaradamente injustos, simplemente perdió la fe en la habilidad del sistema para defender los derechos.

La víctima del asesinato que sucedió en 1982 fue un hombre que supuestamente solicitó sexo con Fisher, pero el abogado de Fisher, E. Melvin Porter, ha confesado que en aquel momento “consideraba que los homosexuales eran las peores personas en el mundo”. El abogado no hizo nada sino socavar el caso de su cliente.

Se derrocó la condena de Fisher debido a la asistencia inefectiva del abogado (después de 19 años), pero durante el juicio nuevo su abogado, Johnny Albert, tomaba, abusaba cocaína y amenazaba a su propio cliente con violencia física. Fisher dejó de comparecer y se condenó de nuevo.

Se derrocó la segunda condena por la misma razón. En vez de comparecer y soportar la misma locura por la tercera vez, Fisher aceptó el acuerdo y ahora va en busca de una nueva vida en Alabama, con el apoyo de Equal Justice Initiative.

Para enterarse la verdad, nuestro sistema contencioso de derecho común necesita la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa. En realidad, eso casi nunca sucede. Particularmente para los acusados pobres, no es fácil defenderse de las acusaciones porque los abogados de oficio a menudo tienen demasiado trabajo, son mal pagados, les faltan recursos y carecen de experiencia.

Obviamente no todos los residentes del pabellón de la muerte tenían representación legal tan pésima como la de Fisher, pero la abrumadora mayoría de los condenados a la muerte no tienen suficiente dinero para contratar a su propio abogado. Este fracaso para asegurar defensa adecuada para los a quienes el estado quieren matar es un escándalo nacional y una razón más que el castigo irrevocable de muerte es injusto y inhumano.

Crédito de la foto - Yousef Almulhem (Septiembre 2009)

Decenas de miles de manifestantes se reunieron por la tarde el domingo tras una marcha por las calles de Washington DC. El evento, conocido como la Marcha Nacional de Igualdad, fue una reunión de gran apoyo para la igualdad de derechos de los ciudadanos Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transgéneros (LGBT). Aunque la demanda de “protección igual en todas las cuestiones regidas por la ley civil en los 50 estados”, parece bastante razonable, la cuestión de si los ciudadanos LGBT deben gozar de derechos iguales ante la ley ha sido un gran debate en los últimos años. Dos puntos importantes de la protesta son, en primer lugar, por el gobierno poner fin a la política don’t ask, don’t tell (DADT) política, que ha despedido a cientos de soldados de los militares, y, en segundo lugar, poner fin a la Defensa del Matrimonio (DOMA), que da a los estados el derecho de no reconocer los matrimonios entre homosexuales efectuados en otros estados y prohíbe el matrimonio de los derechos federales de ser concedida a cualquier parejas del mismo sexo, independientemente de sus leyes estatales. Otras cuestiones, como la discriminación jurídica, la protección física jurídica, la asistencia sanitaria equitativa, y las políticas de inmigración también se discutieron en la reunión.

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