Tan pronto como el 3 de junio, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes someterá H.R. 1932 a votación para extender la detención indefinida de inmigrantes y quitarles el derecho al debido proceso.
Bajo el disfraz de proteger a los ciudadanos estadounidenses, la ley para “Asegurar la Seguridad de Nuestra Comunidad” es un intento por el representante Lamar Smith (R-Texas) de someter a una nueva población de inmigrantes – incluyendo los que solicitan asilo político y los residentes legales de toda la vida – la detención obligatoria durante los procedimientos de expulsión. También impone la detención punitiva e indefinida si la persona con la orden de expulsión no puede obtener un documento de viaje – a pesar del hecho que eso es un asunto político y diplomático fuera de su control.
El Congreso debe oir que respetas los derechos humanos, el debido proceso y la constitución, y que no quieres que se apruebe H.R. 1932. Llama a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para pedirles que voten en contra de H.R. 1932.
Amnistía Internacional y el actor y productor mexicano Gael García Bernal lanzaron hoy una serie de documentales que describen la grave situación de los migrantes irregulares en México.
Los cuatro documentales, llamados Los Invisibles, graban el viaje de cientos de migrantes desde la frontera entre Guatemala y México en su camino hasta los Estados Unidos. La premiere de Los Invisibles coincide con el inicio del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo de este año, que tiene lugar en Puerto Vallarta, México.
Cada año, miles de migrantes son secuestrados, violados y algunas veces asesinados en México. Empujados por la miseria más absoluta y la inseguridad en sus lugares de origen, viajan a lo largo de México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y de ver cumplida allí la promesa de una vida mejor. Sin embargo, con mucha frecuencia, los sueños de todos ellos se convierten en pesadillas.
El indocumentado, sin derecho a vivienda ni trabajo, por supuesto tenía que transgredir la ley. Era condenado a la cárcel sin cometer ningún crimen… era anomalía para la cual el derecho general no servía y por eso era mejor que llegara a ser anomalía para la cual el derecho podía servir, la de criminal. Hannah Arendt, 1951.
Un inmigrante está de pie en una cárcel en el complejo de detención para los inmigrantes ilegales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el 30 de julio de 2010 en Florence, Arizona. (Foto por John Moore/Getty Images)
Por casi dos décadas, legisladores y presidentes han hablado de la detención de inmigrantes como un tipo de “remedio mágico” que puede disuadir a los inmigrantes de atravesar la frontera estadounidense, infundir miedo a las comunidades para que los inmigrantes se vayan por voluntad propia y criminalizar a individuos si decidan cuestionar la deportación porque son ciudadanos estadounidenses, refugiados, residentes legales permanentes o los que tienen vínculos de larga duración son su familia, comunidad y lugar de trabajo.
NPR informó que la ley draconiana contra los inmigrantes de Arizona, SB1070, fue escrito por el liderazgo de prisiones con fines de lucro y sus cabilderos. La ley obliga que la policía pida los documentos que demuestran residencia legal si el agente de policía tiene “sospecha razonable” que la persona sea indocumentada. Si la persona no puede presentar sus documentos, será arrestada y detenida. Inmediatamente muchas personas iniciaron demandas por la inconstitucionalidad de la ley porque sería imposible identificar a un indocumentado in recurrir a la identificación de sospechosos con base en su raza.
La criminalización de inmigrantes por la detención no es un remedio mágico para manejar las tendencias de migración, sino una gallina de los huevos de oro para los directores de las prisiones privadas. Según NPR, el presidente de Geo Group, Wayne Calabrese, explicó a sus inversores que:
“Creo que las oportunidades al nivel federal van a seguir adelante a ritmo acelerado como resultado de lo que está sucediendo. Las personas que vienen por la frontera y son capturadas tendrán que ser detenidas, y para mí, yo creo que habrá más oportunidades para lo que hacemos.”
La privación de la libertad de alguien por la detención es una medida muy coactiva que lleva estigma fuerte y impacta los derechos individuos. La criminalización de inmigrantes, no sólo por imponer penalidades severas por entrar o permanecer en los Estados Unidos sin permiso sino también por estigmatizar y criminalizar a los terceros que los cuidan, tal vez tenga el efecto de limitar o denegar protección y acceso a los derechos humanos fundamentales como la vivienda adecuada o la asistencia sanitaria.
A la vez, la documentación muestra que “las políticas inflexibles de exclusión que son impuestas por castigos severos penales y deportación para el incumplimiento, ayudan directamente a los traficantes,” quienes esclavizan miles de mujeres, hombres y niños cada año en los Estados Unidos, mientras el gobierno federal declara con firmeza su intención de proteger a las personas esclavizadas.
Por mucho tiempo, defensores han relacionado el crecimiento masivo en la detención de los inmigrantes con las ganancias exponenciales de las prisiones privadas. El gobierno estadounidense paga la cuenta enorme por un sistema de prisión que se ve cruel, inepto y disfuncional. No es política buena de inmigración, pero es estrategia de negocio estupenda.
Opositores de la ley de Arizona SB1070 se abrazaron después de que un juez previno la implementación de las partes controvertidas el 28 de julio en Phoenix, Arizona. (c) John Moore/Getty Images
En una orden de última hora, la juez Susan Bolton dictaminó que secciones ofensivas de la ley estatal – las que autorizan que la policía compruebe los documentos de cualquier persona que sospecha de ser inmigrante ilegal, obligan que los inmigrantes lleven sus documentos en todo momento, hacen ilegal que los inmigrantes indocumentados solicitan trabajo y permiten el arresto sin orden de búsqueada y captura de las personas sospechadas de un crimen, el cual posibilitaría su deportación – no entrarán en vigor como estaba previsto.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del juez Bolton. Es una victoria importante para todos que apoyan los derechos humanos y se oponen SB1070.
El mandamiento judicial preliminar emitido por el juez Bolton significa la corte
Probablemente se derogarán y se declararán inconstitucionales estas secciones de la ley SB1070. La corte denunció la verificación obligatoria del estatus inmigratorio cuando la policía detiene a alguien y reconoció que la parte de la ley que requiere la determinación de estatus “antes de la liberación aumentaría inevitablemente la duración de la detención”.
La corte también declaró que la ley restringe demasiado la libertad de los que viven en los Estados Unidos legítimamente debido a “la intrusión de la presencia de la policía en las vidas de los extranjeros (y incluso los ciudadanos) a quienes la ley enredará”.
La ley se basa en la práctica inconstitucional de utilizar estereotipos étnicos o raciales en lugar de la conducta individual y viola el derecho a ser libre de discriminación, vivir con su familia en paz y disfrutar la libertad de movimiento en Arizona. Además, no se puede tolerar la imposición flagrante de detención de sectores anchos de la población sin estándar o salvaguarda para prevenir la privación injusta de libertad individual.
Los aspectos de SB1070 que se extralimitan, derogados por el momento, ilustran no sólo la necesidad para la reforma de la política federal de inmigración, sino también la necesidad que los oficiales estatales cumplen y protegen los derechos constitucionales y humanos de todos que viven en su jurisdicción. La decisión de hoy debe advertir a los otros estados que piensan de seguir el camino inconstitucional y descarado de Arizona.
El 23 de abril, 2010 el gobernador Jan Brewer firmó SB1070, la ley injusta y discriminatoria que legaliza el perfil racial (la práctica de utilizar estereotipos étnicos o raciales en lugar de la conducta individual).
SB1070 require que cualquier persona de quien la policía tiene una “sospecha fundada” presente los documentos que demuestran su estatus migratorio en los Estados Unidos. Sin embargo, no ofrece ninguna salvaguarda contra el perfil racial si la “sospecha fundada” no se puede formar sin recurrir al perfil racial. La ley aumenta la probabilidad de arresto arbitrario y castiga a los que se detienen con detención obligada.
En sólo un día, el 29 de julio, esta ley perjudicial entrará en vigor y las calles de Arizona nunca serán las mismas. Se desharán las familias y se detendrán los inocentes.
La locura de Arizona no se queda allí, sino se propaga a los otros estados como Alabama, Florida, Michigan, Nebraska, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Texas and Virginia; todos están considerando leyes como la de Arizona. Y hay propuestas nacientes a través todo el país.
Estas leyes propuestas no sólo amenazan los derechos humanos, sino también violan la constitución porque amenazan el estatus de todos los inmigrantes estadounidenses, incluyendo los inmigrantes legales, los inmigrantes en proceso de alcanzar estatus legal y los inmigrantes elegibles para estatus legal. Lo que me asusta más es que cualquier persona que parece inmigrante, incluyendo los ciudadanos estadounidenses, se puede detener.
Esta manera de diseñar las políticas es peligrosa porque no toma en cuenta los derechos humanos, incluyendo la libertad a movimiento, privacidad, unidad familiar y igualdad bajo la ley. El derecho internacional protege todos los derechos humanos, sea lo que sea el estatus de ciudadanía. El derecho internacional se basa en el principio de no-discriminación, la cual la ley viola; es muy fácil denegar los derechos humanos a alguien si lo considera menos que humano.
Los derechos humanos existen sin importar nacionalidad, etnicidad, o estatus inmigratorio. Cuando los oficiales públicos aprobaron SB1070, ignoraban esta verdad en detrimento de todos que pasan por el estado.
Escrito por Lory Rosenberg, directora interina de política y apoyo de Derechos de los Refugiados y Migrantes para Amnistía Internacional EEUU
La semana pasada, al menos dos empleados del estado de Utah distribuyeron una lista de 1.300 presuntos inmigrantes indocumentados. Enviaron esta lista de 29 páginas a las oficinas gubernamentales y a los medios y menciona detalles muy personales como los números de seguro social, las direcciones, y incluso las fechas de parto de mujeres embarazadas. El gobernador de Utah, Gary Herbert, dijo a John King de CNN el viernes pasado que todos los nombres en la lista son hispánicos pero no todos son inmigrantes ilegales.
Aunque Herbert lo denunció cuando dijo que “la acción de hacer público tal información privada y delicada es deplorable”, no es sólo la violación de los derechos de privacidad y el comportamiento de los empleados públicos que hace el incidente tan preocupante sino también el tratamiento de los que tienen apellidos hispánicos como personas de fuera que crea un clima de miedo y intimidación en la comunidad latina.
Como Amnistía enfatiza en el informe “A la cárcel sin justicia“, todos, sin importar su estatus migratorio, tienen los derechos fundamentales que incluyen el derecho a privacidad y el derecho a vivir sin acoso policial. El fiscal general de Utah admitió:
“Quiero dejar esto muy claro. No se les está investigando y no lo haremos (se refiere a los nombres en la lista). Alguna gente la llama ‘lista negra’, pero yo la llamo una ‘hit list’, como esas que usaron los nazis durante la segunda Guerra Mundial.”
Estoy de acuerdo. Diseñadores de políticas y oficiales tienen que entender que incidentes descarados como “list-gate” no se producen por sí mismos. Es importante considerar el incidente en el contexto político más grande de estados como Arizona donde se promulgan iniciativas severas y restrictivas sin tomar en consideración las violaciones de los derechos humanos involucradas. De hecho, nadie ha sido capaz de demostrar convincentemente cómo será posible hacer cumplir la ley de inmigración de Arizona SB1070 sin recurrir a “perfil racial”, es decir la práctica de utilizar estereotipos étnicos o raciales en lugar de la conducta individual que es una violación grave de los derechos humanos.
Sin un mandamiento judicial para prevenirlo, SB1070 entrará en vigor la próxima semana y no sólo obligará que la policía arreste y detenga a cualquier persona a la que sospecha que esté en Arizona ilegalmente, sino también empoderará a los ciudadanos a demandar a la policía si no lleva a cabo esta discriminación. Puedes enviar un mensaje a tus senadores aquí.
Cuando gobernadores y otros oficiales públicos aprueban leyes que permiten la abrogación de los derechos humanos que los oficiales son obligados a mantener, no es asombroso que los trabajadores del estado sean envalentonados a comportarse de alguna manera desmandada y discriminatoria que aterroriza la comunidad. No hay justificación para violar los derechos humanos.
Escrito por Sarah Burns, líder voluntaria para Amnistía Internacional
Hay buenas noticias con respecto a los derechos de los inmigrantes: Recientemente, el senador Al Franklen (D-MN), con los senadores Kohl, Menendez, Klobuchar, Feingolg, Durbin and Feinstein, presentaron S.3522 the Humane Enforcement and Legal Protections for Seperated Children Act (La Ley de la Aplicación Humana y Protecciones Legales para los Niños Separados). Este proyecto de ley implementaría reformas imprescindibles para proteger a los niños impactados por la aplicación de inmigración.
En los años pasados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha detenido a cientos de miles de inmigrantes, muchos de que tienen niños que son ciudadanos. Se separan los parientes detenidos de sus niños, a veces para siempre, en el proceso destruyendo familias enteras. Este proyecto de ley minimizaría los efectos traumáticos que estas situaciones tienen para los niños y daría a los parientes la oportunidad to establecer planes para el cuidado de niños, reduciendo la probabilidad que se pongan los niños en el sistema de cuidado de crianza temporal innecesariamente.
Amnistía Internacional ha pedido reforma segura, humana, y atenta. Una parte de esta reforma debe incluir un alejamiento de la detención obligatoria hacia las alternativas basadas en la comunidad (si detención sea necesario) para los que no representan un peligro de huida (es decir, los con vínculos fuertes a la comunidad, los que tienen familias). Si liberación es contraindicada, alternativas seguras deben ser consideradas en todos los casos que involucran mujeres embarazadas, enfermos de la tercera edad, y madres nodrizas.
Amnistía Internacional se ha unido a una coalición extensa de organizaciones de derechos humanos en apoyo de esta legislación para reducir el impacto desolador que nuestro sistema de inmigración tiene en los niños. Hemos escuchado muchas voces valientes dicen lo que piensan sobre sus propias experiencias con la separación familiar. En Washington, eso ha incluido una sesión informativa en el Senado presentado por Amnistía Internacional y American Friencs Service Committee donde familias de inmigrantes y niños separados llenan el cuarto para mantenerse unidos y contar sus historías de familias que luchaban para sobrevivir sin padre ni madre. En la Cámara de Representantes, Katherine Figueroa, que solo tenía diez años, declaró ante la muchedumbre lacrimosa el miedo que tenía despues de ver ambos de sus padres arrestados y detenidos por tres meses. (Mira el vídeo abajo en inglés)
En la estela de la nueva ley de Arizona SB1070, es aún más importante que se promulgue reforma significativa de inmigración que respeta los derechos de todos.
Ahora es el momento para escuchar tu voz. Llama a sus senadores (Capital Switchboard 202-224-3121) y pide que apoyen el Help Seperated Children Act y aseguren que las familias permanezcan juntas.
“¡Tomaron nuestros empleos!” es lo que los activistas enojados gritan en las manifestaciones en contra de la inmigración. Ahorita, pueden quitar los puestos a los trabajadores agrícolas.
La Opinión y Associated Press nos informan que el cómico Stephen Colbert de la serie satírica “The Colbert Report” y United Farmworkers han unido fuerzas para ofrecerles que “tomen nuestros trabajos”. Colbert va a destacar esta campaña en “The Colbert Report” el 8 de julio.
En esta campaña, todas las personas que culpan a los inmigrantes para la falta de empleo tienen la oportunidad de presentar su solicitud de empleo en el formulario bajo el título “Sí, quiero ser trabajador agrícola.” Pero es importante tomar en cuenta que el trabajo es muy arduo, las granjas pequeñas no tienen que pagar un sueldo mínimo, y los trabajadores agrícolas no están incluidos en las provisiones federales de las horas extras. Todavía interesado?
United Farmworkers también envió una carta a los miembros del Congreso para ofrecer empleo a los ciudadanos legales que quieren reemplazar a los inmigrantes.
Amnistía Internacional también trabaja arduamente por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Envía una carta a sus senadores aquí para denunciar la nueva ley de inmigración en Arizona.
El 22 de febrero, en su sexto día de trabajo de James Chaparro, a cargo de la operación gigante de detención y expulsión de parte de la Inmigración y Aduanas’ (ICE), emitió una nota ordenando a todos los directores de la ICE para identificar colectivamente, detener y deportar a 400.000 personas en 2010. Destacando la necesidad de aumentar el número de este año, la nota comunicaba la cuota y proporciona ideas sobre cómo los individuos pueden ser identificados para su deportación, incluyendo un mayor uso de la detención y las deportaciones sin una audiencia del tribunal de inmigración. Completamente ausentes en el memorando fue toda consideración sobre el impacto drástico que la detención masiva y la eliminación podrían tener para las familias, comunidades y empresarios.
El sábado pasado, El Washington Post publicó un artículo que contenía la primera información pública sobre la nota y la cuota de deportación. El Secretario Adjunto del ICE, John Morton, publicó un comunicado de prensa por parte de la agencia distanciándose de los contenidos del memorándum. Chaparro pidió disculpas por la nota, señalando que dentro de una semana de iniciado el trabajo él había escrito y publicado la nota sin la aprobación de Morton o otros altos funcionarios. Audaz y ambicioso, si es realmente posible que un memo de esta magnitud podría ser elaborado y publicado en la sede del ICE sin ningún tipo de consulta dentro de los primeros días de trabajo, pero aterrador si la supervisión de Morton es realmente laxad en las decisiones de política nacional para destrozar familias. (more…)
Aminstía Internacional trabaja para proteger los derechos humanos por todo el mundo. Tenemos más de 2,2 millones de partidarios, activistas y voluntarios en más de 150 países y somos completamente independiente de los intereses gubernamentales, corporativos o nacionales. Entérate más de nosotros en AmnestyUSA.org »
Esmeralda Lopez z trabaja como analista política para la cuidad de Los Ángeles. Anteriormente trabajó como analista política para La Coalición de Derechos de Inmigrantes. También es miembro de la mesa directiva de "American Civil Liberties Union" del sur de California. Ha trabajado para la Corte Interamerica de Derechos Humanos en Costa Rica. Obtuvo su educación en derecho en Santa Clara University School of Law. See all »
El 23 de abril, 2010 el gobernador Jan Brewer firmó SB1070, la ley injusta y discriminatoria que legaliza el perfil racial (la práctica de utilizar estereotipos étnicos o raciales en lugar de la conducta individual).
