Hace cuatro años desde que Amnistía Internacional publicó su primer informe sobre el caso de Troy Davis. En el curso de este tiempo, tres estados – Nueva Jersey, Nuevo México y Illinois – han abolido la pena de muerte y 17 hombres han sido exonerados de la pena de muerte.
Pero desafortunadamente, Troy Davis todavía permanece en riesgo de ejecución. No podía demostrar su inocencia con el estándar que la corte requería, pero el estado de Georgia todavía no puede despejar las dudas sobre su culpabilidad.
Es cierto que nuestro sistema de justicia criminal no es perfecto y no se pueden resolver todos los problemas. También es interesante que los tres gobernadores que han firmado leyes de abolición desde 2007 dijeron que esta imperfección fue la razón principal por eliminar la pena de muerte en su estado.
Ayer la DEA se incautó del suministro en Georgia de tiopentato de sodio, el anestésico que la mayoría de los estados utilizan como la primera droga en un cóctel de tres drogas para ejecutar a los prisioneros, con la razón que tenía “preguntas sobre cómo se importó la droga a los Estados Unidos.”
Los estados han importado tiopentato de sodio porque el único fabricante aprobado por la FDA en los Estados Unidos, Hospira, ha dejado de producirlo por preocupaciones a respecto a su uso en ejecuciones. Georgia, Arizona, Arkansas, California y Tennessee han importado esta droga por fuentes sin aprobación del FDA en el Reino Unido, y Nebraska ha obtenido una cantidad grande mediante una fuente sin aprobación en India.
Los abogados en Georgia se han quejado que esta droga viniera de un “suministrador que no es trigo limpio y opera desde el trasero de una autoescuela en Inglaterra”. Expresaron estas preocupaciones antes de la ejecución de Emmanuel Hammond en enero, y aunque las cortes las ignoraron, fueron escuchadas por la DEA.
El problema fundamental es el siguiente: llevando a cabo ejecuciones con drogas originariamente fabricadas con la intención de curar es un abuso de la ética médica ni que hablar de los derechos humanos. Estados como Georgia que andan sigilosamente en las tinieblas para evitar las reglas a respecto a la importación de drogas sólo hacen la situación aún peor.
El gobernador de Illinois Pat Quinn (Foto por Scott Olson/Getty Images)
Hoy, con la firma del gobernador Pat Quinn, Illinois llegó a ser el decimosexto estado en abolir la pena de muerte, convirtiéndose en el tercer estado en cuatro años en hacerlo. El gobernador también conmutó la sentencia de 15 hombres que se encuentran actualmente en el pabellón de la muerte. Junto al gobernador Quinn, el senador estatal Kwame Raoul y la representante estatal Karen Yarbrough desempeñaron un papel estratégico en hacer realidad la abolición de la pena de muerte en Illinois. Por favor dedica un momento para agradecerles por su liderazgo.
Ningún estado se ha esforzado tanto por “arreglar su fallido sistema de pena de muerte” como Illinois. En enero de 2000 Se estableció un moratorio de 10 anos en las ejecuciones, y desde aquel momento varias comisiones han tratado de resolver el problema de imponer un castigo irreversible en un sistema propenso a cometer errores. Después de una década de intentos, los políticos de Illinois concluyeron en abolir esta medida – la pena de muerte en Illinois nunca podrá ser reparada. El sistema siempre será propenso a cometer errores y la pena de muerte siempre será irreversible.
Así que hicieron lo correcto y en verdad lo lógico. Abolieron la pena de muerte. Personas en otros estados donde las fallas de la pena de muerte son aún más claras deben seguir el ejemplo de Illinois. La realidad en Illinois es igualmente real en Connecticut, Maryland, Montana, o de hecho en cualquier estado que todavía emplee la pena de muerte. El peligro de ejecutar a los inocentes no será eliminado, siempre habrá un desvío de recursos de las medidas de prevención del crimen y el sufrimiento de las familias de las víctimas en curso del proceso penoso siempre será severo e innecesario.
La experiencia de Illinois ha demostrado que la pena de muerte no funciona por razones prácticas y morales. Es un castigo irreversible en un mundo imperfecto, un castigo cruel y degradante en un mundo donde deberíamos esforzarnos por respetar y promover la dignidad humana. Al rechazar la pena de muerte Illinois se ha liberado de este experimento fallido y ha logrado una enorme victoria para los derechos humanos.
Por una margen de 26 a 24 el Senado de Montano votó por revocar la pena de muerte. Veintidós demócratas y cuatro republicanos votaron por la medida (SB 185) y ahora procede a la Cámara de Representantes. Ésta es la segunda sesión legislativa en que el Senado de Montana ha refrendado la revocación.
La abolición ha llegado a ser más atractiva para los legisladores estatales en años recientes debido a la mayor conciencia del precio financiero exorbitante, el peligro de ejecutar a los inocentes y el costo penoso que el proceso de la pena de muerte tiene para las familias de las víctimas.
El nexo entre las violaciones de derechos humanos y el secretismo del gobierno es muy conocido. El abuso de los seres humanos crece donde no hay supervisión ni rendición de cuentas. Y el uso desmesurado de palabras como “la seguridad nacional” o “el terrorismo” para justificar el secretismo es muy conocido también.
Así que no me sorprende que el estado de Georgia, al rechazar todo pedido para revelar incluso información bien conocida sobre sus procedimientos de inyección letal, haya declarado de una manera descabellada que tal revelación podría “comprometer la seguridad contra el sabotaje, los actos terroristas o criminales”. Hace unos meses se declaró algo semejantemente absurdo en Texas, pero afortunadamente, y en su favor, la fiscal general de Texas denegó estas tonterías. También se debe denegar la postura ridícula de Georgia.
Otros estados y países han tratado de ocultar la información de ejecución, pero para asegurar que una democracia funcione, los ciudadanos tienen que prestar atención a lo que el gobierno hace. Deberá ocurrir sin necesidad a decirlo que el asesinato de los prisioneros deberá ser sometido al escrutinio del público.
La ejecución de Emanuel Hammond será el 25 de enero, y desde noviembre sus abogados han tratado de conseguir información sobre las drogas que se usarán para matarlo. El rechazo del estado de cumplir con esta solicitud, y su razón ridícula para rechazarlo, es un insulto al derecho del público a saber lo que hace el gobierno en su nombre.
Escrito por Brian Evans, defensor de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU
El miércoles pasado Arizona admitió que obtuvo la droga tiopentato de sodio desde una fuente que no fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), pero todavía continúa con su plan de ejecutar a Jeffrey Landrigan el 26 de octubre. El estado se niega a decir cómo obtuvo su alijo de drogas con la excusa que una ley estatal garantiza confidencialidad para los verdugos. El estado también dice que obtuvo la droga legalmente, aunque es difícil conciliar esta aseveración con la confesión que no se obtuvo la droga de Hospira, Inc., el único proveedor autorizado por la FDA.
Hay otros problemas con el plan de Arizona de matar a Jeffrey Landrigan. Por ejemplo, su abogado de defensa, quien jamás había tenido un caso que involucraba la pena de muerte, no presentó evidencia muy importante y atenuante. Desde el proceso se ha sacado tanta evidencia que la juez que lo condenó a la muerte ahora dice que ella “no tendría opción” además la de declarar que las circunstancias atenuantes son “suficientes para lenidad”
Pero ningún tribunal de apelaciones ha establecido una audiencia para examinar la aseveración de Señor Landrigan que tenía consejo inadecuado y se ha establecido la ejecución en todo caso.
En resumen, No preguntes de los fracasos del abogado de Jeffrey Landrigan y no digas a nadie las compras secretas de las drogas por los verdugos en Arizona.
Escrito por Laura Moye, directora de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU
Se llevó Brandon Rhode al hospital ayer para prevenir su muerte después de un intento de suicidio. Esa tarde el Departamento de Corrección de Georgia anunció una demora de su ejecución debido a lo que se refirió vagamente como un “incidente”. No se sujetó Rhodes a la camilla anoche pero el estado tal vez tratará de matarlo jueves.
Situaciones irregulares como ésta demuestra la crueldad de la pena de muerte. Es claro que el pensamiento de ser ejecutado era aterrador para Rhode, en la misma manera que es para todos los individuos que saben la hora, la fecha y el método mediante el cual se acabará su vida. ¿Cómo se sentirá de ahora hasta jueves mientras su cuerpo y mente recuperan del fracasado intento de suicidio y contempla el momento en que se sujete a la camilla y se mate?
Las personas que no creen que la pena de muerte sea cruel están centradas en las acciones de los criminales que cometen asesinatos y la creencia que castigo retributivo es un camino legítimo hacia la justicia. La idea de los derechos humanos, sin embargo, es que la sociedad debe establecer el estándar basado en sólo qué es cruel y inhumano y no en qué es cruel y inhumano en comparación a las peores cosas que un individuo haya hecho. De alguna manera todos entendemos que sería asqueroso violar a alguien culpable de violación y que no incendiamos la propiedad de los incendiarios, pero el asesinato de las personas que cometen asesinatos parece ser la excepción, por lo menos en la minoría de naciones que todavía implementan la pena de muerte.
La justicia retributiva puede ser gratificante a la parte primitiva del cerebro o a una sociedad que quiere una manera de aliviar su indignación. Pero la venganza es un lugar peligroso para llevar los sentimientos justificados de indignación sobre la injusticia del crimen violento. Este intento violento de suicidarse rompe el mito del cuarto de ejecución estéril, civilizado, y parecido a un cuarto de hospital. Se llevan a cabo homicidios en la camilla en ese cuarto en nombre de los ciudadanos del estado y en el proceso nos enredamos en un crimen nuevo. Invertimos millones en este sistema en vez de preguntar a nosotros mismos ¿qué salió mal en la vida de Señor Rhodes que lo condujo a hacer lo que hacía (y hacía mucho) y cómo podemos prevenir otros crímenes? Ya se sabe que la pena de muerte no es disuasoria y no hace nuestras calles más seguras. ¿Cuáles son las necesidades de los seres queridos de las víctimas del crimen violento? Hay tantas cosas que podemos hacer con nuestra energía (y dinero) en vez de resucitar a los prisioneros sólo para rematarlos.
El estado de Virginia va a ejecutar a Teresa Lewis el 23 de septiembre de 2010
Escrito por Laura Moye, directora de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU
¿Cómo puede conducirnos a la justicia la ejecución de una persona con discapacidades mentales?
El estado de Virginia va a ejecutar a Teresa Lewis el 23 de septiembre por arreglar los asesinatos de su esposo y su hijastro para recibir el dinero de seguro de vida. Por raro que parezca, este “cerebro” tiene un CI de 72 y ha sido diagnosticada con “retardo mental fronterizo”. Además, uno de los pistoleros en el caso admitió en 2004 que él era el cerebro verdadero y había determinado que Lewis era “poco inteligente y fácilmente manipulada”. Eso es exactamente lo que hizo — manipularla. Él tiene un CI de 113. Los dos pistoleros fueron condenados a cadena perpetua. Lewis, no disparó a nadie, estaba cooperativa, se declaró culpable y ahora enfrenta muerte inminente.
Es la segunda fecha de ejecución establecida este mes para una persona cuya capacidad mental está al borde del retardo mental. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que sería inconstitucional ejecutar individuos como ella, pero no se reconoció en su procedimiento legal que estos dos individuos satisficieran los criterios del “retardo mental”, que requieren varios factores. Claro que si, debería haber responsabilidad y justicia para las víctimas del asesinato, pero seguramente en una sociedad humana no se deben ejecutar a los individuos cuya culpabilidad es atenuada por su capacidad mental.
Holly Wood, un hombre afroamericano en Alabama quizás será ejecutado esta noche si el gobernador Bob Riley no interviene. El quid de la cuestión es el asunto poco sorprendente de su asesoramiento legal incompetente. El abogado que lo representó durante la fase de sentencia era novato – le faltaba experiencia con los casos que involucran la pena de muerte, ni qué hablar del derecho penal. Desatendía a compartir con el jurado información sobre las discapacidades mentales de Wood y como resultado, este factor crucial no era considerado en las deliberaciones que condujeron a la decisión que condenó a su cliente a la muerte. Aunque no había duda sobre su culpabilidad, cuatro jueces federales en tres cortes concluyeron que Wood no tenía asesoramiento legal adecuado.
Según dos jueces de la Corte Suprema, la falla en investigar la discapacidad mental de Wood demostraba “desatención y negligencia”. Así que una persona más va al pabellón de la muerte debido a un sistema que está dispuesto a permitir asesoramiento legal incompetente para las personas que enfrentan la pena más severa e irreversible de todas. Para tu información, se ha evaluado el CI de Wood a 64 y 59. Un reportero me preguntó ayer ¿por qué este resultado no servía como prueba del “retardo mental”? y ¿cómo puede ser constitucional la ejecución de Wood? La verdad es que no sé.
Escrito por Brian Evans, defensor de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU
Después de la publicación de un informe mordaz sobre el trabajo de muy mala calidad de los laboratorios de criminología de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte, el presidente de la Conferencia de los abogados de distrito de Carolina del Norte Seth Edwards dijo que “apoya una moratoria en la ejecución de todos los presos en el corredor de la muerte cuyos casos incluyen pruebas que vinieron de los laboratorios de criminología de la Oficina Estatal de Investigaciones”.
Las consecuencias de la auditoría de la Oficina y el hecho que 152 presos en el corredor de la muerte ahora están en las cortes para cuestionar su condena bajo el nuevo Acto de Justicia Racial son indicios de un sistema de justicia en caos. Tal vez sea una cosa buena. Por lo menos Carolina del Norte ha sido dispuesto a revisar críticamente su sistema de justicia.
Pero este paso adelante de introspección sólo debe ser el principio. La investigación de la Oficina Estatal de Investigaciones no fue comprensiva (sólo se investigó el laboratorio de serología; el rendimiento de la Oficina en otras tareas – huellas digitales, ADN, balística, análisis de drogas, documentos y digital – todavía tiene que ser revisado). La reciente serie impactante del Raleigh News and Observer nos da una idea de lo que se puede descubrir si se investiga todo. Los abogados de distrito de Carolina del Norte han exigido una auditoría completa de la Oficina Estatal de Investigaciones.
Debido al hecho que la ejecución de alguien inocente sería la injusticia suprema, es importante que Carolina del Norte revise todos los casos que involucran la pena de muerte, incluso los que ya se han ejecutado. La sugerencia de Seth Edwards que se implementa una moratoria parcial está bien, pero en verdad, se debe poner fin a todas las ejecuciones. Se debe poner fin a ellas para siempre.
Escrito por Brian Evans, defensor de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU
Entre los documentos legales de juez William T. Moore es una carta escrita por un ciudadano corriente de Georgia, la cual el juez pidió que se incluyera en el expediente. La carta dice:
Cuando tanto no es cierto, la pena de muerte parece poco apropiada.
Tiene sentido.
El autor de la carta correctamente observa que la audiencia de pruebas de Troy Davis en junio no resolvió nada. El testimonio de los testigos era el único disponible y con pocas pruebas físicas o científicas, no había ninguna manera infalible de conciliar los relatos que han sido las características sobresalientes del caso por 20 años. Según un nuevo informe de Amnistía Internacional (inglés), el caso de Troy Davis permanece “menos que cierto” y si se lleva a cabo una ejecución bajo estas circunstancias sería una injustica grave.
Troy Davis no tenía éxito en demostrar su inocencia ante el juez Moore. Enfrentaba una carga de la pena “extraordinariamente alta” ideada por el juez en su decisión que la ejecución de los inocentes sería inconstitucional. (La opinión del juez era muy larga y emitida en dos partes; se puede encontrar aquí y allí.) El juez dictaminó que “muchos jurados razonables” todavía votarían para declarar Davis culpable, pero eso por su puesto sugiere que algunos jurados razonables votarían para absolverlo. Se necesita un jurado unánime para condenar a alguien a la pena de muerte en Georgia.
El informe de Amnistía concluye:
La duda todavía existe. Debe ser suficiente para convencer incluso a un partidario de la pena de muerte de oponerse a la etapa irrevocable de ejecución.
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Sameer Dossani es el Director de la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional. Antes de unirse a Amnistía en 2009, Sameer desempeñó como Director de 50 Years is Enough: EE.UU. Network for Global Economic Justice que lucha por la reforma radical de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. See all »
Hace cuatro años desde que Amnistía Internacional publicó su primer informe sobre el caso de Troy Davis. En el curso de este tiempo, tres estados – Nueva Jersey, Nuevo México y Illinois – han abolido la pena de muerte y 17 hombres han sido exonerados de la pena de muerte.
