Twitter sorprendió muchas personas la semana pasada cuando declaró su nueva política de quitar los tweets en ciertos países para acatar leyes nacionales.

Aunque un tweet puede ser visible en el resto del mundo , puede desaparecer en algunos países si los gobiernos de ellos lo piden.

Eso provocó una respuesta fuerte de la comunidad del internet. Muchos lo describieron como una forma de censura. El anuncio es muy preocupante:

Mientras seguimos a crecer internacionalmente, entraremos países que tienen ideas diferentes sobre los límites de la libertad de expresión… Hasta ahora la única manera por la cual podíamos tomar en cuenta los límites de estos países era quitar el contenido a través todo el mundo. Ahora, tenemos la habilidad de ocultar contenido a usuarios de un país específico y permitir que sea visto en otras partes del mundo.

Una política nueva para una represión de la vieja escuela

Twitter dice que eso no es un cambio dramático de política sino una aclaración de una política actual. La eliminación de contenido era a la escala mundial; por ejemplo, cuando quitaba  un tweet, nadie podía verlo en ninguna parte. Ahora es diferente y Twitter puede ocultar un tweet a un país específico. Según Twitter el crecimiento de control de información en respuesta a las peticiones de gobiernos significa menos “censura”.

Esta aclaración de una política pone en desventaja a los que utilizan Twitter como una manera de superar las restricciones de expresión en su país.

Aunque hay muchos que se enojan, hay otros que se alegran. Ayer, Tailandia llegó a ser el primer gobierno que apoyó la decisión públicamente. China también apluadió la decisión. Sospecho que se alegren juntos con los otros gobiernos que tratan de cerrar Twitter al primer indicio de disensión.

Quiero mencionar que hay cinco maneras de superar la censura de Twitter.

¿Qué hará Twitter?

Tarde o temprano los gobiernos van a presionar que Twitter cambie sus condiciones de servicio para que las maneras de superar la censura sean una violación. Twitter sabe de donde twiteas y puede  prevenir la habilidad de cambiar su ubicación para superar la censura también.

Vamos a vigilarte, Twitter.

Puedes seguirme por Twitter: @sxedwards.

By Jeremy Bloom Campaigner, Central America Team,

Norma Cruz

Hace cinco días, lanzamos una acción nueva e emocionante – llamando a nuestros miembros e activistas en las redes sociales a enviar un fax a la Fiscal General de Guatemala de parte de la defensora de derechos humanos Norma Cruz.

Anoche, hablamos con Norma, dirigente de la organización de derechos de la mujer Fundación Sobrevivientes, quien ha recibido reiteradas amenazas de muerte por su labor de apoyo a las víctimas de la violencia contra la mujer y el enjuiciamiento de los responsables.

Y las noticias son buenas, parece que las autoridades realmente están prestando atención.

Norma nos dijo que el martes, recibió una llamada de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, para  preguntar sobre su estado de seguridad actual. Dijeron que la habían llamado porque les había llegado información sobre la campaña de Amnistía Internacional – la campaña a la que todos ustedes han contribuido.

Norma nos explicó que la campaña ayudará a garantizar que las autoridades Guatemaltecas sigan proporcionando medidas de seguridad a ella, a su familia y a su equipo en la Fundación Sobrevivientes.

Quería compartir su respuesta y mensaje de agradecimiento con todos ustedes:

“Quiero darle mi agradecimiento a cada uno de los miembros de Amnistía Internacional, en nombre propio, en nombre de mi equipo, en nombre de cada una de las mujeres que han sobrevivido la violencia, en nombre de todas las familias que han perdido una hija, una esposa, una hermana. Espero que con esta acción se garantice la seguridad mía pero también la protección de todas las niñas victimas.

En momentos difíciles de la Fundación, esta campaña viene a animarnos, a fortalecernos, a recordarnos de que no estamos solos.

Apoyar nuestra lucha es apoyar la lucha de muchas mujeres en Guatemala, y en todo el mundo.”

Hasta ahora, no tenemos ninguna noticia de la oficina de la Fiscal General en cuanto a las investigaciones de las amenazas que Norma recibió, pero sabemos que las autoridades han escuchado nuestra demanda para que Norma pueda llevar a cabo su trabajo libre de intimidación, amenazas y ataques.

Seguiremos exigiendo a las autoridades que se aseguren que las amenazas contra Norma sean investigadas, y que ella pueda continuar con su trabajo de apoyo a las mujeres y niñas que han sufrido por la violencia y a las familias de aquellos que han sido asesinadas brutalmente.  De tal manera Norma podrá luchar siempre por la justicia y la verdad.

Todavía puedes tomar acción por Norma y la Fundación Sobrevivientes aquí – aunque las maquinas de fax ya están saturadas, enviaremos todos sus mensajes a la Fiscal General por correo postal.

Gracias y asegúrate de que nos unas para la siguiente marea de faxes en favor de la libertad de expresión.

Por Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar los resultados de un exhaustivo estudio sobre el aborto inducido.

Las conclusiones de dicho estudio confirman que miles de mujeres y niñas de todo el mundo mueren o sufren lesiones como consecuencia de que se les niegue el acceso a servicios de aborto legales y seguros.

El informe hace que me plantee la siguiente pregunta: ¿Cómo puede un Estado ignorar la desesperación de estas mujeres y niñas, así como la gravedad de las consecuencias que esto tiene en su salud y en sus vidas?

Resulta aterrador descubrir que las conclusiones del estudio muestran un aumento en el número de mujeres y niñas que son sometidas a prácticas de aborto inseguras. Por increíble que parezca, los gobiernos siguen negando los servicios médicos esenciales en estos casos, incluidos los necesarios para evitar las lesiones psíquicas o psicológicas permanentes, o incluso la muerte, que el aborto puede ocasionar en mujeres y niñas.

El informe de la OMS también apunta que la falta de información y de servicios anticonceptivos contribuye a las elevadas cifras de embarazos no deseados.

La decisión de negar este tipo de atención no está justificada en ningún caso, puesto que constituye una forma de castigo o coacción de los Estados sobre las mujeres y niñas.

Algunos gobiernos incluso llegan a utilizar el derecho penal para hacer que se cumpla esta negación de los servicios médicos a mujeres y niñas embarazadas.

La tipificación de los servicios de aborto como delito es una medida discriminatoria y punitiva tanto en intención como en efecto. La gravedad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres y niñas a las que se les niega el acceso a atención básica representa un claro incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Una de las conclusiones más importantes del informe de la OMS es que se confirma que no existe correlación alguna entre leyes restrictivas de aborto y menores índices de prácticas abortivas. De hecho, ocurre más bien lo contrario.

La información ofrecida por la OMS confirma que en aquellos lugares en los que no existen servicios legales y seguros de aborto, algunas mujeres y niñas inevitablemente recurren a la autoinducción del aborto o a centros clandestinos donde pueden practicárselo.

Las mujeres y niñas que están sumidas en el miedo, la vergüenza y la desesperación toman la dolorosa decisión de ingerir veneno, de intentar eliminar el feto de su cuerpo con un alambre u otro objeto punzante, o de recurrir a la ayuda de personas no cualificadas que, en condiciones de pésima higiene, les ayuden a interrumpir el embarazo.

Muchas de estas mujeres y niñas quedarán estériles o inválidas, y algunas incluso morirán como consecuencia de las lesiones provocadas por estas prácticas. ¿Por qué debe obligarse a estas mujeres y niñas a tomar medidas tan desesperadas y por qué debe privárseles de su dignidad?

En 2009 entrevisté a Rosmery, una niña de 13 años de Managua, Nicaragua. Rosmery tenía tan solo 12 años cuando se quedó embarazada tras repetidas violaciones por parte de un familiar.

En Nicaragua existe una prohibición total del aborto, incluso si una niña se ha quedado embarazada como consecuencia de actos de violencia sexual o si su vida corre peligro si continúa con el embarazo.

Rosmery tan solo quería seguir yendo a la escuela, ser como el resto de las niñas de su edad e intentar evitar que esta violación marcase el resto de su vida. Su madre encontró a un profesional cualificado que pudiera practicarle el aborto de forma clandestina, pero en un lugar limpio y seguro.

Rosmery y su madre me explicaron su constante preocupación ante la posibilidad de que alguien lo descubriese o presentase cargos penales contra la niña y quienes la ayudaron. El hecho de que el aborto estuviese penalizado se sumó al estigma que Rosmery ya sentía.

¿Por qué habría que hacer sentir a una víctima de violación como Rosmery que está cometiendo un delito por intentar aliviar las consecuencias del delito que ella ha sufrido?

Con la existencia de leyes que restringen el acceso a servicios legales y seguros de aborto, el Estado transmite a las mujeres y niñas que no tienen el mismo derecho a recibir tratamientos para proteger su vida y su salud que quienes requieren esos mismos tratamientos en otras circunstancias.

El informe de la OMS concluye que “la muerte provocada por la práctica insegura del aborto continúa siendo un hecho importante y evitable, como lo son las consecuencias sociales, económicas y de la salud ocasionadas por los abortos inseguros”.

Saber que las muertes y lesiones que sufren miles de mujeres y niñas en el mundo podrían evitarse por completo es absolutamente descorazonador.

Vuelvo a mi pregunta inicial: ¿Cómo puede un Estado ignorar la desesperación de estas mujeres y niñas, así como la gravedad de las consecuencias que esto tiene en su salud y en sus vidas?

Otro preso de conciencia cubano, Orlando Zapata Tamayo, murió bajo custodia en febrero de 2010 por una huelga de hambre. © Getty Images

La muerte bajo custodia de un preso de conciencia cubano tras una huelga de hambre es un trágico recordatorio de la intolerancia del gobierno de Raúl Castro con la disidencia.

Wilman Villar Mendoza, de 31 años, falleció esta mañana en el hospital Juan Bruno Zayas, de la ciudad de Santiago, al que había sido trasladado desde la cárcel el pasado 13 de enero por problemas de salud presuntamente ocasionados por la huelga de hambre que había iniciado para protestar por su juicio y encarcelamiento injustos.

Wilman estaba cumpliendo una condena de cuatro años de cárcel por cargos relacionados con su participación en una manifestación pública en contra del gobierno.

“La responsabilidad por la muerte bajo custodia de Wilman Villar Mendoza recae directamente en las autoridades cubanas, que lo habían juzgado y encarcelado de forma sumaria por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha expresado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Su trágica muerte pone de relieve la honda desesperación en la que están sumidos otros presos de conciencia cubanos que siguen consumiéndose en las cárceles del país y que deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.”

El 14 de noviembre de 2011, la policía arrestó a Wilman Villar Mendoza y a otros ocho miembros de la Unión Patriótica Cubana, un grupo disidente de la ciudad de Contramaestre, al este del país, por participar en una manifestación contra el gobierno de Cuba.

Mientras estuvo bajo custodia, la policía intimidó a Wilman Villar Mendoza diciéndole que lo harían desaparecer o que lo encarcelarían por cargos penales derivados de un arresto anterior si no cesaba en sus protestas y abandonaba el grupo disidente.

Fue puesto en libertad después de permanecer tres días bajo custodia de la policía, pero fue citado el 24 de noviembre ante el Tribunal Municipal de Contramaestre. Los jueces lo juzgaron a puerta cerrada y desestimaron el testimonio de la esposa de Wilman y de otros testigos de la defensa.

El activista fue condenado a cuatro años de cárcel y lo trasladaron inmediatamente a la prisión de Aguadores, en Santiago, la capital de provincia. Ese mismo día, Wilman inició una huelga de hambre en protesta por la sentencia dictada contra él.

Con motivo del deterioro de la salud de Wilman durante los últimos días, los miembros de la Unión Patriótica Cubana y del grupo de oposición las Damas de Blanco organizaron una vigilia a las puertas del hospital. El 18 de enero, los funcionarios de seguridad disolvieron la concentración y detuvieron a más de una docena de personas.

Wilman Villar Mendoza no es el primer preso de conciencia que muere bajo custodia en Cuba.

Orlando Zapata Tamayo, un preso de conciencia que fue encarcelado en marzo de 2003 tras las medidas represivas de la Primavera Negra contra los grupos de la oposición, murió en la cárcel el 23 de febrero de 2010 tras permanecer varias semanas en huelga de hambre.

De Sauro Scarpelli, director de campaña en el Equipo de Individuos en Situación de Riesgo, Amnistía Internacional

Norma Cruz, defensora guatemalteca de los derechos humanos, es la directora de la Fundación Sobrevivientes (c) Amnistía Internacional

Norma Cruz es una defensora de derechos humanos que ha recibido 47 amenazas de muerte en mensajes de texto enviados a su teléfono móvil. Como dirigente de la organización guatemalteca de derechos de la mujer Fundación Sobrevivientes, recibe reiteradas amenazas de muerte sólo por su labor de apoyo a las víctimas de la violencia contra la mujer y a favor del enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes.

En Amnistía Internacional celebramos este año nuestro 50 aniversario; desde nuestros inicios luchamos por la libertad de expresión. Esa fue nuestra primera campaña y, lamentablemente, 50 años después, a pesar de todo lo que ha cambiado el mundo, quienes defienden los derechos humanos siguen siendo silenciados, encarcelados y amenazados con la violencia con formas nuevas y diferentes.

En nuestro año 50 de existencia seguimos luchando a favor de la libertad de expresión haciendo campaña junto con Norma Cruz.

El año pasado, miles de personas escribieron cartas a la fiscal general de Guatemala pidiendo que se iniciara una investigación completa e imparcial de las amenazas que venía recibiendo Norma desde 2008.

El gobierno de Guatemala ha escuchado estos llamamientos procedentes de activistas de todo el mundo. En septiembre, una de las personas que amenazó de muerte a Norma Cruz fue declarada culpable.

Poco después de este hecho positivo, Norma nos escribió para decirnos que gracias a nuestras cartas los medios de comunicación prestaron mucha más atención a su caso, lo que obligó al gobierno de Guatemala a darle mayor protección.

No hay duda: la presión global funciona en el ámbito local.

Pero quedan cosas por hacer. Todavía no se ha hecho ningún avance ni investigación sobre las amenazas que recibió Norma en 2010.

Para que eso suceda, tenemos que aumentar la presión sobre las autoridades guatemaltecas para que investiguen y enjuicien efectivamente a los responsables de las amenazas. Un resultado positivo en estos casos sentaría un precedente para futuras investigaciones sobre amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, y sería un paso en la dirección correcta para garantizar la seguridad de Norma Cruz, a fin de que pueda continuar su trabajo vital de apoyo a las víctimas de la violencia contra la mujer.

Por eso Amnistía Internacional empieza el año con una magnífica acción de envío de faxes. ¡Actúa ya!

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¡Usa tu voz para luchar por la libertad de expresión!

Ha habido un incremento de desapariciones forzadas en todo México con la lucha contra las redes de crimen organizado por parte de las fuerzas armadas. © Particular

Las autoridades de México deben aprobar y aplicar leyes que tipifiquen como delito las desapariciones forzadas de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.

Nuevo León, próximo a la frontera con Estados Unidos, es uno de los estados mexicanos que han experimentado una oleada de violencia en los últimos años, que incluye secuestros y desapariciones forzadas en las que están implicados miembros de bandas criminales, las fuerzas armadas y la policía.

El 19 de enero, las autoridades estatales llevarán a debate un proyecto de ley para tipificar como delito las desapariciones forzadas. De aprobarse esta ley, Nuevo León se sumaría a los otros ocho estados mexicanos que ya cuentan con una legislación similar.

“En muchas de las desapariciones forzadas que se producen en México está implicada la policía municipal o estatal, lo que significa que la jurisdicción federal y la legislación federal actual pueden no tener competencia sobre ello”, ha explicado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“La aprobación de esta ley clave en Nuevo León reforzaría los esfuerzos de todo el país por introducir una legislación al respecto y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de casos presentes y futuros de desapariciones forzadas.”

Los casos de detenciones y secuestros ilegales de México en los que están implicados funcionarios públicos normalmente no se investigan, ya que las autoridades prefieren que toda la responsabilidad recaiga únicamente sobre las organizaciones criminales.

“Según el derecho internacional, los Estados deben evitar las desapariciones forzadas y llevar a los responsables ante los tribunales”, ha dicho Javier Zúñiga.

“Las autoridades no deben esperar a que se apruebe la nueva legislación para actuar de forma inmediata en los numerosos casos en los que existen indicios evidentes de la implicación del ejército, la armada o la policía.”

Casi 50.000 personas han sido asesinadas y miles de ciudadanos continúan desaparecidos en todo México desde diciembre de 2006, fecha en la que el presidente Calderón ocupó su cargo y comenzó a hacer uso de las fuerzas armadas para luchar contra las redes de crimen organizado.

El conflicto entre los cárteles de la droga se ha extendido a muchos estados y ciudades como Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.

Existen numerosas denuncias por connivencia de funcionarios públicos. La respuesta militar a las bandas criminales está teniendo como resultado graves violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen actos de tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos. La respuesta general a todos estos delitos es la impunidad.

Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado cientos de casos de secuestros y desapariciones en el estado. Afirman que la policía estatal y municipal, con frecuencia acusada de connivencia con bandas criminales, ha estado implicada directa o indirectamente en el 40 por ciento de estos casos.

De acuerdo con el sistema de gobierno federal de México, cada uno de los 31 estados que componen el país, junto con el Distrito Federal de Ciudad de México, tiene su propia jurisdicción penal. Esto significa que la responsabilidad de investigar y enjuiciar delitos como desapariciones forzadas, detenciones ilegales y secuestros generalmente recae en los estados y no en las autoridades federales.

Las víctimas de estos delitos y las ONG se encuentran con innumerables obstáculos para lograr que estos casos se investiguen de forma efectiva y para aclarar el papel desempeñado por los funcionarios estatales.

México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar los informes presentados por las víctimas u otros Estados Parte en la Convención.

“Al no contar con leyes adecuadas que garantizan la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas de forma efectiva como un tipo de delito, México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales”, ha afirmado Javier Zúñiga.

“Pedimos a los legisladores de Nuevo León y de otros estados mexicanos que cambien esta situación.”

Después de mi entrada anterior en este blog en la que intenté convencer que el acceso al internet fuera un derecho fundamental, quiero dirigirme al proyecto de ley Stop Online Piracy Act (SOPA) desde el punto de vista de los derechos humanos.

En la entrada anterior, hice referencia al artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más precisamente, sólo hice referencia a la primera sección del artículo 27. Se puede interpretar la segunda sección como una garantía del derecho a la propiedad intelectual y establece lo siguiente:

Todos tienen derecho a la protección de los intereses morales y materiales que resultan de cualquier obra científica, literaria o artística de la que son el autor.

Si tratamos de dejar a un lado una interpretación cínica de la origen de SOPA (hay intereses comerciales en controlar el contenido digital), los esfuerzos para proteger los derechos de la propiedad intelectual están de acuerdo con el artículo 27 de la UDHR. De verdad, un gobierno que no hace ningún esfuerzo para abordar las violaciones de propiedad intelectual no cumpliría sus obligaciones acerca de los derechos humanos.

Pero el problema con SOPA y el proyecto de ley parecido en el Senado – PIPA – no es el  esfuerzo para combatir la piratería en línea sino la manera en que es emprendido porque pone en peligro una amplia variedad de derechos humanos por medio de hacer difícil compartir y obtener acceso a la información. También incentivaría la censura de contenido generado por usuarios. La aprobación de estos proyectos demostraría a los otros países en el mundo que está bien si quieren sacrificar unos derechos para hacer algo “bueno”.

Descomponer el internet

Hasta muy recientemente, SOPA habría permitido que el ministro de justicia de EEUU implemente el bloqeo de DNS – esencialmente una manera por la que el gobierno estadounidense puede redirigir el acceso a cualquier página web en el internet mundial sin juicio, supuestamente para cerrar las pagínas que facilitan la piratería. No sólo las páginas de EEUU sino también cualquier pagína en todas partes. El lenguaje impreciso no limita este poder. Además es el mismo poder y técnica que implementa China (y la razón por la que no se puede visitar amnesty.org desde Beijing).

Según el ciber-zar de la Casa Blanca este poder de poner en la lista negra las páginas web  presentaría “un riesgo grande a la ciberseguridad”. Propongo que una razón mejor para acabar con esta provisión que descompone el internet sería la restricción a la libertad de expresión, la falta de debido proceso y el poder pavoroso de restringir el acceso a la información.

A través el Oriente Medio, África de Norte y actualmente en Siria, los activistas y manifestantes pueden compartir video, fotos e información sobre sus experiencias y problemas debido a la creciente conectividad digital. El riesgo que se corre por poner información al alcance del mundo es grave. La manera de esquivar este problema es el uso de una herramienta como Tor. SOPA haría ilegal esta herramienta imprescindible para llamar la atención del mundo a los abusos que merecen esta atención.

La policía de internet

Además, SOPA crearia incentivos fuertes para que las empresas censuren la información que publicamos en sus páginas. En el año pasado, Rebecca Mackinnon dijo que SOPA quitaría las provisiones de puerto seguro de la Digital Millennium Copyright Act, es decir que páginas con contenido generado por los usuarios – Flickr, YouTube, Facebook, Twitter y otras – tendrían que vigilar el contenido sus mismos en vez de responder a una queja de violación de propiedad intelectual. (Debo añadir que las páginas de Eyes on Syria y Eyes on Nigeria de Amnistía tienen elementos de Flickr y Youtube.)

Twitter, Google, Facebook y otras empresas de Internet expresaron su oposición a SOPA a miembros importantes del Senado en noviembre. La vigilancia constante del contenido generado por los usuarios sería muy cara. La verdad es que estas empresas no quieren ser la policía del internet.

No queremos que sean la policía. Aunque no tengo ninguna queja filosófica con estas empresas, son empresas – no son defensores de la libertad de expresión o reunión. No tomarían riesgos por tu contenido digital y por lo tanto, SOPA incentiva la censura incluso en los casos en que no hay mucha probabilidad de una violación de la propiedad intelectual.

SOPA y PIPA no abordarían eficazmente la piratería. Ya hay técnicas para socavar y superar SOPA antes de la votación. Se debe cavilar un poco más cuando se trata de los derechos en el espacio digital.

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Han transcurrido dos años desde el devastador terremoto de Haití y medio millón de personas siguen viviendo en campamentos provisorios. © Amnistía Internacional

Cientos de miles de haitianos y haitianas que viven en campamentos provisorios siguen expuestos al peligro de desalojo forzoso ilegal y otras violaciones de derechos humanos.

En la últimas semanas, las autoridades haitianas han practicado una serie de desalojos forzosos en campamentos ubicados en lugares públicos en torno a la capital, Puerto Príncipe, lo que de nuevo dejó sin hogar de manera efectiva a cientos de personas damnificadas por el terremoto del 12 de enero de 2010.

Transcurridos dos años desde que el terremoto acabase con la vida de 230.000 personas y provocara lesiones a 300.000, se calcula que medio millón de personas vive aún en condiciones atroces en centenares de ciudades-tienda en Puerto Príncipe y alrededores.

“Hace dos años, cuando el terremoto azotó Haití, supuso un trauma nacional, pero la situación de verse viviendo en la calle a causa de un desalojo forzoso ilegal es una crisis evitable que traumatiza aún más a las víctimas y representa una violación de los derechos humanos”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

En un desalojo forzoso sucedido recientemente, durante la noche del 20 al 21 de diciembre de 2011, se sacó de forma violenta a cerca de 1.000 residentes de un campamento de Place Jérémie, una plaza de Puerto Príncipe.

Según testigos presenciales, unas 10 personas que blandían cuchillos, machetes y palos llegaron al campamento alrededor de las 4 de la madrugada del 21 de diciembre y comenzaron a destruir las tiendas. Según informes, en el campamento se alojaban unas 945 personas: 79 familias, entre cuyos miembros había mujeres embarazadas, personas ancianas y 225 menores de edad.

Una mujer que vivía en Place Jérémie describió el desalojo de la siguiente manera: “Estaba durmiendo con mi bebé de 15 días. Tiraron abajo la tienda, encima de mí, sin avisar. No tuve tiempo de llevarme nada. Sólo pude salvar al bebé. He perdido toda la ropa del bebé. Pasé la noche [a la intemperie] y no tengo nada con que tapar a mi hijo”.

Algunas horas antes dos hombres pertenecientes a un movimiento local, la Asociación de Jóvenes Progresistas de Bas-Peu-de-Choses, había visitado el campamento y habían ido de tienda en tienda para realizar un “censo” improvisado de los residentes.

A los residentes desalojados se les entregó luego un sobre con una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y los 10.000 gourdes (entre 25 y 250 dólares estadounidenses).

En el momento del desalojo se vieron en la zona tres vehículos policiales, pero la policía no intervino para detener el asalto al campamento. También se ha acusado a agentes vestidos de paisano de tomar parte en el desalojo forzoso.

Cuando ONG locales interpelaron a las autoridades de Puerto Príncipe acerca del incidente, un portavoz negó toda responsabilidad con respecto al desalojo o la reubicación de las familias que habían quedado sin hogar.

Tras el desalojo de Place Jérémie, un grupo de ONG haitianas exigieron a las autoridades del país respuestas acerca del incidente, ya que nadie había asumido la responsabilidad por lo sucedido.

Crecen las denuncias de la población haitiana sobre tácticas de coacción empleadas para que abandone los campamentos en los que vive desde el terremoto de 2010, como por ejemplo sobornos con dinero y amenezas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados vestidos de paisano.

Los desalojos forzosos se producen con frecuencia sin previo aviso y sin consultar a las personas que viven en los campamentos. También con frecuencia se hace un uso excesivo de la fuerza, a veces con el conocimiento evidente o participación directa de la policía haitiana.

Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades haitianas a cumplir las leyes nacionales y las normas internationales a la hora de realojar a los damnificados por el terremoto para que no sigan en campamentos provisorios.

La organización también ha pedido reiteradamente a la ONU y a la comunidad internacional que intensifiquen su apoyo al gobierno haitiano para que proporcione a las personas internamente desplazadas alternativas de vivienda adecuadas y garantice que no se tolerarán los desalojos ilegales.

“El respeto por los derechos humanos debe ser el eje del plan de reconstrucción de las autoridades haitianas –los desalojos de los campamentos deben llevarse a cabo según el proceso debido y debe ofrecerse a las familias desplazadas alternativas de vivienda adecuadas”, ha manifestado Javier Zúñiga.

En el primer aniversadio del terremoto, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba cómo las mujeres y las niñas que viven en los campamentos estaban más expuestas a sufrir violencia sexual y violación, a menudo a manos de hombres armados que merodean por los campamenos de noche

Poco se ha hecho para mejorar esa situación: las mujeres y niñas haitianas siguen sufriendo una violencia escandalosa.

La no clausura por el gobierno estadounidense del centro de detención de Guantánamo está dejando un legado tóxico para los derechos humanos.

En un informe publicado con motivo del aniversario, titulado Guantánamo: A Decade of Damage to Human Rights, Amnistía Internacional pone de relieve el trato ilegítimo que se inflige a los detenidos de Guantánamo y expone las razones por las que el centro de detención sigue representando un atentado contra los derechos humanos.

“Guantánamo ha llegado a simbolizar 10 años de falta de respeto sistemática a los derechos humanos por Estados Unidos en su respuesta a los atentados del 11-S. El gobierno estadounidense ignoró los derechos humanos desde el primer día de detenciones en Guantánamo. Cuando comienza el undécimo año de vida del centro de detención, esta falta de respeto continúa”, declaró Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

Pese al compromiso del presidente Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010, a mediados de diciembre de 2011 el centro albergaba a 171 hombres. Al menos 12 de los trasladados a Guantánamo el 11 de enero de 2002 seguían recluidos ahí. Uno de ellos cumple una condena a cadena perpetua impuesta tras ser declarado culpable por una comisión militar en 2008. Ninguno de los 11 restantes ha sido acusado formalmente.

El gobierno de Obama —de hecho, gran parte de los tres poderes del Estado que integran el gobierno federal— ha adoptado el marco de la “guerra” global ideado durante la presidencia de Bush. El gobierno dejó claro en enero de 2010 que cabía la posibilidad de que cuatro docenas de los detenidos de Guantánamo no fueran enjuiciados ni puestos en libertad, sino que permanecieran en detención militar indefinida sin cargos ni juicio penal en virtud de la interpretación unilateral de Estados Unidos de las leyes de la guerra.

“Hasta que Estados Unidos aborde estas detenciones como una cuestión de derechos humanos, el legado de Guantánamo pervivirá con independencia de si se cierra o no el centro de detención”, dijo Rob Freer.

El centro de detención de Guantánamo, situado en la base naval estadounidense en Cuba, se convirtió en un símbolo de tortura y otros malos tratos cuando se abrió, cuatro meses después de los atentados del 11-S.

Entre los detenidos que siguen ahí en la actualidad hay personas que fueron sometidas a tortura y desaparición forzada por Estados Unidos antes de ser trasladadas a Guantánamo. La rendición de cuentas por estos crímenes de derecho internacional cometidos en un programa de detención secreta gestionado bajo la autoridad presidencial es escasa o nula. El gobierno estadounidense viene bloqueando sistemáticamente todos los intentos de los ex detenidos de obtener una reparación por estas violaciones.

En 10 años, sólo uno de los 779 detenidos de la base ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por una corte federal ordinaria. Otros han sido sometidos a juicios injustos ante comisiones militares. En la actualidad el gobierno trata  de obtener  en este tipo de juicios la pena de muerte para seis de los detenidos.

El gobierno de Obama culpa del hecho de que no se haya cerrado el centro de detención de Guantánamo al Congreso, que de hecho no ha garantizado el cumplimiento por Estados Unidos de los principios internacionales de derechos humanos en este contexto.

“En virtud del derecho internacional, no se pueden invocar las leyes y la política nacionales para justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en un tratado. Es una respuesta inadecuada que uno de los tres poderes del Estado culpe a otro de que en el país se vulneren los derechos humanos. El derecho internacional exige que se busquen soluciones, no excusas”, concluyó Rob Freer.

La resistencia de los manifestantes en 2011 ha cambiado el panorama regional de los derechos humanos. © AP Photo / Tarek Fawzy

¿Ha mejorado la situación de los derechos humanos de la población en 2011 como consecuencia de los levantamientos en Oriente Medio y Norte de África?

No cabe duda de que en 2011 muchas personas de toda la región sufrieron graves violaciones de derechos humanos en una escala extrema. Para la población de Siria, Yemen, Egipto y Bahréin, entre otros, la protección de los derechos humanos todavía puede parecer una perspectiva remota.

La resistencia de los manifestantes en 2011 ha cambiado el contexto de los derechos humanos en la región. El alcance y el grado de brutalidad de la represión ejercida por algunos Estados han avergonzado a aliados y donantes que antes estaban dispuestos a pasar por alto violaciones de derechos humanos en nombre de la estabilidad.

Muy pocos podían imaginar, ni siquiera en enero de 2011, que la Liga de los Estados Árabes iba a suspender la condición de miembro a Libia al mes siguiente por razones de derechos humanos.

En Bahréin, la acción represiva del gobierno suscitó tanta preocupación internacional y oposición interna que el rey tomó la medida sin precedentes de encargar una investigación internacional independiente sobre los hechos; el informe correspondiente, de 500 páginas, ofrecía un estremecedor relato de violaciones de derechos humanos. Ahora queda la duda de si las autoridades van a aplicar sus recomendaciones.

Hasta Siria,  país consentido durante mucho tiempo por aliados que bloqueaban resoluciones y ayudaban de otras formas al régimen cuando cometía crímenes de lesa humanidad, se vio obligado a aceptar la visita de observadores de la Liga Árabe al final del año.

Menos de un año después de la caída del ex presidente Zin el Abidín ben Alí, el presidente interino de Túnez es un activista de derechos humanos y ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional, Moncef Marzouki. En una reunión con representantes de la sociedad civil tunecina, Moncef Marzouki firmó el Manifiesto por el Cambio de Amnistía Internacional y se comprometió a adoptar 10 medidas clave en materia de derechos humanos. Le exigiremos que cumpla sus promesas, como lo harán los miles de personas que salieron a protestar hace un año.

En otros Estados de la región, como Arabia Saudí y Argelia, la incidencia de protestas multitudinarias en 2011 fue menor. No obstante, muchos confían en que los acontecimientos del año pasado sirvan para que sus gobiernos, que han venido demorando la adopción de medidas destinadas a mejorar el respeto de los derechos humanos, acometan reformas reales que debían haber realizado hace tiempo.

¿Cuántas personas han muerto en los distintos levantamientos por toda la región?

Túnez: Según datos oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas durante las revueltas en diciembre de 2010 y enero de 2011.

Egipto: Según el Ministerio de Salud egipcio, al menos 848 personas perdieron la vida durante las revueltas de enero y febrero. Con posterioridad, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de alrededor de un centenar de muertes más en protestas.

Yemen: Más de 200 personas han resultado muertas en relación con las protestas desde febrero, y cientos más han perdido la vida en enfrentamientos armados.

Siria: Según afirmó la ONU en diciembre, en su opinión se había dado muerte a más de 5.000 personas desde el inicio de las protestas en marzo, incluidos desertores del ejército, civiles y personas que habían sido ejecutadas por negarse a disparar contra manifestantes. La propia Amnistía Internacional ha documentado con detalle 4.401 muertes aunque piensa que el número real es muy superior. Al término del año, Amnistía Internacional había recibido informes sobre más de 210 casos de muerte bajo custodia, un índice más de 40 veces superior al promedio anual más reciente de Siria.

Bahréin: Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de al menos 48 personas muertas en las protestas desde febrero.

Libia: Miles de civiles y combatientes perdieron la vida tras el levantamiento contra el coronel Gadafi en febrero. Ha sido imposible confirmar el número exacto debido a las dificultades para acceder a extensas zonas de Libia en los periodos de conflicto así como a la interrupción de los servicios médicos y la ausencia de patólogos forenses en muchas partes del país.

¿Quiénes deben rendir cuentas por los abusos cometidos contra manifestantes en 2011?

En Egipto se está juzgando al ex presidente Mubarak, al ex ministro del Interior Habib Ibrahim al Adly y a otros seis ex altos cargos de la policía por múltiples cargos, incluido el de “homicidio con premeditación de algunos participantes en las protestas pacíficas de la revolución de enero de 2011”, por el que la acusación ha pedido la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, por infames que puedan ser los delitos. Hosni Mubarak, sus dos hijos y un socio comercial próximo se enfrentan además a cargos de corrupción y malversación de fondos públicos. Otros juicios celebrados contra miembros de las fuerzas de seguridad de menor graduación normalmente han concluido con su absolución.

El ex presidente de Túnez, Zin el Abidín ben Alí, huyó el 14 de enero de 2011 a Arabia Saudí, donde permanece exiliado a pesar de que las autoridades tunecinas han solicitado al gobierno saudí su extradición. Ben Alí está siendo juzgado –in absentia– desde diciembre junto a unos 40 altos cargos por el homicidio de manifestantes. Desde junio de 2011, Ben Alí y varios miembros de su familia han sido declarados culpables in absentia de varios delitos, entre ellos malversación de fondos, posesión ilegal de armas y drogas, fraude hipotecario y abuso de poder.

En Libia, el homicidio de Muamar Gadafi, cuya detención había ordenado la Corte Penal Internacional, frustró toda posibilidad de que miles de víctimas de abusos cometidos bajo su régimen obtuvieran justicia. Su hijo Saif al Islam al Gadafi, también reclamado por la Corte por cargos de crímenes de lesa humanidad, está recluido en Zintan bajo la custodia de una milicia armada que hasta la fecha se ha negado a entregarlo al Consejo Nacional de Transición o a permitirle el acceso a un abogado. Aún no está claro dónde va a ser juzgado. Abdalá al Sanussi, ex jefe de los servicios de inteligencia libios, también está reclamado por la Corte y continúa en libertad. Las autoridades libias han solicitado a Túnez la extradición del ex primer ministro Baghdadi Mahmudi para su enjuiciamiento. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades tunecinas que no permitan su extradición si corre peligro de sufrir tortura y de que lo sometan a un juicio manifiestamente injusto en Libia.

En Bahréin, el gobierno ha anunciado a principios de 2012 que se está investigando a 48 agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas antigubernamentales de 2011. La Fiscalía ha afirmado que está investigando 107 casos de violaciones de derechos humanos que incluyen tortura, muertes bajo custodia y homicidios ilegítimos.

Amnistía Internacional ha solicitado una investigación internacional, independiente e imparcial sobre las continuas violaciones de derechos humanos de Yemen, y ha condenado la inmunidad frente al procesamiento para el presidente Alí Abdulá Salé y otros a cambio de abandonar el cargo que al parecer forma parte de un acuerdo sobre el traspaso de poderes firmado en noviembre de 2011. Según informes, el nuevo ministro de Derechos Humanos firmó el 19 de diciembre que se establecería una comisión independiente e imparcial para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2011. Queda por ver si se va a cumplir.

La organización pidió en abril por primera vez que se remitiera la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, y ha seguido haciéndolo cuando han surgido nuevas pruebas de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Debido a la determinación con que algunos países protegen a Siria a toda costa en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Rusia y China, se sigue eludiendo la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional en el país.

Algunos comentaristas han insinuado que el éxito de los partidos islamistas en Túnez y Egipto supone una amenaza para los derechos humanos. ¿Qué postura tiene al respecto Amnistía Internacional?

Los movimientos y partidos islamistas han sido duramente reprimidos durante años en varios países de Oriente Medio y Norte de África. Los manifestantes de 2011 reclamaban mayor libertad para expresar sus ideas políticas y asociarse libremente. Ahora que se presenta la oportunidad de romper con décadas de represión, concretamente para Túnez, Libia y Egipto, es preciso aprovecharla respetando el derecho de todas las personas a no sufrir discriminación y a la igualdad de género, así como su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y a la igualdad.

No podemos hacer conjeturas sobre lo que va a hacer ningún grupo político en el gobierno. Pero exigiremos a todos los gobiernos que rindan cuentas en función de las mismas normas internacionales de derechos humanos. Esperamos que adopten y mantengan reformas fundamentales en materia de derechos humanos, como la promulgación de disposiciones legales que protejan a las mujeres de la discriminación y la violencia basada en el género y la reforma de todas las leyes y prácticas que discriminen a minorías religiosas, étnicas o de otra índole. En particular, los derechos de las mujeres no pueden ser sacrificados en el proceso de transición.

En el periodo anterior a las elecciones parlamentarias celebradas en Egipto y Túnez, Amnistía Internacional se puso en contacto con los partidos políticos de ambos países para pedirles que formularan 10 compromisos para proteger los derechos humanos. Fue muy decepcionante que varios partidos plantearan reservas con respecto a la igualdad de género, la no discriminación y la pena de muerte.

¿Qué papel han representado las mujeres en las revueltas y cómo afectan los cambios en la región a sus derechos?

La concesión del Premio Nobel de la Paz en octubre a Tawakkol Karman, destacada activista yemení partidaria de las reformas, junto a otras dos mujeres supone el reconocimiento del protagonismo de las mujeres en los levantamientos del año pasado. En Bahréin, Siria o Irak, las mujeres estuvieron en el centro de las manifestaciones y el activismo, y no se libraron de algunos de los peores episodios de violencia.

La visible participación de las mujeres en el levantamiento de Egipto creó expectativas sobre el avance de sus derechos tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak. La realidad ha sido una aplastante decepción. Desde que asumió el poder, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha sometido a mujeres manifestantes a “pruebas de virginidad” forzosas y otros tratos brutales durante las manifestaciones, incluidas palizas y abusos sexuales. Las mujeres son excluidas por sistema de la toma de decisiones prácticamente en todos los niveles. El comité elegido para proponer enmiendas constitucionales se constituyó con ocho juristas, entre los que no había una sola mujer. El Consejo Supremo canceló además la ley de cuotas que aseguraba a las mujeres la ocupación de escaños en el Parlamento, sin que fuera sustituida por alguna medida destinada a garantizar la igualdad de participación de las mujeres en la vida política. Es probable que debido a ello el nuevo Parlamento egipcio contenga un número muy reducido de parlamentarias.

En Túnez, el gobierno provisional retiró las reservas del país a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que supuso un importante avance hacia la igualdad de género y un buen precedente para otros gobiernos. Pero en las elecciones de octubre, muchas mujeres vieron con inquietud cómo se les impedía participar en pie de igualdad con los hombres y eran marginadas por los partidos políticos, que presentaron mayoritariamente a hombres en sus principales candidaturas.

En Libia, la rápida transformación de las protestas antigubernamentales en un conflicto armado en toda regla redujo la visibilidad y participación de las mujeres en primera línea, aunque muchas contribuyeron al esfuerzo opositor y sufrieron las consecuencias. Las fuerzas de Gadafi detuvieron a mujeres durante el conflicto y golpearon a muchas, en medio de informes de violaciones. Algunas mujeres detenidas por fuerzas afines al Consejo Nacional de Transición en Al Zawiya, Trípoli y Misrata afirmaron que habían sufrido abusos sexuales antes o en el transcurso de la detención. La representación de las mujeres en instituciones influyentes sigue siendo escasa. En diciembre, el Consejo Nacional de Transición sólo contaba con dos mujeres entre sus 61 miembros de designación pública y, de los 27 integrantes del nuevo gobierno, sólo dos eran mujeres. En octubre hubo una señal preocupante: el máximo dirigente del Consejo manifestó públicamente su apoyo a la poligamia.

En Bahréin, miles de mujeres participaron en las manifestaciones contra el gobierno, varias decenas fueron detenidas y, según informes, algunas sufrieron tortura u otros malos tratos.

En Yemen se ha hostigado, detenido y en algunos casos golpeado a mujeres activistas y otras por participar en las protestas. Algunas también han recibido amenazas a través de su familia: se ha conminado a sus familiares varones a controlarlas y restringir su activismo.

En Arabia Saudí también se sumaron mujeres a las protestas en la Provincia Oriental y otras zonas, principalmente para pedir la liberación de sus familiares varones recluidos sin cargos ni juicio durante años. Se detuvo a decenas, que normalmente no fueron liberadas hasta que familiares varones se comprometieron por escrito a garantizar que no volverían a hacerlo. Además, se puso en marcha una campaña para que las mujeres empezaran a conducir vehículos a partir del 17 de junio como medida de protesta por la prohibición. Según informes, decenas de mujeres se sumaron a la iniciativa; algunas fueron detenidas y obligadas a firmar documentos en los que se comprometían a desistir. Al menos dos se enfrentaron a juicio. En septiembre, en aparente reacción a las aspiraciones de cambio, el rey anunció que a partir de 2015 las mujeres podrían votar y presentarse a las elecciones municipales, únicos comicios públicos que se celebran en el país. Se trataba de un paso discreto pero bien recibido para superar la discriminación profundamente arraigada que sufren las mujeres en Arabia Saudí.

En 2012, al continuar su lucha por la igualdad de acceso a los espacios públicos, las mujeres deben participar plenamente y en pie de igualdad con los hombres en el proceso de reforma política y de derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África. Debe reconocerse a mujeres y hombres la igualdad de acceso a la participación política y la toma de decisiones, así como los mismos derechos en la legislación en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, entre otras cosas. Las mujeres deben tener protección jurídica frente a la violencia basada en el género –que incluye la violencia en el ámbito familiar y la violación conyugal– y el acoso sexual.

¿Qué espera Amnistía Internacional que suceda en 2012?

Los gobiernos de los países que están en proceso de transición en toda la región deben demostrar que tienen voluntad política para ofrecer cambios reales. La población ha demostrado con toda claridad que quiere derechos humanos ahora y no va a aceptar ningún retraimiento de las promesas de reforma. Ha llegado el momento de poner freno a las fuerzas de seguridad, formar a la policía en el respeto de los derechos humanos y tomar medidas apropiadas contra los autores de abusos.

Es preciso someter a una revisión minuciosa los sistemas judiciales injustos y preservar la independencia del poder judicial. La elaboración de nuevas constituciones en Túnez, Egipto y Libia será una oportunidad clave para consagrar los derechos humanos en la legislación, lo que incluye eliminar la discriminación y garantizar la justicia social.

Las víctimas y sus familiares deben empezar a ver que se rinden cuentas por los delitos cometidos contra ellos. Para ello debe haber investigaciones efectivas, independientes e imparciales sobre los miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas responsables de graves violaciones de derechos humanos y, si existen pruebas para sustentarlo, se debe procesar a esas personas en un juicio justo y garantizar una reparación plena a las víctimas.

Otros gobiernos de la región han de corregir la manera de enfocar los asuntos de seguridad y estabilidad nacional. Deben poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad y acometer sin demora reformas fundamentales en el sector de la justicia, en el aparato de seguridad y en las leyes que son discriminatorias o facilitan de otro modo la comisión de violaciones de derechos humanos.

Otros Estados y la comunidad internacional no deben reanudar prácticas que pasan por alto o incluso facilitan la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de gobiernos de la región, especialmente en relación con las transferencias de armas. En 2011, Amnistía Internacional pidió a todos los Estados que suministraban armamento a Siria, Libia, Bahréin, Yemen y Egipto que revisaran caso por caso todas sus transferencias y transacciones comerciales de armas. Al término del año, algunos países proveedores de armas pretendían reanudar el comercio habitual con estos países a pesar de la falta de indicios sobre un claro proceso de cambio, reformas reales del aparato de seguridad y el fin de la impunidad.