La asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, Donatella Rovera, ha regresado recientemente de la provincia siria de Idlib, donde habló con testigos de la represión brutal que se está ejerciendo en Siria.

Una mujer encuentra a sus tres hijos en la calle, quemados vivos por el ejército, una hora después de que los levantaran de la cama y se los llevaran. ©Amnistía Internacional

“Los soldados se presentaron en nuestra casa y se llevaron a mi hijo. Luego, al asomarme a la ventana, ví que ponían a ocho jóvenes contra la pared, con las manos atadas a la espalda, y disparaban contra ellos. Después pusieron los cuerpos en una furgoneta y se marcharon.

No sé si estaban todos muertos o heridos. En ese momento no sabía que uno de ellos era mi hijo. Su cadáver apareció con varios más en una escuela situada no muy lejos de nuestra casa.”

Un familiar de otro hombre a quien mataron también ese día, me dijo: “Unos miembros de los servicios de seguridad militar se presentaron en casa de nuestros parientes, con los que estábamos viviendo, y nos pidieron la documentación. No hubo problema. No nos estaban buscando.

“Entonces uno de los soldados agarró el teléfono móvil de mi pariente y vio que tenía una canción revolucionaria. Lo sacaron fuera [...] Un vecino me dijo que los soldados dispararon contra él y lo llevaron a una casa próxima. Fui allí y vi que estaba herido.

“Le habían disparado en la oreja y el cuello, pero respiraba todavía. Unos vecinos nos ayudaron a llevarlo al automóvil, y tres de ellos lo llevaron a un hospital de campaña (hace ya mucho que no se puede llevar a los hospitales normales a personas heridas por el ejército o las fuerzas de seguridad), pero en el camino los detuvieron unos soldados y los mataron.”

“Sus cadáveres aparecieron más tarde en una escuela, excepto el de mi pariente, que habían llevado de nuevo a la casa donde lo habían dejado antes al darlo por muerto. Lo habían rematado con un disparo en la cabeza.”

Estos testimonios son de familiares de víctimas y testigos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del gobierno sirio en la ciudad de Idlib el 16 de abril. Accedieron a hablar conmigo con la condición de que no se publicaron sus nombres ni ningún dato que permitiera identificarlos.

Otras personas con las que pude contactar tras hacer muchas indagaciones para encontrarlas dijeron que no podían hablar, porque el riesgo de que se tomaran luego represalias contra ellas y sus familias era demasiado grande.

Decir que las familias de las víctimas y los testigos tienen miedo es quedarse corto. Las personas con las que hablé estaban totalmente aterrorizadas.

Un hombre a cuya esposa e hijo mataron durante la brutal incursión que hizo el ejército en la ciudad de Idlib hace mes y medio (del 10 al 14 de marzo) explicó: “A mí me da igual, pero tengo otros hijos, y si me ocurre algo, ¿quién va a cuidar de ellos?”.

Una anciana, a cuyo hijo se llevaron de su casa los soldados y que apareció muerto ese mismo día, me dijo que no sabía nada de otro hijo suyo detenido por los servicios de seguridad militar hacía semanas. “He perdido ya a un hijo y no quiero que maten también al otro”, aclaró.

Una mujer cuya casa había sido incendiada y saqueada el 11 de marzo me dijo que lo único que podía hacer para denunciar el ataque a las autoridades era decir que había sido obra de “grupos armados”.

“Los vecinos vieron que eran miembros de los servicios de seguridad militar los que atacaban la casa. Fue a pleno día, y había tanques, soldados y fuerzas de seguridad por toda la zona. ¿Como demonios iba a ser obra de grupos armados? Así que no presenté denuncia.”

Llegué a Idlib unos días antes que los observadores de la ONU. La mayoría de las personas con las que hablé no creían que su presencia fuera a cambiar nada. Otras estaban deseando hablar con ellos, pero les desesperaba y les frustraba no tener la posibilidad de hacerlo en condiciones de seguridad.

Temían que, con la presencia y vigilancia militar que había, la gente corriente no tuviera forma de acercarse a los observadores con confianza. De hecho, durante los pocos días que pasé allí, la ciudad estuvo repleta de personal militar y de seguridad uniformado y vestido de civil; en la zona de mercado y otras partes del centro había furgonetas con metralletas antiaéreas, y había puestos de control por toda la ciudad.

El viernes por la mañana vi transportar a un gran contingente de soldados uniformados y bandas armadas afines al gobierno, conocidas como shabiha , en camiones descubiertos, que dejaron a un par de centenares de ellos en el céntrico distrito de Dabbit.

La gente no sabía aún que iban a venir a la ciudad los observadores de la ONU, y comentaba que no había posiblidad alguna de manifestarse después de la oración de viernes. Al salir de una casa del distrito de Dabbit vi pasar un convoy de la ONU. Desde luego, no iba a encontrar ningún atasco circulatorio: las calles estaban vacías.

En varias localidades de los alrededores de Idlib se veían las marcas de las recientes incursiones del ejército. Había centenares de casas arrasadas por el fuego, y en todas partes hablé con familias a alguno de cuyos miembros habían matado.

A muchas de las víctimas las habían matado en tiroteos, al parecer durante intentos más bien inútiles de combatientes de la oposición armada totalmente sobrepasados en potencia de fuego de impedir la entrada en las localidades de las decenas de tanques enviados. Otras eran tanto combatientes de la oposición como personas sin nada que ver con los combates que habían sido ejecutados extrajudicialmente tras ser detenidos en sus casas o en las de sus familiares.

En Saraqeb, una mujer me que contó que el 26 de marzo por la tarde se presentaron en su casa unos soldados que se llevaron a su hijo de 15 años, así como a un hermano de ella de 21 años que estaba en casa de los vecinos de al lado.

“Les rogué que no se llevaron a mi hijo. Les dije que era sólo un niño, que veía todavía dibujos animados en la televisión, y traté de protegerlo con mi cuerpo, pero me amenazaron y se lo llevaron. También se llevaron a mi hermano de la casa de al lado. Por la noche aparecieron en la calle sus cadáveres, junto con los de otras personas a las que también habían matado.”

En Taftanaz hablé con las familias de dos hombres de 80 años a quienes habían matado en sus casas durante la incursión del ejército en la localidad el 4 de abril.

A uno lo habían quemado en su casa. Su esposa me contó: “Yo estaba pasando un tiempo en casa de unos familiares en la acera de enfrente, y mi esposo estaba en casa. Cuando regresé vi que la casa estaba quemada, pero no encontré a mi esposo. Salí a preguntar a los soldados dónde lo habían llevado. Pensé que estaba detenido. Uno de ellos me contestó: ‘Entre y búsquelo’. Volví a entrar y vi sus restos en un montón de cenizas.”

En Sarmin hablé con la madre de tres jóvenes a quienes habían sacado de su casa el 23 de marzo de madrugada y habían quemado delante de la vivienda. Explicó: “El ejercito llegó de madrugada, cuando todos estábamos durmiendo. Se levaron a mis tres hijos, que estaban todos en casa, y no me dejaron salir trás de ellos. Cada vez que intentaba salir, me empujaban para obligarme a entrar.”

“Cuando logré salir, al cabo de un par de horas, vi a mis hijos ardiendo en la calle. Los habían puesto uno encima de otro y colocado unos motocicletas sobre ellos y los habían prendido fuego. No pude acercarme a los cadáveres hasta por la noche, porque había muchos disparos.”

Además de las perdidas humanas, las familias están teniendo que hacer frente a la pérdida de sus hogares y sus medios de vida. Las personas a las que han quemado o destruido sus casas y sus negocios y han dejado sin nada más que la ropa que llevaban puesta dependen de la caridad de sus familiares y amigos.

Algunas intentan rescatar lo que pueden de sus bienes destruidos para repararlo, pero muchas cosas no tienen ya arreglo. No cabe duda de que el incendio de tantas viviendas y negocios, incluidos centros médicos como hospitales de campaña y farmacias, ha sido un acto deliberado, cometido aparentemente por venganza a la vez que a modo de castigo colectivo.

Las ejecuciones extrajudiciales, los disparos y los bombardeos de zonas residenciales, así como la destrucción de viviendas, comercios y otros bienes, llevados a cabo en la zona de Idlib coinciden con el patrón de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas sirias contra la población en otras partes del país donde ha habido manifestaciones de oposición, oposición armada o ambas cosas.

Los soldados, los miembros de las fuerzas de seguridad y los líderes civiles de todos los niveles de la cadena de mando deben saber que tales abusos constituyen crímenes contra la humanidad y que lo de “no hice más que cumplir órdenes” no impedirá que sean puestos a disposición judicial en Siria o en otros países del mundo.

Por Dina Meza, periodista hondureña

Dina Meza

Hace 26 años decidí estudiar periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Entré en el año de 1986 y me soñaba en los “grandes medios de comunicación” hablando con libertad, pero nunca me imaginé que hablar, escribir y contar la verdad de lo que pasa podría significar estar en la línea entre la vida y la muerte, si alguien que tiene poder en el país se siente afectado.

Las graves amenazas contra la libertad de expresión han venido en aumento en Honduras. Uno de los primeros asesinatos contra periodistas se produjo el 26 de noviembre de 2003, contra el periodista ambientalista German Rivas, del CMV Noticias, del canal 7, en el Occidente del país. Ocho meses antes había sido objeto de un atentado y la Fiscalía nunca investigó ni castigó a los responsables.

Cuatro años después siguieron los crímenes,  y con el golpe de Estado en 2009, la intolerancia creció de tal manera que la censura y auto-censura ahora caminan de la mano con la palabra de cada periodista.

Desde el golpe de Estado, 20 periodistas han sido asesinados en Honduras. Los expedientes de estas muertes siguen juntando polvo en las gavetas del Ministerio Público, la impunidad pretende cerrar una historia no contada.

En ese escenario, ser periodista en mi país se ha convertido en un grave riesgo, tan grave que ya los y las estudiantes de las Escuelas de Periodismo que hay acá se turban y piensan si es conveniente seguir ó cambiar de carrera, y quienes ejercen la profesión se sienten atemorizados por intensas amenazas directas e indirectas cuando abordan temas que tocan la estructura d un país donde la riqueza se reparte en apenas unas cuantas familias que mantienen secuestrada esta patria que se desangra.

La disyuntiva es si nos callamos o dejamos que esta situación termine por acallar las voces y nos limitamos a hablar de lo que no quieren que hablemos a quienes les conviene que no se sepa la verdad.

Es una decisión muy delicada porque toca todas las esferas de nuestras vidas, la familia, nuestro entorno, nuestra vida, pero si logran amedrentarnos y paralizarnos definitivamente será como forzar nuestra existencia a permanecer esclavos y esclavas  del miedo.

Por mi lado no crean que no siento miedo, en muchos momentos he sentido que cala mis huesos, pero puede más la responsabilidad, la cual debo cumplir al decidir su he de entregar una patria sometida a las generaciones que están arriesgándose en estos momentos,  o una nación liberada, con libertad de expresión y con un pueblo que no se amedrenta ante los que quieren generar el terror para lograr su propósito de continuar quedándose con nuestra riqueza y mantener la miseria en cada esquina.

Cuando observo la manipulación que se hace de la información y se tergiversa la verdad en los medios corporativos de la información, presentando a quienes están participando en un proceso de liberación de Honduras como “vándalos” y a los defensores y defensoras de derechos humanos como personas que lo que generan son campañas de desprestigio contra el Estado hondureño, eso es otra de las cosas que me motivan a seguir ejerciendo el periodismo, tengo la obligación de que se sepa la verdad.

Creo que las transformaciones sociales no se dan de la noche a la mañana, tienen mucho riesgo, el cual si no enfrentamos nos dejará sin aliento y sin patria.

Qué podríamos hacer?, creo que si empezamos por pelear que un día la libertad de expresión se respete, después pueden ser dos….tres….cuatro……….y muchos más….hasta que libertemos la palabra, porque somos más que los malos, somos mucho más fuertes que la impunidad.

Si lees este blog con frecuencia, ya sabes la devastación causada por el vertido de petróleo en el delta del Níger y la resistencia de Shell Oil a tomar responsabilidad.

Nuevos datos obtenidos por Amnistía Internacional y el Centre for Environment, Human Rights and Development (CEHRD) arrojan luz sobre hechos interesantes. Shell subestimó dramáticamente los daños de un vertido en 2008 que resultó en la contaminación considerable de la tierra y el arroyo alrededor de Bodo, un pueblo de 69.000 personas en el delta del Níger.

Los vertidos, que derramaron petróleo por muchas semanas, han devastado la vida de miles de personas, han acabado con la habilidad de ganarse la vida, han limitado el acceso a la comida y el agua y han puesto en riesgo la salud.

Anteriormente, pedimos que Shell pagara $1 billón para limpiar la contaminación. Shell anunció ganancias de $6,4 billón recientemente y al principio sólo ofreció 50 bolsas de arroz, frijoles, azúcar y tomates a la comunidad de Bodo para ayudar a las víctimas. Todavía no ha pagado ninguna compensación a las comunidades afectadas.

Oficialmente Shell declaró que sólo 1.640 barriles de petróleo derramaron en total. Pero según una organización independiente, Accufacts Inc., la cantidad de petróleo derramado durante el curso de 72 días fue entre 103.000 y 311.000 barriles.

La discrepancia es asombrosa: incluso el cálculo más bajo de Accufacts es más de 60 veces el volumen que Shell admitió.

El informe de la investigación de Shell dice que el vertido comenzó  el 5 de octubre de 2008 aunque la comunidad y otros oficiales han informado que el vertido comenzó el 28 de agosto de 2008. Lo que es indiscutible es que Shell no puso fin al vertido hasta el 7 de noviembre.

Este engaño en Bodo también tiene implicaciones más grandes: Shell dice reiteradamente a sus inversores, clientes y los medios que la mayoría del petróleo derramado en el delta del Níger fue causado por sabotaje. Sabotaje es un problema grave en el delta del Níger y Shell utiliza este asunto como un escudo de relaciones públicas y dice cosas que no tienen fundamento en realidad.

Nuevas pruebas sugieren que al menos la mitad y hasta 80 por ciento del petróleo en el delta del Níger en 2008 derramó debido a fracasos operacionales.

Es importante decir que bajo la ley nigeriana, cuando los vertidos son clasificados como una consecuencia de sabotaje, Shell no tiene ninguna responsabilidad de compensación por daños infligidos a personas o su habilidad de ganarse la vida.

Más de tres años después del vertido de petróleo de Bodo, Shell todavía no ha pagado ninguna compensación a las comunidades afectadas. Actúa para exigir que Shell admita, pague y limpie el delta del Níger.

Por Bridget Burrows, activista del Programa Regional sobre asentamientos precarios en África de Amnistía Internacional.

Desde Yamena hasta Harare, pasando por El Cairo, Accra, Port Harcourt y Nairobi, miles de habitantes de asentamientos precarios e informales y personas afectadas por desalojos forzosos se movilizaron entre el 17 y el 25 de marzo para pedir el fin de los desalojos forzosos en África, durante una semana de acción organizada por activistas defensores del derecho a la vivienda en colaboración con Amnistía Internacional y otras organizaciones locales asociadas.

Los actos también se celebraron a lo largo de la semana en Togo, Malí, Senegal y Burkina Faso, donde miles de personas manifestaron su apoyo y solidaridad.

Sakwa Frank, habitante del asentamiento informal de Mathare en Nairobi, Kenia, comentó esto sobre la semana de movilizaciones:
“Fue increíble ver a todos aquellos habitantes de asentamientos informales, incluso de Ghana, Nigeria y Zimbabue, a quienes nuestros gobiernos han desatendido durante tanto tiempo, bien informados y manifestándose de forma pacífica para recordar que ‘aquí vive gente’ y pedir que se respeten sus derechos.”

Entra en la galería de imágenes para ver algunas de las exitosas campañas que se celebraron a lo largo de la semana de movilizaciones, y une tu voz a la de los habitantes de todo África mediante la firma de la petición.

Las activistas de las Jóvenes Afganas para un Cambio se manifestaron con pancartas que dijeron “¿Dónde está la justicia?” para denunciar la violencia contra mujeres en Kabul, Afganistán el 14 de abril de 2012.

A pesar de los pasos adelante para mejorar las circunstancias de las mujeres desde la caída del Talibán, exigimos más del gobierno afgano y la comunidad internacional.

Por ejemplo, las mujeres en Afganistán enfrentan la tasa más alta de mortalidad materna en el mundo, más de la mitad de niñas no van a la escuela y muchas mujeres son casadas a la fuerza después de la pubertad.

Para colmo, las mujeres enfrentan la posibilidad de ser encarceladas por denunciar la violencia perpetrada contra ellas. El informe nuevo de Human Rights Watch dice que la detención de 400 mujeres y niñas en el país por “crímenes de moralidad”.

Estos “crímenes de moralidad” no son crímenes sino una forma de discriminación llevada a cabo por la policía, el poder judicial y los oficiales gubernamentales contra las mujeres que tratan de denunciar relaciones abusivas.

En vez de enjuiciar a los autores de violaciones graves contra las mujeres y niñas, Afganistán enjuicia a las mujeres y niñas que no han cometido ningún crímen.

Los derechos humanos y los derechos de las mujeres son imprescindibles. Estados Unidos debe declarar que protegerá a las afganas. Sus derechos humanos, su seguridad, su vida no deben sacrificados  mientras las tropas estadounidenses se retiran del país.

Actúa ya para las mujeres y niñas afganas

Lhamo Tso, esposa de Dhondup Wangchen. © Amnesty International

Me llamo Lhamo Tso y te escribo hoy para pedir que me ayudes a liberar a mi esposo, Dhondup Wangchen.

En 2008 Dhondup hizo una película que se llamaba “Dejar el miedo atrás” que documentaba las opiniones de los tibetanos la víspera de las Olimpiadas de Beijing. China fue galardonado las Olimpiadas prestigiosas con la esperanza de que la situación acerca de los derechos humanos mejoraría en Tibet y China.

Desafortunadamente, la represión en Tibet ha empeorado.

Los intentos de los tibetanos para reclamar sus derechos humanos son aplastados con frecuencia. Dhondup fue torturado y detenidosin acusación formal por casi un año y eventualmente fue condenado durante un juicio secreto a seis años en la cárcel por “fomentar el separatismo”.

Mi esposo no ha cometido ningún crimen.  

Dhondup sufre hepatitis B y no recibe tratamiento médico. Mi cuñada lleva comida y ropa a la cárcel cada mes pero es sumamente difícile conseguir información fidedigna sobre la condición de Dhondup.

Dhondup Wangchen se arriesgó todo – su familia, su carrera, su vida – para que los tibetanos pudieran revelar su sufrimiento al mundo. © Amnesty International

Dhondup y yo somos del noreste de Tibet – el epicentro de las protestas recientes contra las autoridades chinas. En el documental de mi esposo, la gente expresó su frustración con la situación que le parecía empeorar cada año. Nómadas son desalojados de sus pastos, estudiantes son expulsados por pedir libros de texto en tibetano, recursos naturales son explotados sin respeto por la naturaleza, monasterios están bajo vigilancia constante y los tibetanos tienen miedo que nunca regresará su Santidad el Dalái Lama a Tibet.

La gente ha respondido con acciones dramáticas de sacrificio – incluyendo la auto-inmolación – como un último intento para reclamar su libertad y sus derechos. Veo las fotos y videos espantosos de auto-inmolación y me pregunto por qué eso pasa en nuestro mundo.

Nunca pierdas la esperanza.

Mi esposo trató de mostrar al mundo la maravilla y el sufrimiento en Tibet. A pesar de nuestras dificultades, mi familia cree en la humanidad –  nunca abandonaremos la esperanza de un mejor mañana.

Por favor, acompañame a demostrar a Dhondup que lo ves, lo escuchas y lo defiendes y que también defiendes a todos los presos de conciencia.

Actúa hoy para exigir la libertad de Dhondup y todos los presos de conciencia en Tibet.

Estoy agradecido por tus acciones.

Lhamo Tso es la esposa del preso de conciencia Dhondup Wangchen. Actualmente hace una gira para llamar atención a Dhondup y otros presos de conciencia en Tibet. Escucha a Lhamo en una ciudad cerca de ti.

Un grupo de hombres con un ataúd durante una protesta para exigir el fin de la violencia contra los periodistas. © Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

El Senado federal de México debe aprobar rápidamente un proyecto de ley para proteger a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en un momento en que el grado de intimidación y el número de homicidios alcanzan unas terribles cotas.

En México, el panorama de agresiones, asesinatos y secuestros de periodistas por su trabajo es alarmante. Según los informes, en los últimos diez años al menos 60 periodistas fueron víctimas de homicidio, incluidos al menos nueve casos en 2011.

Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos también han sido agredidos, secuestrados, víctimas de homicidio y han sufrido continuas amenazas y actos de violencia.

Presentada a debate esta semana, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pretende establecer un mecanismo que garantice la protección eficaz de todas aquellas personas que sufren amenazas y violencia mientras llevan a cabo su trabajo periodístico o su labor de derechos humanos.

El proyecto de ley que actualmente se debate se une a otra reciente medida encaminada a poner fin al incremento de los ataques contra medios de comunicación y periodistas en el marco del deterioro que ha experimentado en los últimos años la situación de seguridad en México.

El martes, el Senado mexicano aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permite a las autoridades federales, como la Procuraduría General de la República, investigar y procesar delitos contra periodistas y otros que afecten o limiten el derecho a la información o la libertad de expresión.

Hasta ahora, las autoridades federales mexicanas no intervenían en la investigación de la violencia contra periodistas, alegando que tales casos estaban fuera de su jurisdicción y eran responsabilidad de los 31 estados mexicanos, que habitualmente no hacían rendir cuentas a los autores de los delitos. Esta reforma constitucional otorga a las autoridades federales facultades para investigar y procesar tales delitos.

La inacción del gobierno federal y estatal se ha añadido a la impunidad, en tanto que la continua intimidación y la inseguridad ha hecho que algunos medios de comunicación autocensuren su trabajo, especialmente los medios locales de las regiones mexicanas más afectadas por las violencia entre los grupos de delincuentes armados.

“Ya no hay excusas para dejar que estos ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos queden impunes. La reforma debe ser ahora ratificada por la mayoría de los 31 Congresos estatales de México para adquirir rango de ley, y el gobierno federal deberá actuar con arreglo a sus nuevas facultades para investigar plenamente los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos”, ha dicho Javier Zúñiga asesor especial de Amnistía Internacional.

Actúa para exigir una ley que proteja los defensores y periodistas.

Miles de personas se quedan cada año sin hogar en Guatemala a causa de los desalojos forzosos. © Particular

Miles de manifestantes caminaron durante nueve días hasta la ciudad de Guatemala para exigir el fin de los desalojos forzosos para resolver los conflictos sobre tierras.

La marcha, de 215 kilómetros, se organizó para conmemorar el primer aniversario del desalojo forzoso de 12 comunidades indígenas en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz, en el norte del país. Comenzó en la ciudad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el 19 de marzo.

En la marcha participaron familias desalojadas, activistas campesinos y organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, y cada día se fueron sumando más personas en la caminata hacia el sur.

La marcha, que formaba parte de una campaña para reclamar una solución al problema permanente de los conflictos sobre tierras y los desalojos forzosos en el país, terminó el martes en la plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala.

“Las poblaciones indígenas de las zonas rurales de Guatemala son especialmente vulnerables en el contexto de los conflictos sobre tierras y los consiguientes desalojos forzosos”, ha afirmado Sebastián Elgueta, de Amnistía Internacional.

Los desalojos, de cuya ejecución se ocupan la policía y el ejército, se realizan a menudo avisando con escasa antelación, y generalmente incumplen las normas internacionales. En muchos casos, las fuerzas de seguridad incendian las viviendas y posesiones de las familias durante los desalojos forzosos, y a las personas afectadas sólo les quedan las prendas de vestir que llevan puestas.

“El nuevo gobierno de Otto Pérez Molina debe mostrar que se toma en serio este enorme problema. Deben implementarse las directrices para los fiscales en materia de desalojos forzosos, dictadas por la fiscal general en 2011, con el fin de cumplir las disposiciones legales nacionales y las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Los conflictos sobre tierras en Guatemala son habituales y a menudo surgen entre comunidades indígenas rurales y grandes terratenientes. En muchos casos, el sistema jurídico del país concede prioridad a los intereses de los grandes terratenientes y se pone de su parte en lo referente a los derechos humanos de los trabajadores rurales.

En consecuencia, cientos de familias se ven afectadas cada año por desalojos forzosos, lo que significa que miles de personas se quedan sin hogar y sin el recurso a una vivienda adecuada. En enero de 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala señaló que en el periodo 2008-2012 se habían registrado 114 desalojos forzosos.

En marzo de 2011, 2.500 personas indígenas fueron desalojadas en el valle del Polochic, Alta Verapaz. Un miembro de la comunidad, Antonio Beb Ac, perdió la vida y otros dos resultaron heridos durante el desalojo.

En los meses siguientes, otros dos miembros de la comunidad murieron y seis resultaron heridos. En agosto, el Estado se negó a implementar plenamente la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se proporcionara protección y ayuda humanitaria a las comunidades.

En 2011, Amnistía Internacional hizo campaña sobre este caso para exigir el acceso de las personas desalojadas a vivienda adecuada, agua limpia, alimentos y atención de la salud.

Las autoridades Mexicanas deben liberar de forma inmediata e incondicional a dos defensores indígenas de los derechos humanos que han estado injustamente detenidos desde hace dos años en Puebla y, por ello, son presos de conciencia.

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron detenidos en enero de 2010 y  sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.

Desde temprano hubo informes fidedignos en el sentido de que el auto nunca fue robado y en realidad había sido abandonado por el hijo del denunciante y resguardado en la comandancia policial en Pahuatlán antes de ser devuelto. Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público.

Tras revisar del caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, Amnistía Internacional concluyó que la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena nahuátl de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla. El proyecto, que comenzó en el 2008, fue avalado por el gobierno estatal y federal.

“José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz han sido victimas de un sistema de justicia que con frecuencia es utilizado para castigar a quienes trabajan en la defensa de quienes sufren abusos a los derechos humanos,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos además denunció que el proceso judicial contra los activistas estuvo plagado de irregularidades.

El proceso, incluyendo las declaraciones escritas que forman parte del expediente, fue llevado a cabo en español y en ningún momento se proporcionó un interprete, lo que afectó gravemente la capacidad de defensa de los activistas nahuas.

Tampoco fue respetado su derecho a una defensa adecuada. El Ministerio Público los procesó con base en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las contradicciones evidentes en las declaraciones.

Cuando el caso llegó a la primera y segunda instancia, el Poder Judicial estatal aceptó, sin cuestionar, las pruebas irregulares presentadas por el Ministerio Público e ignoró las de la defensa.

“Lamentablemente, el caso contra José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no es aislado,” dijo Rupert Knox.

“En los últimos años hemos documentado cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestan a la fabricación de delitos contra quienes defienden los derechos humanos de comunidades indígenas marginalizadas sin garantizar el debido proceso, resultando en juicios injustos, sentencias infundadas y personas encarceladas como castigo por sus actividades legitimas.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está considerando un recurso presentado por parte de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para que la Corte atraiga el caso y resuelva el amparo presentado ante el poder judicial federal.

Amnistía Internacional espera que la Suprema Corte atienda el caso de forma pronta y que lo aproveche para reforzar el respeto al debido proceso y juicio justo para las personas pertenecientes a los pueblos indígenas procesadas en el sistema de justicia penal según lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos.

Las comunidades que viven a lo largo de la frontera EEUU-México, particularmente latinos, individuos percibidos como de origen latino y comunidades indígenas, están afectadas desproporcionadamente por un rango de medidas de control de inmigración, lo que resulta en un patrón de violaciones de los derechos humanos.

El nuevo informe, En Terreno Hostil: Violaciones De Los Derechos Humanos al Implementar las Leyes Inmigratorias en el Suroeste de Estados Unidos, resalta los fracasos sistémicos de las autoridades federales, estatales y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración con base en la no-discriminación.

Entre los varios hallazgos, el informe ilustra que Estados Unidos está fracasando en sus obligaciones de respetar los derechos de los inmigrantes a la vida, asegurar el acceso a la justicia para los inmigrantes sobrevivientes de crímenes, particularmente mujeres y niños, y reconocer los derechos de cruzar la frontera de las comunidades indígenas.

De acuerdo al gobierno de EEUU, hay aproximadamente 14500-17500 personas que son traficadas hacia Estados Unidos cada año por trabajo o por explotación sexual. Sin embargo, las barreras causadas por las fallas en el sistema que identifica a los inmigrantes sobrevivientes de tráfico dejan a muchos sin ningún alivio por la detención inmigratoria y la deportación. De las 5000 visas disponibles anualmente para los sobrevivientes de tráfico humano, las estadísticas muestran que sólo seis por ciento son utilizadas.

“La cultura alrededor de la inmigración en Estados Unidos ha creado una tormenta perfecta –sobrevivientes de tráfico humano y de otros crímenes como violencia doméstica son cada vez más vistos como criminales y no como víctimas”, dice Justin Mazzola, un investigador de Amnistía Internacional y autor principal del informe. “Al mismo tiempo, menos personas están dispuestas a reportar tales crímenes, ya que sienten que puede exponerlos a agentes de inmigración. Adicionalmente, muchos consideran que la policía es incapaz o no tiene la voluntad de ayudar”.

Carolina, una nativa hondureña que fue traída a Estados Unidos después de ser repetidamente vendida por sexo, golpeada y drogada, fue detenida por seis meses en Pearsall, Texas, después de que los agentes de inmigración la encontraron en la maleta de un carro que cruzaba la frontera EEUU-México. Mientras estaba detenida, a Carolina le fue negada  la certificación como una víctima de tráfico humano debido a que originalmente había querido ingresar a Estados Unidos voluntariamente antes de ser vendida como esclava sexual y de ser traficada hacia el país.

Fue sólo después de una revisión de su caso en Febrero de 2011, más de dos años después de que fuera descubierta en la maleta del carro, que se le aprobó la visa como víctima de tráfico humano, lo cual le permitió permanecer en Estados Unidos y ser elegida para acceder a los servicios de salud y apoyo mental. “Ahora, finalmente puedo comenzar a sanar”, dijo Carolina luego de ser liberada de la detención.

Las medidas de control inmigratorio ponen cada vez más en riesgo los derechos a la vida de los individuos al cruzar la frontera. Las políticas internacionales de EEUU cambian intencionalmente las rutas de los inmigrantes de los puntos de entrada tradicionales a los terrenos más hostiles en el suroeste de Estados Unidos, incluyendo trayectos a través de desiertos vastos, ríos y montañas altas en el calor punzante. De 1998 hasta 2008, hasta 5287 migrantes murieron mientras trataban de cruzar la frontera EEUU-México.

El informe halló que las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a la discriminación y otros abusos derivados de la implementación de la inmigración. Las personas indígenas, cuyos territorios tradicionales y comunidades culturales se extienden en la frontera EEUU-México y necesitan cruzarla frecuentemente, regularmente son intimidados y acosados por los policías fronterizos por hablar poco Español o Inglés y por tener solamente documentos de identificación tribales.

Además, los programas de inmigración federal que incluyen a la policía estadal y local en la implementación de las leyes de inmigración, coloca a las comunidades latinas, comunidades indígenas y comunidades de color a lo largo de la frontera en riesgo de caracterización discriminatoria. Debido a que el monitoreo y los descuidos de estos programas de inmigración son vastamente inadecuados, aquellos responsables por los abusos de los derechos humanos rara vez rinden cuentas.

Como resultado de esto, tales prácticas, incluyendo señalar a individuos basándose en su percibida etnicidad, se han convertido en un lugar común y atrincherado, fomentando una cultura de impunidad que perpetúa la caracterización discriminatoria. La proliferación reciente de las leyes estadales que pone en la mira a los inmigrantes, los coloca en un mayor riesgo de discriminación e impide su derecho a acceder a la educación y a los servicios de cuidado de la salud esenciales.

La actriz nacida en Texas Amber Heard, quien participó en una misión de investigación en la frontera suroeste con Amnistía Internacional, dijo: “fui conmovida y me salieron lágrimas al escuchar las historias del maltrato de los inmigrantes, individuos cuyo único objetivo es proveer para sus familias. Si nuestra nación debe promover y proteger los derechos humanos alrededor del mundo, necesitamos comenzar a implementar esa noción en casa. Debemos actuar mejor”.

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional urge al gobierno de EEUU:

• a suspender todos los programas de implementación de inmigración que requieren de una revisión por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional para determinar si los programas pueden ser implementados de una manera no discriminatoria.
• a aprobar una legislación que garantice un acceso equitativo a la justicia y la protección para sobrevivientes de crímenes.
• a respetar y facilitar el uso de los documentos de identificación indígenas y de los documentos de inmigración para viajar a través de las fronteras
• y a asegurar, como algo prioritario, que las políticas y las prácticas fronterizas no tengan el efecto directo o indirecto de causar la muerte de los migrantes

“El informe de Amnistía Internacional revela vívidamente la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en la frontera,” expresó Saul Hernández, cantante principal del grupo de rock mexicano Jaguares y activista para Amnistía Internacional. “Inmigrantes están muriendo cruzando la frontera y nadie toma responsabilidad. Miles de mujeres y niños son víctimas del tráfico humano hacia Estados Unidos y son cruelmente abandonados en el limbo, y a pesar de esta situación no se hace lo suficiente para prevenirlo. Necesitamos que los oficiales públicos reconozcan esta crisis ahora.”