Brad Will ©AI

Esta semana es el aniversario de la muerte de Brad Will, un vídeo periodista de EE.UU. que fue baleado y acecinado en México el 27 de octubre de 2006. Cuando fue asesinado, Bradley Roland Will estaba en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México. Estaba filmando un enfrentamiento entre miembros de un movimiento de protesta local (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APPO) y los partidarios y funcionarios del partido en el gobierno local. Tres años después, Amnistía Internacional cree que la verdad sobre la muerte de Brad Will aún no ha salido. Juan Manuel Martínez, un simpatizante de la APPO, ha sido detenido en prisión preventiva desde octubre de 2008 por el asesinato de Will. Sin embargo, los expertos de Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han concluido que Will no fue baleado a quemarropa, y se dice que Martínez estuvo de pie junto a él cuando se produjo el tiroteo. Amnistía Internacional cree que las pruebas contra Martínez son defectuosas y que lo están usando como excusa para tener a alguien a quien culpar.

La tragedia y la injusticia de la muerte de Brad Will y el enjuiciamiento infundado de Juan Manuel Martínez forman parte de la falta de investigación y pedir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en Oaxaca en 2006 y 2007.

En octubre de 2009, la Corte Suprema de Justicia Nacional de México concluyó que graves violaciones de los derechos humanos fueron cometidas en el estado de Oaxaca. Se atribuye la responsabilidad de muchos de los abusos a algunos altos funcionarios públicos, incluido el gobernador del estado de Oaxaca. La Corte pidió a los responsables a rendir cuentas, pero las autoridades aún no han respondido.

Dígale al gobierno mexicano que ha llegado el momento para investigar y enjuiciar el asesinato de Brad Will a base de pruebas fiables y de acuerdo a normas internacionales sobre juicios justos.

Amnistía Internacional le instó al Congreso de los EE.UU. que honren el compromiso establecido de retener el 15% de la financiación de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El gobierno mexicano no ha podido progresar lo suficiente en la investigación y el enjuiciamiento de los abusos de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. Según el Washington Post, el senador Leahy, presidente del subcomité de Asignaciones del Senado de operaciones extranjeras, es muy consciente de la grave situación de los derechos humanos en México, y no tiene la intención de permitir el avance de la transferencia de los fondos si las cosas no mejoran.

La Iniciativa Mérida es un programa de seguridad, cooperación y asistencia a través del cual los EE.UU. le ofrecen a México y a Centroamérica el equipo, la capacitación y asistencia técnica, en función de apoyar las operaciones de aplicación de la ley. En junio de 2008, el Congreso de los EE.UU. estableció que el 15% de los fondos a ser prestados por los EE.UU. a México en el contexto de la Iniciativa Mérida deben estar sujetos a las condiciones fundamentales de derechos humanos, incluyendo:

• Violaciones a los derechos humanos perpetrados por personal militar y de la policía para ser investigados, procesados y juzgados por fiscales y jueces civiles;
• Las confesiones obtenidas bajo tortura o malos tratos no debe utilizarse en el sistema de justicia;
• La sociedad civil que se consulta periódicamente a hacer recomendaciones sobre el cumplimiento de la Iniciativa Mérida;
• Mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de la policía, y el establecimiento de un mecanismo independiente para denunciar los abusos.

Además de un informe más amplio por parte del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México, el Congreso de los EE.UU. también pidió información sobre la investigación del asesinato de Brad Will, un vídeo periodista estadounidense, cuyo caso Amnistía Internacional ha trabajado por algún tiempo. La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, llevó a la detención de un hombre en octubre de 2008. Sin embargo, las pruebas en las que se basa la acusación han sido desmentidas por extensos estudios forenses realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México y Médicos por los Derechos Humanos. Cuando el plazo para aprobar la financiación de la Iniciativa Mérida se acercó, la Procuraduría General de la República encargo un equipo de expertos canadienses para llevar a cabo un nuevo informe forense. El informe, que carece de autoridad legal en la causa penal, se filtró en julio de 2009 a la prensa y confirmó, casi palabra por palabra las conclusiones de la Procuraduría General de la República. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Médicos por los Derechos Humanos han declarado que el informe no tiene validez científica y la familia de Brad Will emitió una declaración denunciando el sesgo de la investigación.

Dada la situación del caso de Brad Will, la continuación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, y el alarmante crecimiento de informes sobre nuevos abusos, la ayuda adicional de EE.UU. sólo empeoraría las cosas. Esperemos que el gobierno mexicano tome nota  y haga algunos cambios significantes.