Amnistía Internacional le instó al Congreso de los EE.UU. que honren el compromiso establecido de retener el 15% de la financiación de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El gobierno mexicano no ha podido progresar lo suficiente en la investigación y el enjuiciamiento de los abusos de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. Según el Washington Post, el senador Leahy, presidente del subcomité de Asignaciones del Senado de operaciones extranjeras, es muy consciente de la grave situación de los derechos humanos en México, y no tiene la intención de permitir el avance de la transferencia de los fondos si las cosas no mejoran.

La Iniciativa Mérida es un programa de seguridad, cooperación y asistencia a través del cual los EE.UU. le ofrecen a México y a Centroamérica el equipo, la capacitación y asistencia técnica, en función de apoyar las operaciones de aplicación de la ley. En junio de 2008, el Congreso de los EE.UU. estableció que el 15% de los fondos a ser prestados por los EE.UU. a México en el contexto de la Iniciativa Mérida deben estar sujetos a las condiciones fundamentales de derechos humanos, incluyendo:

• Violaciones a los derechos humanos perpetrados por personal militar y de la policía para ser investigados, procesados y juzgados por fiscales y jueces civiles;
• Las confesiones obtenidas bajo tortura o malos tratos no debe utilizarse en el sistema de justicia;
• La sociedad civil que se consulta periódicamente a hacer recomendaciones sobre el cumplimiento de la Iniciativa Mérida;
• Mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de la policía, y el establecimiento de un mecanismo independiente para denunciar los abusos.

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Es hora de la justicia en Guatemala y debemos tomar medidas ahora. El conflicto armado interno de Guatemala terminó hace más de una década con una cantidad enorme de personas desaparecidas, asesinadas, violadas y torturadas. A pesar de los esfuerzos continuos en muchos frentes, y las promesas por el gobierno, la justicia aún no se ha entregado y las promesas siguen sin cumplirse. El genocidio dejó cientos de miles de muertos, la mayoría siendo de poblaciones indígenas que ya eran víctimas de discriminación y vulnerabilidad extrema. Archivos militares de Guatemala, que contienen información crucial en relación con las atrocidades que tuvieron lugar entre 1960 y 1996, fueron descubiertas en 2005 por los miembros de la oficina de Derechos Humanos de la Nación y sólo recientemente han comenzado a ser puestos a disposición del público.

Según el diario The Washington Post, estos archivos se han escondido en un almacén por la policía nacional y sus protectores, y por casualidad se descubrió en 2005. La información amplia que puede ser revelado a partir del estimado 80 millones de documentos que han llenado éste depósito desde hace décadas, recogiendo polvo y moho, y que han dejado innumerables familias devastadas y sin ninguna pizca de cierre de la desaparición de los seres queridos, por fin puede salir a la luz … en teoría.

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Recientemente encontré un sitio web brasileño llamado desaparecidos.com.br que se dedica publicar información sobre las investigaciones acerca de los muertos y los desaparecidos bajo  la dictadura militar de 1964 a 1985 en Brasil. Durante esa época terrible de los dictadores, hubo tortura y ejecuciones extrajudiciales de cualquier persona que estuviera o se sospechara de estar opuesta a ellos. Brasil fue parte de la Operación Cóndor, lo que significaba que los agentes de otras dictaduras militares podían entrar en Brasil a secuestrar y matar a sus propios ciudadanos. Al igual que el gobierno brasileño podía hacer lo mismo. Una total banda de delincuentes.

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AFP/Getty

Si no ha escuchado, en el séptimo de abril, Alberto Fujimori ha sido declarado culpable de violaciones de derechos humanos. Los crímenes del ex presidente de Perú incluyen las violaciones a los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas.

El ex mandatario ha sido declarado responsable en dos casos de homicidio perpetrados por una fuerza paramilitar del Ejército del Perú: el cometido en 1991 contra un grupo de personas durante una comida, que se saldó con 15 muertos, y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor universitario en la Universidad de La Cantuta el año siguiente.

La condena al ex presidente es una decisión histórica. Es una fuerte señal al mundo que los jefes del estado no existen afuera de la ley. Además, es una gran victoria en la lucha contra impunidad y por justicia.