Cuando, el 31 de julio de 2008, a las cinco de la madrugada, Alberto Donis dejó su hogar en Chiquimula, Guatemala, sabía que se disponía a iniciar uno de los viajes más peligrosos del mundo.
Al igual que cientos de miles de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que habían hecho ese mismo viaje, Alberto y tres de sus amigos metieron cuanto podían llevar en una pequeña mochila y emprendieron un largo viaje a través de México rumbo a Estados Unidos, donde confiaban en encontrar trabajo y ayudar a sus familias, allá en su país.
Lo que no sabían es que sus problemas empezarían tan pronto.
Esa misma noche, cuando cruzaban el estado de Chiapas, en el sur de México, un auto de la policía dio el alto al autobús en el que viajaban.
Presidente Obama y presidente Peña Nieto durante una reunion el 27 de noviembre de 2012. (JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)
El 2 de mayo de 2013 el Presidente Obama visitará México en su primera visita oficial con el Presidente Peña Nieto. Este es un buen momento para recordarles a ambos líderes sus promesas en materia de derechos humanos para que esta visita sea utilizada como una manera de mejorar el sistema entre ambos países.
El Presidente Peña Nieto prometió durante su campaña que de ser electo, terminaría con la violencia e impunidad. Esto, de una manera más efectiva que el Presidente Calderón. Sin embargo, irónicamente, durante la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México, en mayo de 2006 — más de 2,500 oficiales federales, la policía estatal y municipal, fueron desplegados en una operación para acabar con las protestas en Texcoco y San Salvador Atenco.
Las comunidades que viven a lo largo de la frontera EEUU-México, particularmente latinos, individuos percibidos como de origen latino y comunidades indígenas, están afectadas desproporcionadamente por un rango de medidas de control de inmigración, lo que resulta en un patrón de violaciones de los derechos humanos.
Entre los varios hallazgos, el informe ilustra que Estados Unidos está fracasando en sus obligaciones de respetar los derechos de los inmigrantes a la vida, asegurar el acceso a la justicia para los inmigrantes sobrevivientes de crímenes, particularmente mujeres y niños, y reconocer los derechos de cruzar la frontera de las comunidades indígenas.
La estrategia del gobierno mexicano sobre las personas migrantes no ha servido hasta ahora para enfrentar el problema del gran número de migrantes centroamericanos que son secuestrados constantemente en el país.
La estrategia, anunciada en agosto de 2010, prometía ser una revisión radical del enfoque aplicado por el gobierno a los secuestros y homicidios de migrantes irregulares que se cometen masivamente en México.
Incluía el compromiso de garantizar la coordinación efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para impedir los secuestros, investigar y castigar a los responsables y garantizar asistencia a los migrantes víctimas de abusos.
Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de secuestro, tortura, violación, homicidio y desaparición de migrantes centroamericanos a su paso por México.
Muchas personas recuerdan el verano pasado cuando una lista de más de 1300 inmigrantes supuestamente indocumentados fue entregado a direcciones a través Utah, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La lista no sólo incluía nombres sino también números de seguridad social, fechas de nacimiento, direcciones, fechas de parto y hasta 200 nombres de niños.
Casi todas las personas identificadas en la lista tenían apellidos hispánicos, y aunque las autores de la lista alegaron que todos los individuos mencionados eran indocumentados y debían ser deportados inmediatamente, posteriormente el gobernador de Utah Gary Herbert dijo que no era verdad.
La publicación de la lista sembró miedo entre los 385,000 latinos en Utah y los millones de inmigrantes y sus familias a través el país como aviso que la discriminación dirigida a los ciudadanos estadounidenses, residentes legales o personas indocumentadas todavía sigue adelante.
Tan pronto como el 3 de junio, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes someterá H.R. 1932 a votación para extender la detención indefinida de inmigrantes y quitarles el derecho al debido proceso.
Bajo el disfraz de proteger a los ciudadanos estadounidenses, la ley para “Asegurar la Seguridad de Nuestra Comunidad” es un intento por el representante Lamar Smith (R-Texas) de someter a una nueva población de inmigrantes – incluyendo los que solicitan asilo político y los residentes legales de toda la vida – la detención obligatoria durante los procedimientos de expulsión. También impone la detención punitiva e indefinida si la persona con la orden de expulsión no puede obtener un documento de viaje – a pesar del hecho que eso es un asunto político y diplomático fuera de su control.
El Congreso debe oir que respetas los derechos humanos, el debido proceso y la constitución, y que no quieres que se apruebe H.R. 1932. Llama a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para pedirles que voten en contra de H.R. 1932.
Por Lisa Adler, Organizadora para Amnistía Internacional EEUU
Esta semana necesitamos que millares de personas pidan que el gobernador Nathan Deal acabe con el proyecto de ley antiinmigrante HB 87.
La asamblea legislativa de Georgia volverá a convocar el 11 de abril por los tres últimos días de la sesión. Ese día la legislatura votará por aprobar HB 87 – la imitación de la ley antiinmigrante de Arizona. Es urgente que el gobernador Nathan Deal acabe con el proyecto de ley ahorita.
Estados a través todo el país – incluyendo Mississippi – están rechazando proyectos de ley parecidos. También Arizona rechazó varios proyectos de ley antiinmigrantes. ¿Por qué? Porque tales proyectos son inmorales y violan los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad.
El 24 de marzo más de 5.000 personas – estudiantes, viejos, madres, padres, inmigrantes y ciudadanos – se manifestaron en el capital estatal para luchar contra la legislación antiinmigrante. El representante John Lewis, héroe de los derechos civiles, recordó a la muchedumbre con mucha pasión que los legisladores no deben deshacer el progreso del pasado. Debemos compartir este mensaje con el gobernador Deal y los demás -No a HB 87, no al odio, si a los derechos inmigrantes!
Amnistía Internacional y el actor y productor mexicano Gael García Bernal lanzaron hoy una serie de documentales que describen la grave situación de los migrantes irregulares en México.
Los cuatro documentales, llamados Los Invisibles, graban el viaje de cientos de migrantes desde la frontera entre Guatemala y México en su camino hasta los Estados Unidos. La premiere de Los Invisibles coincide con el inicio del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo de este año, que tiene lugar en Puerto Vallarta, México.
Cada año, miles de migrantes son secuestrados, violados y algunas veces asesinados en México. Empujados por la miseria más absoluta y la inseguridad en sus lugares de origen, viajan a lo largo de México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y de ver cumplida allí la promesa de una vida mejor. Sin embargo, con mucha frecuencia, los sueños de todos ellos se convierten en pesadillas.
El indocumentado, sin derecho a vivienda ni trabajo, por supuesto tenía que transgredir la ley. Era condenado a la cárcel sin cometer ningún crimen… era anomalía para la cual el derecho general no servía y por eso era mejor que llegara a ser anomalía para la cual el derecho podía servir, la de criminal. Hannah Arendt, 1951.
Un inmigrante está de pie en una cárcel en el complejo de detención para los inmigrantes ilegales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el 30 de julio de 2010 en Florence, Arizona. (Foto por John Moore/Getty Images)
Por casi dos décadas, legisladores y presidentes han hablado de la detención de inmigrantes como un tipo de “remedio mágico” que puede disuadir a los inmigrantes de atravesar la frontera estadounidense, infundir miedo a las comunidades para que los inmigrantes se vayan por voluntad propia y criminalizar a individuos si decidan cuestionar la deportación porque son ciudadanos estadounidenses, refugiados, residentes legales permanentes o los que tienen vínculos de larga duración son su familia, comunidad y lugar de trabajo.
NPR informó que la ley draconiana contra los inmigrantes de Arizona, SB1070, fue escrito por el liderazgo de prisiones con fines de lucro y sus cabilderos. La ley obliga que la policía pida los documentos que demuestran residencia legal si el agente de policía tiene “sospecha razonable” que la persona sea indocumentada. Si la persona no puede presentar sus documentos, será arrestada y detenida. Inmediatamente muchas personas iniciaron demandas por la inconstitucionalidad de la ley porque sería imposible identificar a un indocumentado in recurrir a la identificación de sospechosos con base en su raza.
La criminalización de inmigrantes por la detención no es un remedio mágico para manejar las tendencias de migración, sino una gallina de los huevos de oro para los directores de las prisiones privadas. Según NPR, el presidente de Geo Group, Wayne Calabrese, explicó a sus inversores que:
“Creo que las oportunidades al nivel federal van a seguir adelante a ritmo acelerado como resultado de lo que está sucediendo. Las personas que vienen por la frontera y son capturadas tendrán que ser detenidas, y para mí, yo creo que habrá más oportunidades para lo que hacemos.”
La privación de la libertad de alguien por la detención es una medida muy coactiva que lleva estigma fuerte y impacta los derechos individuos. La criminalización de inmigrantes, no sólo por imponer penalidades severas por entrar o permanecer en los Estados Unidos sin permiso sino también por estigmatizar y criminalizar a los terceros que los cuidan, tal vez tenga el efecto de limitar o denegar protección y acceso a los derechos humanos fundamentales como la vivienda adecuada o la asistencia sanitaria.
A la vez, la documentación muestra que “las políticas inflexibles de exclusión que son impuestas por castigos severos penales y deportación para el incumplimiento, ayudan directamente a los traficantes,” quienes esclavizan miles de mujeres, hombres y niños cada año en los Estados Unidos, mientras el gobierno federal declara con firmeza su intención de proteger a las personas esclavizadas.
Por mucho tiempo, defensores han relacionado el crecimiento masivo en la detención de los inmigrantes con las ganancias exponenciales de las prisiones privadas. El gobierno estadounidense paga la cuenta enorme por un sistema de prisión que se ve cruel, inepto y disfuncional. No es política buena de inmigración, pero es estrategia de negocio estupenda.
Opositores de la ley de Arizona SB1070 se abrazaron después de que un juez previno la implementación de las partes controvertidas el 28 de julio en Phoenix, Arizona. (c) John Moore/Getty Images
En una orden de última hora, la juez Susan Bolton dictaminó que secciones ofensivas de la ley estatal – las que autorizan que la policía compruebe los documentos de cualquier persona que sospecha de ser inmigrante ilegal, obligan que los inmigrantes lleven sus documentos en todo momento, hacen ilegal que los inmigrantes indocumentados solicitan trabajo y permiten el arresto sin orden de búsqueada y captura de las personas sospechadas de un crimen, el cual posibilitaría su deportación – no entrarán en vigor como estaba previsto.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del juez Bolton. Es una victoria importante para todos que apoyan los derechos humanos y se oponen SB1070.
El mandamiento judicial preliminar emitido por el juez Bolton significa la corte
Probablemente se derogarán y se declararán inconstitucionales estas secciones de la ley SB1070. La corte denunció la verificación obligatoria del estatus inmigratorio cuando la policía detiene a alguien y reconoció que la parte de la ley que requiere la determinación de estatus “antes de la liberación aumentaría inevitablemente la duración de la detención”.
La corte también declaró que la ley restringe demasiado la libertad de los que viven en los Estados Unidos legítimamente debido a “la intrusión de la presencia de la policía en las vidas de los extranjeros (y incluso los ciudadanos) a quienes la ley enredará”.
La ley se basa en la práctica inconstitucional de utilizar estereotipos étnicos o raciales en lugar de la conducta individual y viola el derecho a ser libre de discriminación, vivir con su familia en paz y disfrutar la libertad de movimiento en Arizona. Además, no se puede tolerar la imposición flagrante de detención de sectores anchos de la población sin estándar o salvaguarda para prevenir la privación injusta de libertad individual.
Los aspectos de SB1070 que se extralimitan, derogados por el momento, ilustran no sólo la necesidad para la reforma de la política federal de inmigración, sino también la necesidad que los oficiales estatales cumplen y protegen los derechos constitucionales y humanos de todos que viven en su jurisdicción. La decisión de hoy debe advertir a los otros estados que piensan de seguir el camino inconstitucional y descarado de Arizona.
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Zahir Janmohamed es el Director de Defensa para el Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional EE.UU., donde ayuda a coordinar el cabildeo de la organización y la organización comunitaria en el Oriente Medio / Norte de África, las cuestiones relacionadas. See all »
Las comunidades que viven a lo largo de la frontera EEUU-México, particularmente latinos, individuos percibidos como de origen latino y comunidades indígenas, están afectadas desproporcionadamente por un rango de medidas de control de inmigración, lo que resulta en un patrón de violaciones de los derechos humanos.
Esta semana necesitamos que millares de personas pidan que el gobernador Nathan Deal acabe con el proyecto de ley antiinmigrante HB 87.
