El Parlamento uruguayo aprobó en la madrugada del 27 de octubre una ley que representa un importante paso hacia la justicia para las numerosas víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.

La nueva ley elimina los efectos de la ley de amnistía de 1986 (conocida como Ley de Caducidad), que protegía a la policía y al personal militar del enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos, y revoca las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas formulasen denuncias penales a partir del 1 de noviembre.

“Con la aprobación de esta nueva ley, el Parlamento de Uruguay ha dado un histórico paso adelante en la lucha contra la impunidad por delitos cometidos en el pasado”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

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La policía y el ejército uruguayos cometieron graves violaciones de derechos humanos. © Particular

El decreto emitido ayer por el presidente José Mujica revoca las decisiones de los presidentes anteriores de bloquear las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía de Uruguay.

“Finalmente se han eliminado los obstáculos a la investigación y el procesamiento de decenas de casos de abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante este periodo”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1986, aprobada tras la vuelta de Uruguay al gobierno democrático, otorgaba al ejecutivo la decisión final sobre qué casos de violaciones de derechos humanos podían investigarse. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los presidentes habían utilizado este poder para archivar casos, permitiendo así que los responsables escaparan de la justicia.

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Un suceso histórico se llevó a cabo en el país más grande de América Latina, hace tan solo unos días.  Emitiendo una decisión en favor de la igualdad y civilitud, la Suprema Corte de Brasil (STF) reconoció por primera vez las uniones civiles entre homosexuales en la nación. 10 de los 11 jueces que integran la STF estuvieron presentes en la sentencia de los dos casos concernientes a los derechos civiles de la comunidad LGBT.  Mediante su veredicto unánime, la STF declaró que las uniones civiles entre homosexuales conllevaría exactamente los mismos derechos que los adquiridos por uniones civiles entre heterosexuales.

La Ministra Ellen Gracie senaló que “el reconocimiento que el tribunal hizo el día de hoy responde a los derechos de un grupo de personas que, por mucho tiempo, ha sido humillado, y para cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, cuya identidad ha sido negada, y cuya libertad ha sido  abrumada.”

La decisión tiene enormes implicaciones para las parejas de mismo sexo, ya que ahora tendrán acceso a los mismos derechos que las parejas heterosexuales han disfrutado durante siglos, incluyendo derechos de herencia, deducciones fiscales, adopciones e inmigración.

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