Escrito por Lory Rosenberg, directora interina de política y apoyo de Derechos de los Refugiados y Migrantes para Amnistía Internacional EEUU
La semana pasada, al menos dos empleados del estado de Utah distribuyeron una lista de 1.300 presuntos inmigrantes indocumentados. Enviaron esta lista de 29 páginas a las oficinas gubernamentales y a los medios y menciona detalles muy personales como los números de seguro social, las direcciones, y incluso las fechas de parto de mujeres embarazadas. El gobernador de Utah, Gary Herbert, dijo a John King de CNN el viernes pasado que todos los nombres en la lista son hispánicos pero no todos son inmigrantes ilegales.
Aunque Herbert lo denunció cuando dijo que “la acción de hacer público tal información privada y delicada es deplorable”, no es sólo la violación de los derechos de privacidad y el comportamiento de los empleados públicos que hace el incidente tan preocupante sino también el tratamiento de los que tienen apellidos hispánicos como personas de fuera que crea un clima de miedo y intimidación en la comunidad latina.
Como Amnistía enfatiza en el informe “A la cárcel sin justicia“, todos, sin importar su estatus migratorio, tienen los derechos fundamentales que incluyen el derecho a privacidad y el derecho a vivir sin acoso policial. El fiscal general de Utah admitió:
“Quiero dejar esto muy claro. No se les está investigando y no lo haremos (se refiere a los nombres en la lista). Alguna gente la llama ‘lista negra’, pero yo la llamo una ‘hit list’, como esas que usaron los nazis durante la segunda Guerra Mundial.”
Estoy de acuerdo. Diseñadores de políticas y oficiales tienen que entender que incidentes descarados como “list-gate” no se producen por sí mismos. Es importante considerar el incidente en el contexto político más grande de estados como Arizona donde se promulgan iniciativas severas y restrictivas sin tomar en consideración las violaciones de los derechos humanos involucradas. De hecho, nadie ha sido capaz de demostrar convincentemente cómo será posible hacer cumplir la ley de inmigración de Arizona SB1070 sin recurrir a “perfil racial”, es decir la práctica de utilizar estereotipos étnicos o raciales en lugar de la conducta individual que es una violación grave de los derechos humanos.
Sin un mandamiento judicial para prevenirlo, SB1070 entrará en vigor la próxima semana y no sólo obligará que la policía arreste y detenga a cualquier persona a la que sospecha que esté en Arizona ilegalmente, sino también empoderará a los ciudadanos a demandar a la policía si no lleva a cabo esta discriminación. Puedes enviar un mensaje a tus senadores aquí.
Cuando gobernadores y otros oficiales públicos aprueban leyes que permiten la abrogación de los derechos humanos que los oficiales son obligados a mantener, no es asombroso que los trabajadores del estado sean envalentonados a comportarse de alguna manera desmandada y discriminatoria que aterroriza la comunidad. No hay justificación para violar los derechos humanos.
